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Lente de aproximación

El agua en Chile: entre los derechos humanos y las reglas del mercado

L’eau au Chili: entre les droits de l’homme et les règles du marché
Water in Chile: inbetween human rights and the rules of market
Sara Larraín

Resúmenes

¿Cuál es el estado de los recursos hídricos en el Chile? El siguiente texto nos aporta un análisis exhaustivo de la situación del agua en el país, incorporando elementos de la legislación vigente y del uso de tales derechos por parte de los privados, principalmente del sector minero, la industria de generación hidroeléctrica y la agroindustria exportadora. La creación de un mercado del agua sobre la base de criterios meramente mercantilistas, constituye una de las consecuencias más importantes de dicha transformación en los últimos 30 años. La demanda comunitaria, expresada durante los años 90, en cuanto a un mejor control sobre el uso de los recursos hídricos, está en el centro de la reivindicación ciudadana, que exige más y mejores respuestas por parte del poder político.

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  • *  Este documento recoge la información de las publicaciones: “Agua: Dónde está y de quién es”, Progr (...)

1Chile es uno de los países privilegiados en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos de superficie a nivel mundial*, y cuenta con una de las mayores reservas de este recurso en Campos de Hielo Norte y Sur, en la zona austral. Sin embargo, este patrimonio está irregularmente distribuido en el territorio nacional, a causa de las diversas condiciones físicas y climáticas. Mientras la zona norte es sumamente árida, con una disponibilidad de recursos hídricos de menos de 500 m3/habitante/año, en la zona sur existen zonas de gran abundancia, con niveles que superan los 160.000 m3/habitante/año. Por ello es que en la zona norte los conflictos por el acceso y propiedad del agua han confrontado históricamente a las comunidades locales indígenas y campesinas con las empresas mineras. Conflictos que de no solucionarse a través de la desalinización y uso de aguas marinas para la próxima oleada de expansión minera, pueden convertirse en tensiones de carácter étnico y fronterizo con los países vecinos.

2En este contexto de tensiones de acceso estructuralmente no resueltos, y dado que el modelo de gestión del agua en Chile está centrado en criterios de asignación y transacciones de mercado, los recursos hídricos han quedado sujetos a una fuerte presión, especialmente en las zonas donde son más escasos, teniendo como resultado que la “libre competencia” entre los diferentes usos y derechos de propiedad de las aguas ha favorecido la concentración de la propiedad de éstas en el sector eléctrico, minero y exportador, considerados ‘motores’ del desarrollo nacional, en perjuicio del acceso al recurso para la mayoría de la población.

3Este desigual ejercicio de asignación y derechos ha sido favorecido por el marco jurídico establecido en el Código de Aguas, que define simultáneamente al agua como un bien nacional de uso público y como bien económico, lo que faculta su gestión según las pautas y códigos de la propiedad privada, resguardada constitucionalmente. Esta definición promueve la regulación del uso y acceso a los recursos hídricos principalmente a través del “mercado del agua”, donde prima la dinámica de la oferta y la demanda, por encima de la satisfacción de las necesidades de la población y los debidos resguardos ambientales que se requieren para asegurar la existencia de un recurso vital y escaso como el agua.

4Los derechos de agua en Chile, luego de ser concedidos por los privados, son concedidos gratuitamente y a perpetuidad, existiendo gratuidad en el mantenimiento, tenencia y uso del recurso. No existen cobros diferenciados por el uso del agua, ni impuestos específicos, ni pagos por descargas de aguas servidas, salvo en sectores urbanos e integrados a la red de alcantarillado. El pago por “no uso” de los derechos de agua que se estableció recientemente en la reforma del Código de Aguas, pretende sólo desincentivar su acumulación ociosa; por tanto si bien motivará a que se utilicen los derechos de agua acumulados en pocas manos, también multiplicará los proyectos en base a recursos hídricos para librarse del pago y acelerará las transacciones del mercado del agua, generándose una presión aún mas intensa sobre las cuencas, parte importante de las cuales no solo ha perdido su caudal ecológico, sino muchas de ellas están en franco colapso por contaminación o secamiento.

5A ello se agregan los problemas derivados de una institucionalidad dispersa, que dificulta una gestión integrada de los recursos hídricos y una adecuada fiscalización frente a los conflictos de interés por el acceso al recurso, a la contaminación y descargas de residuos, sobreexplotación y a la concentración de la propiedad, entre otros problemas.

Las políticas sobre el agua en Chile

  • 1  Art. 13 y Art. 14. Código de Aguas.

6Las políticas públicas en materia de recursos hídricos favorecen la gestión del recurso en base a criterios de mercado, si bien la legislación y las condiciones político-económicas que favorecieron esta situación fueron instaladas por el propio Estado, durante el gobierno militar, a través –entre otras medidas- de la creación del Código de Aguas en 1981. El Código de Aguas vigente creó una nueva categoría de derechos: consuntivos y no consuntivos. La diferencia entre ambos tipos de derecho es de naturaleza principalmente legal, y dice relación con la presencia o ausencia de un compromiso por parte del usuario de devolver un caudal al río. El derecho consuntivo se refiere al derecho de consumo de aguas, sin que puedan reutilizarse superficialmente1. Es el caso de los derechos solicitados para riego, minería, industria y uso doméstico. Sin embargo, siempre una fracción muy significativa de los usos consuntivos retorna al cauce, ya sea en forma localizada o difusa, lo que apareja problemas de contaminación.

  • 2  Tal fue el caso de la construcción de la Central Ralco al sur de Chile, que violó flagrantemente l (...)

7Por su parte, los derechos no consuntivos se refieren a aquellos que se solicitan para utilizar el agua sin consumirla, como es el caso de los proyectos hidroeléctricos. Estos derechos conminan a devolver las aguas a los ríos, sin perjudicar a los usuarios existentes aguas abajo. Sin embargo, la normativa es débil para fiscalizar la existencia de perjuicios a los usuarios de las partes bajas de las cuencas; y las políticas públicas han favorecido la aprobación de emprendimientos energéticos aún cuando en el caso de las represas existen daños evidentes a la comunidad y al medio ambiente2.

8En segundo lugar, el Código de Aguas define el recurso como “bien nacional de uso público” y “bien económico”, al mismo tiempo; y autoriza la privatización del Agua a través de la concesión de derechos de uso gratuitamente y a perpetuidad. El derecho de uso se otorga a los particulares según las disposiciones establecidas en el Artículo 5 del mismo Código. En la legislación chilena, dicho derecho es un bien jurídico definido como un derecho real; es decir, un derecho que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas por parte del titular, con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe el Código de Aguas (Art. 6).

9El titular que obtiene el derecho de aguas, según la legislación chilena, debe declarar dónde y cuándo usará el agua, sea para los fines primeros para los cuales solicitó los derechos de aprovechamiento o para usos alternativos posteriores, pudiendo mantener en forma indefinida dicho derecho sin utilizarlo. Desde la reforma del Código de Aguas existe un pagopor la no utilización de este derecho, pero: el Código descartó el sistema de gravámenes a los derechos de agua y no impuso otros costos o tarifas para la concesión de nuevos derechos ni para su goce en el tiempo.

10Los derechos concedidos por el Estado están amparados por las garantías constitucionales respecto del derecho de propiedad. En el artículo 24 de la Constitución Política de Chile se declara que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”. Junto con ello, el Código de Aguas separa la propiedad del agua del dominio de la tierra, permitiendo la libre compra y venta, sin proteger a las comunidades del despojo de los recursos hídricos en su territorio. En definitiva, puede decirse que el país permite la concesión gratuita de los derechos de agua, sin costos por su mantenimiento o tenencia del recurso, en su uso, y sin exigir compensaciones por la generación de efectos externos. El Código de Aguas, desde 2005, exige acreditar el uso de los derechos de agua concedidos; pero no retira el derecho por no uso de los recursos, sino que exige el pago de una patente si se acumulan derechos de agua , y estos no son utilizados.

11Por lo tanto, la redistribución del recurso se hace a través de transacciones en el mercado. Una vez concedidos los derechos de uso, el Estado no interviene más, salvo verificar que se están usando. El sistema de concesión de derechos ha favorecido a las grandes empresas y al sector exportador, en perjuicio de los derechos de la población y las comunidades de acceder a un recurso fundamental para la vida. Ello se ha traducido en una concentración progresiva de la propiedad de los recursos, problemas de acceso a la población, alzas de tarifas y agudización de los problemas de stress hídricos y destrucción irreversible de cuencas en muchas regiones donde el recurso es escaso.

La concentración de la propiedad del agua para el uso consuntivo: agricultura y minería

12La mayor parte de los derechos de agua para uso consuntivo están en manos del sector exportador, principalmente agricultura, industria de commodities y minería. El siguiente cuadro ilustra los promedios nacionales del consumo de agua.

Gráfico 1: Demanda de Uso Consuntivo
de aguas en Chile, según sectores

Gráfico 1: Demanda de Uso Consuntivo de aguas en Chile, según sectores

Fuente: Taller Nacional “Hacia un plan nacional de gestión integrada de los recursos hídricos en Chile”. CEPAL, Diciembre 2003.

13Existen variaciones significativas en estos promedios a nivel regional, dependiendo de los sectores productivos predominantes. Mientras en la I Región hay un equilibrio entre los usos doméstico, minero, industrial y agrícola, en la II y III Región el uso minero es preponderante. De la IV a la IX Región predomina el uso para riego agrícola. En la Región Metropolitana y V Región, en tanto, el uso doméstico es un poco más significativo que en las regiones vecinas. Finalmente, en la XI y XII la minería adquiere especial relevancia.

Gráfico 2: Demanda de Uso Consuntivo de Aguas en Chile,
según regiones (en %)

Gráfico 2: Demanda de Uso Consuntivo de Aguas en Chile,según regiones (en %)

Fuente: Dirección General de Aguas (DGA) 1999. Citado por Matus, Nancy, “Recursos Hídricos en Chile: Desafíos para la Sustentabilidad”. Programa Chile Sustentable, 2004.

14Cabe destacar que el consumo de agua en los distintos sectores productivos ha experimentado un crecimiento importante, cercano al 100% entre 1990 y 1999, y al 160% entre 1990 y 2002. Estos valores demuestran el nivel de presión a que están sometidas las cuencas hidrográficas. Aún cuando es difícil predecir la evolución del consumo de agua, todo hace presumir que aumentará notablemente. La concentración de la propiedad del agua en el sector energético y exportador obedece a la lógica del desarrollo económico vigente en el país, cuyas metas se orientan a obtener tasas de crecimiento económico sostenido (medido en términos de PIB), sin evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales a distintos niveles, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo.

  • 3  Las actividades mineras incluso han causado el retroceso del mar , debido al depósito sostenido de (...)

15El sector minero, por ejemplo, desarrolla sus actividades en las áridas regiones del norte del país, donde existen severos problemas de stress hídrico. El 75% de la producción minera está en manos de privados, la mayor parte de ellos empresas transnacionales, por lo que reportan escasos ingresos para el país. La minería a principios de la década consumía 3,5 millones de mt3 de agua/año, lo que ha continuado en aumento, generando también severos impactos ambientales, tales como secamiento de humedales, salares, lagunas y caudales, deterioro de ecosistemas y biodiversidad, y desertificación. Ello afectando a las comunidades locales e indígenas, destruyendo su agricultura local, su ganadería y sus economías por despojo de sus aguas y contaminación, produciendo un aumento de la migración hacia las ciudades3. También el consumo de aguas de las mineras ha sido una fuente de conflictos fronterizos con Bolivia, como en los casos de Silala y Potosí.

  • 4  La zona central agrícola tiene un índice de malformaciones congénitas superiores en más de 3 veces (...)

16Por su parte, el sector agrícola, que consume casi el 85% del agua para uso consuntivo, representa el 18,5% de las exportaciones chilenas y de ellas, la mayor parte corresponden a uvas y manzanas con destino a países de Europa y Estados Unidos. Las empresas exportadoras de frutas son en su totalidad privadas, y los impactos del monocultivo de estos productos son largos de enumerar: presión sobre los recursos hídricos y concentración de la propiedad; contaminación por uso intensivo de pesticidas, herbicidas y fertilizantes; destrucción de las economías locales y las agriculturas familiares o comunitarias; daños a la salud de los y las trabajadoras de la agroindustria (mayoritariamente mujeres, contratadas por temporada)4; etc. Además, el riego agrícola es ineficiente: alrededor del 70% a 80% del importante volumen de agua utilizada con este fin se pierde, lo que conlleva problemas de anegamientos, salinidad de los suelos, pérdida de capa arable, contaminación de los ríos y de las aguas subterráneas, etc.

La concentración de la propiedad de las empresas sanitarias

17Actualmente, la mayor demanda de agua potable se produce en la Región Metropolitana (50,5%), donde se concentra alrededor del 40% de la población nacional. Le siguen las regiones V y VIII, con un consumo de 11,7 y 8,8%, respectivamente. Estas regiones fueron las primeras afectadas por el proceso de privatización de las sanitarias desarrollado durante los gobiernos de Eduardo Frei y de Ricardo Lagos de la Concertación de Partidos por la Democracia.

  • 5  Maturana, Hugo: “Defensa del servicio del agua: una postura sindical”. En: El Derecho al Agua en e (...)
  • 6  Matus, Nancy: “La privatización y mercantilización de las aguas: normas y regulaciones que rigen a (...)

18Este proceso privatizador comenzó en Chile a fines de los ’80, con la reforma al sistema de empresas sanitarias, y en seguimiento de la receta liberalizadora de organismos financieros internacionales como el BID y el Banco Mundial. Los principios que orientaron dicha reforma fueron dos: (a) que los problemas de acceso y cobertura del agua se enfrentarán mejor si se traspasan las empresas sanitarias públicas a manos privadas, las que asegurarían una gestión más adecuada y eficiente; y (b) que para ello es necesario favorecer la competitividad y por ende, desregular el sector y eliminar las barreras de ingreso a las empresas transnacionales. La nueva legislación de las sanitarias garantizó a las empresas, entre otros elementos, una rentabilidad del 10,3% de sus utilidades5. Esta garantía pretendía asegurar la inversión y permanencia de las empresas privadas en el sector servicios de aguas. Así, entre fines de los ’80 y principios de los ’90 se creó un sistema de 13 empresas operadoras independientes -una por cada región- con carácter mercantil y mayoritariamente públicas. Mediante un régimen de concesión atendían las necesidades de agua potable y alcantarillado del 92% de la población del país6.

Tabla 1
Empresas sanitarias en Chile el primer ciclo de reformas

Región

Empresa

I

ESSAT

II

ESSAN

III

EMSSAT

IV

ESSCO

V

ESVAL

VI

ESSEL

VII

ESSAM

VIII

ESSBÍO

IX

ESSAR

X

ESSAL

XI

EMSSA

XII

ESMAG

Metropolitana

EMOS

Fuente: Bravo, Patricia, en “Agua: Dónde está y de quién es”. Programa Chile Sustentable, 2003.

19El desmembramiento del sistema sanitario nacional en estas empresas abrió el camino a su posterior privatización, al dotarlas de personalidad jurídica propia, con una gestión indirecta del Estado. Sin embargo, aún a 1995, el gran poseedor de aguas para agua potable era el Fisco, con un 50,1% del caudal disponible. Este cuadro varió en forma sustancial a partir de 1998, durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, con la venta del 40% de ESVAL a un consorcio integrado por Anglian Water (Reino Unido) y Endesa España por US$410 millones. Posteriormente, la primera de estas transnacionales le compró su parte a Endesa España y hoy posee el 50% de las acciones.

20En 1999 se transfirió el 43% de EMOS al consorcio formado por Suez Lyonnaise Deaux (Francia) -y Aguas Barcelona, filial de la anterior-, que hoy tiene el 55% del patrimonio. Se creó así una nueva empresa: Aguas Andinas. Ese mismo año se vendió el 51% de ESSAL a Iberdrola (España) y el 2000 fue entregado, como concesión, el 42% de ESSBÍO a Thames Water (Reino Unido), que actualmente posee el 51% del derecho de explotación de las aguas de la compañía. Con la privatización de esas cuatro empresas, el 73% del sistema de agua potable y alcantarillado del país quedó en manos de transnacionales. Posteriormente, el 51% de las acciones de Essel (VI Región) fue adquirido por Thames Water.

  • 7  Gebauer, Dante: “La transformación del Estado: del modelo social al liberalismo”. En: El Derecho a (...)
  • 8  Carmona, Ernesto: Los Dueños de Chile. Ediciones La Huella. Santiago, Chile. 2002.

21Los procesos de privatización se desarrollaron sin consulta a la ciudadanía y desconociendo pronunciamientos masivos, como el que hubo en la VIII Región, donde el 99,09% de 136.783 usuarios de ESSBÍO se pronunciaron en contra de su privatización. En definitiva, al año 2002 el sector privado y más específicamente, los consorcios transnacionales, eran propietario del 83% de las empresas sanitarias7. Las principales empresas que están controlando este mercado del agua en Chile son Suez Lyonnaise Deaux, Thames Water y Anglian Water. En 2002, ya en el gobierno de Ricardo Lagos, las empresas Essam (VII región) y Essar (IX región) también estaban en proceso de privatización bajo la figura de concesiones a 30 ó 35 años prorrogables. Pero la licitación de Essam fracasó porque sólo concurrió Thames Water (dueña de Essbío y Essel): y la licitación de Essar fue declarada desierta8.

Gráfico 4: Propiedad de los derechos de agua en Chile para consumo humano 1995-2002

Gráfico 4: Propiedad de los derechos de agua en Chile para consumo humano 1995-2002

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Matus, Nancy (1998) y Gebauer, Dante (2002).

22Posteriormente también, entre 2003 y Agosto de 2004 se concretó el traspaso de las empresas de la I a la IV regiones; como también las empresas de la XI y la XII regiones. Estas sanitarias fueron adquiridas por consorcios nacionales como el Grupo Luksic (dueño a su vez de empresas mineras, vitivinícolas, pesqueras, agrícolas, financieras y otras); el grupo Solari (dueño de una de las grandes consorcios comerciales y financieros del país) y Consorcio Financiero. Es decir, las sanitarias fueron traspasadas a grandes consorcios nacionales, manteniendo la lógica libremercadista y concentradora de la propiedad. Este proceso ha significado casi el 100% de las empresas sanitarias privatizadas, al año 2004.

Tabla 2: Principales beneficiarios por la privatización de las empresas sanitarias

Región

Empresa (*)

Consorcio o nueva empresa

I

ESSAT

“Aguas Altiplano”, controlado por el Grupo Solari (Chile)

II

ESSAN

“Aguas de Antofagasta”, controlado por Grupo Luksic (Chile)

III

EMMSAT

“Aguas Norte Grande”, controlada por Consorcio Icafal, Hidrosan y Vecta

IV

ESSCO

Controlada por “Consorcio Financiero” de Vicuña y León (Chile)

V

ESVAL

Anglian Water (Reino Unido) y Consorcio Financiero (Chile)

VI

ESSEL

Thames Water (Reino Unido) y Electricidade (Portugal)

VII

ESSAM

“Aguas Nuevo Sur Maule”, controlada por Thames Water (Reino Unido)

VIII

ESSBÍO

Thames Water (Reino Unido)

IX

ESSAR

Grupo Solari (Chile)

X

ESSAL

Iberdola (España); y “Aguas Décima” en la provincia de Valdivia, controlada por Suez Lyonesse y Aguas Barcelona

XI

EMSSA

Consorcio Icafal, Hidrosan y Vecta

XII

ESMAG

“Aguas Magallanes”, controlado por el Grupo Solari (Chile)

Metropolitana de Santiago

EMOS

“Aguas Andinas”, controlado por Suez Lyonnaise Deaux (Francia) y Aguas Barcelona (España)

Fuente: Programa Chile Sustentable, en base a datos de las empresas respectivas en sus sitios web; reportajes del Diario Financiero («http://www.estrategia.cl» www.estrategia.cl) e información recoplilada por Matus, Nancy, en “Recursos Hídricos en Chile: desafíos para la sustentabilidad”, según datos de CEPAL, 2000.

La concentración de la propiedad del agua para usos no consuntivos

23En el caso de los derechos de agua para uso no consuntivo de aguas, los que se orientan principalmente para la generación de electricidad, la propiedad se ha concentrado en una sola gran empresa transnacional española. De acuerdo a la Dirección General de Aguas-a (DGA 1999), la empresa ENDESA es la mayor poseedora de derechos de aguas para uso no consuntivo. Dispone de un caudal de 6.256 mt3/seg, equivalente al 80,4 % del total de derechos de aprovechamiento para uso no consuntivo.

24En 1993, según cifras de la DGA, el país sólo estaba haciendo uso de aproximadamente 70 derechos de aprovechamiento no consuntivo, aunque se habían concedido otros 120, que estaban sin utilización, y 240 derechos se encontraban en trámite. En el área de la generación hidroeléctrica, las plantas de Endesa equivalen al ........% de la capacidad instalada que sostiene el Sistema Interconectado Central (SIC), que abastece de energía eléctrica al 92,4% de la población del país desde Taltal (III Región) hasta la Isla Grande de Chiloé (X Región). Evidentemente, esto constituye una forma de monopolio del sector, en lo que a generación de hidroelectricidad se refiere, y que equivale a más del 50% de la generación de electricidad en el país.

Consecuencias directas del régimen de mercado de aguas para la población

25Además de los impactos que afectan a las poblaciones y comunidades locales, la concentración de la propiedad de las aguas en pocas manos, ha hecho mas crítico y conflictivo el uso acceso al agua para consumo humano, debido a las fuertes alzas de tarifas que significó la privatización de las empresas sanitarias.

26Según las cifras recopiladas por organismos no gubernamentales en Chile, y en particular de la organización de consumidores ODECU, existen diferencias de hasta 400% entre las tarifas de agua a lo largo del país, concentrándose las mayores alzas en la zona centro-norte. Una consecuencia directa de estas alzas ha sido la reducción del consumo de agua potable, no por una mayor eficiencia en el uso del recurso, sino debido a que los hogares no cuentan con los ingresos suficientes para pagar su consumo normal de agua potable.

27La evidencia muestra que la participación del sector privado no ha significado un mejoramiento de la cobertura ni del acceso a los recursos hídricos para la población. Los usuarios pagan además, el 100% del costo del tratamiento de aguas cloacales, lo que constituye una fuente de ingresos permanentes adicionales para las empresas, muy superiores a la inversión inicial. Para resolver el problema de acceso a los servicios sanitarios en los sectores de menores ingresos, el Estado otorga un subsidio directo a las familias para el pago de ellos, lo que constituye una forma de subvención indirecta para las empresas. A esto se agrega la pérdida de empleos del sector, como lo vemos en el siguiente gráfico:

Problemas y desafíos de la gestión de las aguas en Chile y la región Latinoamericana

28El proceso de mercantilización de las aguas en Chile ha vulnerado el acceso de las personas a un derecho básico, definido constitucionalmente como bien nacional de uso público, y generando severos daños en las comunidades y los ecosistemas. Los principales problemas que ha aparejado el proceso de privatización han sido:

• Concentración y desnacionalización de la propiedad:

-Más del 90% de las empresas sanitarias en manos privadas y transnacionales al año 2004;

-84,6% del uso consuntivo de agua en el sector agrícola;

-81% del uso no consuntivo de agua en manos de ENDESA- España.

• El sistema tarifario del agua en Chile es el más caro de la región, según cifras de CEPAL (2003)

• La privatización de los derechos de agua y de las empresas sanitarias no se traduce en mayor eficiencia de su uso, ni mejor calidad, cobertura o acceso para la población.

• El Estado subsidia a las empresas sanitarias, al asegurarles un 10,3% de rentabilidad y a través de subsidios a los hogares de menores ingresos para cubrir el pago de tarifas.

• Se ha producido una paulatina pérdida de derechos en la mayoría de la población y despojo de campesinos, agricultores e indígenas

• Pérdida de control público y gobernabilidad

• Aumento de conflictos locales, nacionales y transfronterizos.

29Para revertir esta situación, se requeriría una reforma sustantiva en la legislación y en la orientación de las políticas públicas vigentes sobre aguas en Chile para favorecer las necesidades de la población por sobre los intereses de las empresas. Sin embargo, la reforma al Código de Aguas al menos implementó un sistema de pago de patentes por no uso de los recursos concedidos, desincentivando así el acaparamiento de los derechos de agua. A ello se agrega la dispersión de los organismos públicos vinculados al manejo de las aguas en diversas reparticiones públicas, lo que obstaculiza una política integral del recurso y la adecuada fiscalización de su manejo. Además, el país no cuenta en sus políticas públicas con espacios de participación ciudadana real, con incidencia efectiva sobre las decisiones públicas, dejando a las asociaciones de usuarios y a la población en general sin herramientas para participar de las políticas de gestión del agua y para defender el interés público frente a las grandes empresas del sector.

30La experiencia chilena, es una clara muestra de la importancia de que los países resguarden el derecho al agua como un recurso básico para la vida, y eviten las políticas que conducen a su mercantilización y privatización. Incluir las concepciones y derechos de los pueblos originarios y la participación de la sociedad civil en su conjunto son fundamentales para la re-orientación de las políticas de agua en nuestra región, re-definiendo este recurso como un derecho humano básico y un bien colectivo, fundamental para la vida de las personas y del planeta; y por lo tanto, inalienable y no mercantilizable.

31Chile, al igual que los países de la región latinoamericana, requiere contrarrestar la tendencia privatizadora de la propiedad y manejo de los recursos hídricos, avanzando hacia una política de manejo sustentable del agua, que tenga en consideración elementos de sustentabilidad política (participación de la comunidad en las decisiones), social (equidad en la cobertura y acceso para las personas y las comunidades), económica (recuperación de la soberanía sobre el agua y sus servicios derivados, costos accesibles, eficiencia) y ambiental (protección y resguardo de las cuencas, los ecosistemas y las aguas superficiales y subterráneas

32Estas, entre otras consideraciones, permitirían avanzar hacia una gestión del agua que valore el recurso en su calidad de bien colectivo, básico para la vida de las personas y los ecosistemas, y al mismo tiempo estructurar formas de gestión integral, democrática y ambientalmente sustentable de las cuencas y sus recursos hídricos.

Disputa por el agua en el escenario global

33En el plano internacional, también es fundamental que los países y sus gobiernos mantengan una clara oposición a la inclusión del agua y de los servicios de agua potable y saneamiento en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio y particularmente fuera de las negociaciones sobre servicios (conocidas como General Agreements on Trade on Services -GATS), donde una de las principales aspiraciones es incluir los servicios sanitarios, redes de alcantarillado y tratamiento de aguas, como objeto de mercado, con el fin de masificar el acceso del capital privado a este sensible sector y su privatización en los países miembros.

34La liberalización de los servicios en el ámbito de la OMC, significa eliminar todo lo que se considera “obstáculos” para la mercantilización, consistentes en las normativas nacionales y regulaciones que protegen los intereses de las personas y de las comunidades en el acceso a servicios básicos, por sobre los intereses de las empresas para su comercialización. Además, la OMC busca restringir las normas nacionales, para facilitar el ingreso del sector privado extranjero al área servicios, lo que significaría una severa vulneración a la soberanía de los pueblos sobre sus recursos básicos y bienes colectivos, además de poner en riesgo el derecho de las personas a recursos básicos para la vida, como el agua.

35A comienzos del siglo XXI ya se perfiló el agua como un relevante factor de disputas locales e internacionales, a causa de la escasez hídrica; los crecientes problemas de accesibilidad para poblaciones pobres; la desnacionalización y transnacionalización de la propiedad y la gestión de este recurso; la intervención de instituciones financieras internacionales en los marcos regulatorios para la privatización del agua, y finalmente, la inclusión de este vital recurso en las negociaciones internacionales de comercio e inversiones, a través del área de los servicios en la Organización Mundial del Comercio (OMC, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y algunos pactos bilaterales como el reciente, entre Chile y EE.UU. o entre Chile y la Unión Europea; Chile y Surcorea.

36El tránsito desde la concepción del agua como un derecho esencial de las personas y un bien social, hacia un concepto de ‘bien económico’ y mercancía que puede ser comprada o vendida, está consignado en varios documentos del sector financiero. Esta visión fue conocida en el escenario político en la Conferencia de Dublín sobre Agua y medio Ambiente, en 2002, y en esa ocasión se estableció que el manejo de los recursos hídricos requiere la formalización y clarificación de la propiedad por parte de los Estados; la implementación del costo total de los servicios de aguas para mejorar la eficiencia del servicio y la generación de recursos para la re-inversión. También se consideró entre estos ítemes la inclusión del valor económico del agua en la políticas nacionales, estableciendo a partir de 2005 mecanismos de fijación de precios en base al costo total para el año 2025.

37Teniendo esto como referencia, y a pesar de los fracasos de la fórmula en muchos países en desarrollo, el Banco Mundial prosigue en su defensa de que la privatización y la fijación de tarifas en base a costos totales son la vía para expandir el acceso al agua limpia y al saneamiento para toda la población. Sin embargo el Banco no incluye los factores de lucro del sector privado como una limitante para el logro del acceso universal al agua y al saneamiento. En la actualidad, los sistemas más masificados de privatización de las aguas, en cuanto a su distribución y tratamiento, contemplan modelos de propiedad y gestión a través de 4 modalidades:

1. Contrato a empresas privadas para el manejo de los servicios de agua potable y saneamiento bajo un pago de administración. Esta modalidad se da en muchos países y particularmente en el Reino Unido.

2. Concesiones de muy largo plazo que han privatizado los servicios de agua y la acumulación de las ganancias. Esta modalidad se ha aplicado en países como Francia y se ha masificado en todo el orbe.

3. Privatización del dominio del agua, a través de la adjudicación perpetua de derechos de aprovechamiento de los recursos hídricos.

4. Privatización de los derechos de agua y del sistema de distribución y tratamiento. Este sistema de privatización total de la propiedad y gestión del agua ha sido aplicado en Chile, aun cuando no se ha masificado a nivel planetario.

38Pese al régimen económico ‘recomendado’ por las instituciones financieras, la mayor parte de los servicios de agua potable e irrigación del planeta permanecen en manos de la gestión pública. Sólo el 10 por ciento de los servicios de las grandes ciudades ha sido privatizado. En Iberoamérica, este es el caso de Santiago, Ciudad de México y Buenos Aires, aunque en Argentina, la administración de Néstor Kirchner ha anunciado la re-estatización del servicio, tras comprobarse cobros excesivos y mala calidad del agua potable. Para acelerar la implementación de estrategias de privatización de este sector, el Banco Mundial ha impulsado una serie de mecanismos directos o indirectos, entre los que destaca el Plan de Acción para la Infraestructura (de julio de 2003), que considera el agua como elemento central del crecimiento económico de los países: y el Plan de Inversiones y Drenaje de la estrategia para la Agricultura y Seguridad Alimentaria. Con estos se persigue el fomento de la participación de privados en proyectos de infraestructura y la creación de nuevos megaproyectos en el ámbito de los servicio sanitarios, obras de riego, etcétera.

39En el ámbito de los servicio de agua para la agricultura, el Banco Mundial justifica su estrategia privatizadora al aducir que el problema de acceso a los recursos hídricos radica en la mala administración de éstos y la falta de capacidades y medios financieros, marco en el que la agricultura destaca como un sector que consume irresponsablemente gran cantidad de recursos. La regulación mercantil de los servicios de agua en la agricultura conduce principalmente a la concentración en manos de grandes empresarios, dando cabida a la consolidación y predominancia de la agroindustria exportadora, en desmedro de la agricultura tradicional, orientada al consumo interno. Además, la agroindustria se basa en la producción de cultivos de alta rentabilidad en el corto plazo, concentrando los beneficios en el sector empresarial y externalizando los costos ambientales y sociales.

40Respecto de los megaproyectos hidroeléctricos, las represas han enfrentado problemas para su financiamiento a través del Banco Mundial, a causa de la oposición de comunidades locales, agricultores e indígenas que pierden sus territorios y son forzosamente desplazados. Sin embargo, el banco ha re-instalado el tema en la discusión internacional al argumentar que si bien los diques pueden ser considerados de “alto riesgo”, también reportan “grandes servicios”, si se atiende al agua como recurso renovable y como mecanismo de desarrollo limpio. Este argumento omite las graves consecuencias ambientales y sociales que provocan la construcción de mega-represas.

Las metas del milenio y los apetitos del mercado

41La liberalización de los servicios vinculados al agua, puesta como condición para la cooperación financiera internacional y en las negociaciones de servicios de la Organización Mundial del Comercio, se han presentado también como alternativas para alcanzar los objetivos establecidos en las Metas del Milenio, en cuanto a asegurar el acceso del 50 % de los pobres al agua limpia en 2015. Los objetivos del Milenio, ratificados por todos los países convocados en la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas en 2000, implican dar acceso al agua potable a 280 mil personas por día y servicios de saneamiento a 384 mil por día durante los próximos 15 años, la mayoría de ellos en sectores rurales y pobres de grandes ciudades.

42Los mecanismos recomendados para incrementar la inversión en los servicios de agua, que permitan esta meta, se fundamentan en el informe Camdessus, que lleva su nombre por uno de sus autores, Michel Camdessus, ex director del Fondo Monetario Internacional, director honorario del Banco de Francia y reconocido lobbista de la industria del agua. Según este informe, los proyectos a gran escala y la participación de privados son las principales herramientas para resolver los problemas del sector. Sin embargo, la reiterada promoción del sector privado como actor fundamental para las inversiones en servicios de agua no tiene sustento si se observan las cifras. En contraste con los 3 mil millones de dólares destinados por la Cooperación al Desarrollo, el empresariado aporta apenas un 5% del flujo mundial de fondos de inversión en la materia.

43Aun cuando el sector público sigue siendo la principal fuente de financiamiento en materia de recursos hídricos, los instrumentos internacionales de ayuda al sector están orientados a fomentar la participación del sector privado y no para mejorar los suministros públicos. En paralelo, apenas el 12 por ciento de los fondos destinados a enfrentar el problema del acceso a recursos hídricos fueron destinados a países con menos del 60 por ciento de cobertura del agua en la población. La ayuda internacional se ha restringido crecientemente para enfrentar estos desafíos, hasta tal punto que actualmente 2/3 de la cooperación se ha concentrado solo en unos 10 países.

44Los países más activos en la discusión internacional sobre recursos hídricos reconocen que los principales desafíos para la humanidad en esta materia son fundamentalmente tres:

1. Los problemas de disponibilidad y calidad: En la actualidad, un 20 por ciento de la población mundial carece del agua necesaria para una vida saludable y las tendencias indican que este problema se agravará para 2025, cuando se proyecta que esta carencia afectará al 30 por ciento de la población.

2. Los problemas de acceso: 1.100 millones de personas no tienen acceso al agua potable; otros 2.500 millones carecen de sanidad; y anualmente, 5 millones de personas mueren por enfermedades asociadas a las aguas contaminadas. En el trasfondo de la creciente privatización y concentración de la propiedad de las aguas y servicios relacionados (con el subsecuente encarecimiento de los mismos) este problema podría agravarse.

3. Los problemas de conservación: A causa de la contaminación y uso ineficiente de los recursos hídricos enfrentamos la degradación generalizada de los ecosistemas terrestres y de los sistemas hidrológicos, como también crecientes procesos de desertificación, todo lo cual reduce significativamente la disponibilidad de las aguas a nivel planetario en el corto, mediano y largo plazo.

45Al año 2000, en todos los ámbitos de discusión política sobre estos temas ha existido una fuerte confrontación entre las entidades financieras y empresariales y la sociedad civil. Frente al proceso del Foro Mundial del Agua , excesivamente influido por el sector privado por ejemplo, se ha establecido el Foro Alternativo del Agua, y frente a las negociaciones sobre servicios en el contexto de la OMC, se ha establecido una articulada campaña contra la liberalización de los servicios de agua.

46El Foro Mundial del Agua está liderado por el Consejo Mundial del Agua (World Water Council) creado en 1996 para intercambiar visiones, ideas y experiencias sobre los recursos hídricos. En este foro participan varias organizaciones financieras internacionales a través de la Asociación Global del Agua, para apoyar un “manejo integrado de recursos hídricos” con mayor participación del sector privado en los países en desarrollo, y responder a las prioridades de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional . El Foro Mundial del Agua también ha dado espacio a prioridades o agendas de organizaciones no gubernamentales internacionales cercanas a las grandes empresas del agua, tales como la Asociación Privada Internacional del Agua, el Foro Europeo de Servicios y la Coalición de Industrias de Servicios de Estados Unidos.

Organizaciones de la sociedad civil y Foro Alternativo del Agua

47Contradiciendo la agenda privatizadora, múltiples agrupaciones ciudadanas, de científicos, organizaciones no gubernamentales (ONG) del mundo ecologista, asociaciones vinculadas a desarrollo humano, agricultura y gobiernos locales, han conformado en el escenario internacional el denominado Foro Alternativo del Agua, que se consolidó en el proceso preparatorio del foro oficial de Kyoto, Japón. Estas organizaciones se articularon con las redes de monitoreo de las negociaciones sobre los Servicios (GATS) en la Organización Mundial del Comercio, y el Área de Libre Comercio de Las Américas. Las instituciones, redes y alianzas del Foro Alternativo también han ganado influencia en el Foro del Agua con su posición centrada en 4 postulados:

1. El agua es patrimonio común de la humanidad y la naturaleza y por tanto debe mantenerse como bien común, y su acceso y uso público.

2. El agua es un bien esencial para el mantenimiento de la vida y por tanto constituye un derecho humano. Por ello es preciso que se proteja su calidad y disponibilidad para las comunidades humanas y para la conservación de los ecosistemas.

3. El agua no es una mercancía, sino un bien de uso y servicio publico; por tanto no debe ser privatizada, ni dejada al arbitrio de especulaciones del mercado, o los afanes de lucro.

4. El agua debe ser excluida como objeto del sector de bienes, servicios e inversiones de la OMC o de los acuerdos de comercio e inversión.

48En base a estos postulados, el Foro Alternativo critica la “Visión Mundial del Agua” pues este sostiene: a) un modelo de propiedad y manejo que cede el control de los recursos hídricos al sector empresarial y al mercado; b) prioriza el uso industrial y productivo en desmedro de los derechos de subsistencia de las comunidades locales y la preservación de los ecosistemas.; c) promueve modelos tecnológicos que concentran poder y control sobre la seguridad alimentaria, tales como la expansión de la agroindustria transgénica como vía para el uso eficiente de los recursos hídricos.

49Esta confrontación entre la perspectiva del Foro Alternativo y la visión del Foro Mundial del Agua en Kyoto y las posteriores reuniones en Sao Paulo, New York y Delhi, consolidaron un plan de acción ciudadano internacional centrado en:

-Detener los procesos de privatización del agua a nivel planetario.

-Avanzar hacia la generación de marcos jurídicos y regulatorios que aseguren la propiedad comunitaria y pública del agua y su gestión democrática.

-Asegurar el diseño de planes de gestión y manejo integrado de cuencas, para facilitar el acceso equitativo al agua y la conservación de los ecosistemas.

-Avanzar hacia una Convención Internacional que defina y establezca un estatus jurídico del agua como un bien común y patrimonio de la humanidad.

50En América Latina la alianza de organizaciones ciudadanas en defensa del agua se congregan en San Salvador en 2003 y constituyen, en base a estos principios, la Red Vida, la cual señala en parte que “expresamos el rechazo a los procesos de privatización de los recursos hídricos y servicios públicos de agua en nuestros países y en la región, y denunciamos que estos procesos están siendo impulsados, financiados y facilitados por el conjunto integrado de las corporaciones transnacionales, organismos financieros internacionales, organismos multilaterales de comercio y por gobiernos nacionales.”

51La declaración de San Salvador establece que las políticas privatizadoras de los recursos hídricos iniciadas por diversos países como Chile «tienen profundas implicaciones y efectos negativos sobre el medio ambiente, la salud, la soberanía, la economía y la dignidad de nuestros pueblos”. Por tal motivo, demandan una gestión de los recursos hídricos basada en principios democráticos fundamentales, como la justicia social, la sustentabilidad y la universalidad”.

DECLARACION DE SAN SALVADOR 2003 (extracto)

El agua es un bien público y un derecho humano fundamental e inalienable, que debe ser protegido y promovido por todas las personas que habitamos en el planeta, por la comunidades y las naciones.

*El agua no es una mercancía y ninguna persona o entidad tiene derecho de enriquecerse con ella; por consiguiente, el agua no debe ser privatizada, comercializada ni explotada.

*Conservar la calidad del agua es responsabilidad universal. El agua debe ser protegida de todas las actividades humanas contaminantes, especialmente de la minería, los procesos industriales y agroindustriales. Es imperativa la protección de los sistemas ecológicos y el manejo integral del recurso, de manera que garanticen el derecho a un ambiente saludable.

*El agua debe ser totalmente excluida de las negociaciones de la OMC, el ALCA y los tratados de libre comercio, y no debe ser considerada como material de “bienes”, servicios” o “inversiones” en ningún acuerdo internacional, regional o bilateral. Por eso, denunciamos, rechazamos y nos movilizamos en contra de la pretensión de incluir su tratamiento en la Cumbre de la OMC.

*Se están implementando proyectos de desarrollo en agua a gran escala, como las mega-represas, que no son ecológica ni socialmente sostenibles. Por tanto, deben buscarse alternativas que respeten los derechos de las personas y las comunidades, que promuevan y protejan el medio ambiente y que se desarrollen con plena participación social.

*Reconociendo la inequidad entre hombres y mujeres en el acceso, manejo y derechos en relación con los recursos hídricos y agua potable, se debe desarrollar una política y prácticas que eliminen tales inequidades.

*Un futuro con disponibilidad segura de agua depende del reconocimiento, respeto y protección de los derechos de las poblaciones indígenas, campesinas y pesqueras, y de sus conocimientos tradicionales.

*Rechazamos la estrategia impulsada por organismos financieros internacionales, organismos multilaterales de comercio y por gobiernos nacionales, entre otros, dirigida a que los estados desatiendan su obligación de brindar de manera eficiente los diversos servicios de agua.

*Demandamos que los sistemas públicos de agua sean protegidos, revitalizados y reforzados para que mejoren su nivel de calidad y eficiencia. En todos ellos debe asegurarse la participación de los trabajadores(as) y de la comunidad, de manera que se democratice el proceso de toma de decisiones, y se asegure la transparencia y la rendición de cuentas a través de un control social.

*En el caso de los sistemas comunales de agua, urbanos y rurales, deben formularse e implementarse políticas públicas que apoyen el desarrollo y sostenibilidad económica, social y ambiental de tales proyectos, respetando la autonomía y los derechos de las comunidades.

*rechazamos los condicionamientos que imponen los organismos financieros internacionales para otorgar préstamos dirigidos a la gestión del agua, violando la soberanía de nuestros pueblos.

52En el ámbito nacional en la región, el movimiento ciudadano ha registrado grandes avances en esta agenda logrando desacelerar el proceso de mercantilización de los recursos hídricos, y más aún, en algunos países, revertir los procesos de privatización. Entre estas experiencias cabe destacar el caso de Bolivia, donde a partir del Movimiento por el agua y la Vida de Cochabamba se logró iniciar un proceso de cuestionamiento de la eficiencia privada en los servicios de agua, y finalmente una recuperación de la soberanía sobre los recursos hídricos. En el caso de Argentina el inicio de un proceso de recreación del sistema público de los servicios de agua desarrollado por el gobierno de Kirchner, y el proceso plebiscitario y la recuperación del estatus legal del agua como un derecho y bien común a nivel constitucional en Uruguay.

53En el caso particular de nuestro país, el movimiento ciudadano por los derechos al agua estuvo inicialmente desarrollado por las organizaciones indígenas, despojadas de sus derechos a la tierra y el agua y por las organizaciones ambientalistas, durante los ‘90. Sin embargo en la presente década estos sectores han sido reforzados por un masivo movimiento ciudadano constituido por organizaciones de consumidores, comunidades locales afectadas por proyectos energéticos, mineros y plantas de tratamiento, organizaciones de agricultores que desean mantener la calidad y disponibilidad de las aguas en las cuencas, y organizaciones de agua potable rural que se niegan a que sus asociaciones de agua sean privatizadas. Conflictos como los de la central Ralco y el megaproyecto hidroeléctrico de Aysén, propiedad del principal monopolio de los derechos de agua en Chile; la contaminación de las aguas del río Cruces y del Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter por la empresa Celco, una de las más grandes del sector celulosa a nivel mundial, y su insistencia en desarrollar con la misma tecnología un complejo similar en el valle del río Itata; y finalmente la amenaza a los glaciares y aguas del valle del Huasco por la transnacional minera Barrick Gold Corporation, constituyen hitos que han reagrupado a los movimientos ciudadanos a nivel nacional y local y generado un nuevo impulso a la Agenda de demandas por el agua.

Algunos de las demandas hacia la política pública sobre los recursos hídricos, largamente expresadas por la ciudadanía en Chile desde inicios de los 90 consideran:

1 Asegurar constitucionalmente la soberanía nacional y los derechos locales sobre el uso y manejo del agua, impidiendo su enajenación y la mercantilización de los servicios relacionados.

1. Priorizar el uso de agua con fines benéficos para la mayoría de la población, en vez de los usos privados del recurso con fines comerciales, que sólo benefician a grandes empresas nacionales y transnacionales (como por ejemplo, el uso del agua en el sector eléctrico y minero).

2. Proteger y preservar los glaciares y otras reservas de agua dulce que alimentan las cuencas hidrográficas.

3. Proteger y conservar la cobertura vegetal de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas fluviales, asegurando su preservación.

4. Establecer en cada cuenca caudales ecológicos y normas de calidad de las aguas que garanticen el mantenimiento de los ecosistemas asociados y los servicios ambientales que proveen.

5. Asegurar el acceso al agua en forma oportuna, equitativa y libre de riesgos a toda la población y las comunidades.

6. Considerar las demandas futuras del agua en planes, proyectos y/o programas.

7. Información pública sobre el estado actual y la disponibilidad de las aguas superficiales y subterráneas.

8. Formalizar y crear espacios de información y participación pública en las decisiones sobre el agua.

9. Implementar una política de manejo integrado de cuencas.

10. Crear mecanismos de evaluación participativa sobre los impactos ambientales, sociales y económicos de planes, políticas y programas de manejo del agua.

12 Fiscalizar el uso y tenencia de los derechos de aguas, con criterios de sustentabilidad ambiental, equidad en el acceso y eficiencia en el uso.

54Actualmente en Chile, luego de una reforma parcial y meramente correctiva del Código de Aguas que permitió introducir la obligación de justificar las nuevas solicitudes de derechos de agua; introducir el mecanismo de «pago por no uso» que desincentiva el acaparamiento pero que es insuficiente para recuperar la renta de los bienes públicos; y establecer «caudales ecológicos», el gobierno enfrenta nuevos conflictos. Estos expresan claros desafíos para la gobernabilidad democrática relacionada a este recurso, lo cual ha llevado a incluir en el programa del nuevo gobierno el diseño de una Estrategia Integral de Cuencas, con el objetivo de permitir un equilibrio y equidad en el acceso; los usos múltiples del agua; la conservación de las cuencas, y la provisión de servicios sociales, económicos y ambientales.

55Con esta propuesta, el Estado llega retrasado a un escenario donde los niveles de conflictividad no sólo confrontan a las comunidades y las empresas; y a los ecologistas frente a los agentes que lucran de la destrucción de las cuencas; sino que está enfrentando a los sectores económicos entre sí por el uso del agua y los servicios ambientales de las cuencas. Sin embargo si en este proceso logra poner una plataforma de ordenamiento territorial estratégico y de equidad en el uso del territorio y los recursos, sin duda podrá construir, no sin dificultades, un camino de restauración de la crisis de gobernabilidad ambiental y política en que se encuentra la gestión del agua en Chile.

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Bibliografía

Bravo, Patricia (2003) Agua: Dónde está y de quién es, Programa Chile Sustentable, Santiago.

Carmona, Ernesto (2002) Los Dueños de Chile, Ediciones La Huella. Santiago.

CEPAL (2003) Taller Nacional Hacia un plan nacional de gestión integrada de los recursos hídricos en Chile, CEPAL, Santiago.

Gebauer, Dante (2002) “La transformación del Estado: del modelo social al liberalismo”, en El Derecho al Agua en el Sur de las Américas, Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable (ACJR), Santiago.

Maturana, Hugo (2002), “Defensa del servicio del agua: una postura sindical”, en El Derecho al Agua en el Sur de las Américas, Alianza Chilena por un Comercio Justo, Ético y Responsable (ACJR). Santiago.

Matus, Nancy (2002) “La privatización y mercantilización de las aguas: normas y regulaciones que rigen al sector Sanitario. Dificultades y desafíos”, en El Derecho al Agua en el Sur de las Américas, Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable (ACJR).

-Idem (2004) Recursos Hídricos en Chile: Desafíos para la Sustentabilidad, Programa Chile Sustentable.

Programa Chile Sustentable (2003) Agua: Dónde está y de quién es, Santiago.

Idem (2004) Recursos Hídricos en Chile: Desafíos para la Sustentabilidad, Santiago.

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Notas

*  Este documento recoge la información de las publicaciones: “Agua: Dónde está y de quién es”, Programa Chile Sustentable, 2003; y “Recursos Hídricos en Chile: Desafíos para la Sustentabilidad” Programa Chile Sustentable, 2004.

1  Art. 13 y Art. 14. Código de Aguas.

2  Tal fue el caso de la construcción de la Central Ralco al sur de Chile, que violó flagrantemente la Ley Indígena nacional y las disposiciones internacionales relacionadas con los derechos de los pueblos, arrasando con tierras ancestrales, cementerios y otros recursos propios del patrimonio natural y cultural del pueblo mapuche. El gobierno chileno priorizó la Ley eléctrica nacional y los intereses de la empresa involucrada (Endesa España), en el marco de una política energética también carente de elementos de sustentabilidad ambiental, social y política.

3  Las actividades mineras incluso han causado el retroceso del mar , debido al depósito sostenido de relaves mineros sin tratamiento adecuado, como ha ocurrido en la ciudad de Chañaral, III región de Chile («http://www.desastreecologico.cl» www.desastreecologico.cl).

4  La zona central agrícola tiene un índice de malformaciones congénitas superiores en más de 3 veces al promedio nacional, debido principalmente a la exposición de los padres a los agrotóxicos usados en la agricultura intensiva.

5  Maturana, Hugo: “Defensa del servicio del agua: una postura sindical”. En: El Derecho al Agua en el Sur de las Américas, Alianza Chilena por un Comercio Justo, Ético y Responsable (ACJR). Santiago de Chile, 2002. Citado por Bravo, Patricia, en “Agua: Dónde está y de quién es”. Programa Chile Sustentable, 2003.

6  Matus, Nancy: “La privatización y mercantilización de las aguas: normas y regulaciones que rigen al sector Sanitario. Dificultades y desafíos”. En: El Derecho al Agua en el Sur de las Américas, Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable (ACJR), 2002.

7  Gebauer, Dante: “La transformación del Estado: del modelo social al liberalismo”. En: El Derecho al Agua en el Sur de las Américas, Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable (ACJR). Santiago de Chile, 2002.

8  Carmona, Ernesto: Los Dueños de Chile. Ediciones La Huella. Santiago, Chile. 2002.

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Índice de ilustraciones

Título Gráfico 1: Demanda de Uso Consuntivo de aguas en Chile, según sectores
Leyenda Fuente: Taller Nacional “Hacia un plan nacional de gestión integrada de los recursos hídricos en Chile”. CEPAL, Diciembre 2003.
URL http://polis.revues.org/docannexe/image/5091/img-1.jpg
Ficheros image/jpeg, 32k
Título Gráfico 2: Demanda de Uso Consuntivo de Aguas en Chile,según regiones (en %)
Leyenda Fuente: Dirección General de Aguas (DGA) 1999. Citado por Matus, Nancy, “Recursos Hídricos en Chile: Desafíos para la Sustentabilidad”. Programa Chile Sustentable, 2004.
URL http://polis.revues.org/docannexe/image/5091/img-2.jpg
Ficheros image/jpeg, 68k
Título Gráfico 4: Propiedad de los derechos de agua en Chile para consumo humano 1995-2002
Leyenda Fuente: Elaboración propia en base a datos de Matus, Nancy (1998) y Gebauer, Dante (2002).
URL http://polis.revues.org/docannexe/image/5091/img-3.jpg
Ficheros image/jpeg, 44k
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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Sara Larraín, « El agua en Chile: entre los derechos humanos y las reglas del mercado », Polis [En línea], 14 | 2006, Publicado el 11 agosto 2012, consultado el 29 mayo 2016. URL : http://polis.revues.org/5091

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Autor

Sara Larraín

Dirigente ecologista, ex-candidata presidencial y miembro del Programa Chile Sustentable.

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Derechos de autor

© Polis

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