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Lente de aproximación

Las perspectivas del comercio justo ante una globalización asimétrica y con crecientes desigualdades sociales

Les perspectives du commerce équitable face à la mondialisation asymétrique et aux inégalités sociales croissantes
The prospects of fair trade in the context of an asymmetric globalization with increasing social inequalities
Roberto P. Guimarães

Resúmenes

El desafío más importante que enfrenta la humanidad en el nuevo milenio está puesto en la calidad del crecimiento económico (i.e., el aumento en los niveles de bienestar social y la reducción de desigualdades socioeconómicas), mucho más que su cantidad (i.e., el simple incremento del producto y de la riqueza económica). Desigualdades sociales, políticas y ambientales, particularmente la pobreza y la ausencia de oportunidades y de acceso a los recursos, contribuye a la desintegración social y es una de las principales causas de la insostenibilidad ambiental de los modelos y de las prácticas actuales de desarrollo. Muchos individuos y grupos permanecen en la pobreza, enfrentados a la privación social y económica y excluidos del proceso político, mientras que los sistemas de poder favorecen una minoría, refuerzan las desigualdades y desalientan la integración social. Asimismo, mientras la homogeneización creciente de los patrones de consumo y de producción provocada por la globalización está mejorando lentamente la calidad de la vida para muchos, el incremento excesivo del consumo, y del consumo insostenible, provoca presiones severas sobre la base de recursos naturales y aumenta las desigualdades distributivas, las cuales son a la vez traspasadas también a las siguientes generaciones. El análisis a continuación explora las dimensiones sociales que dificultan la emergencia de un desarrollo sostenible en muchas partes del mundo, en especial el aumento de las desigualdades económicas y no-económicas en la última década. Íntimamente relacionado a este tema, el ensayo trata de identificar los mecanismos de transmisión de tales desigualdades en un contexto de globalización asimétrica, particularmente los relacionados con el régimen internacional de comercio.

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Introducción: desigualdad social, insostenibilidad ambiental y comercio

  • *  Presentación preparada para la Mesa Redonda “Educación Ambiental y Sustentabilidad Económica: Comé (...)

1La noción de equidad entre generaciones constituye el meollo de la propuesta de desarrollo sostenibleimpulsada desde la Conferencia de Rio en 1992*. Ésta postula que cada generación debe ocuparse en satisfacer sus propias necesidades de un modo que no perjudique o dañe las siguientes generaciones. Esto significa que cada ser humano y cada generación debe tener garantizado su derecho al mismo patrimonio ambiental, cultural y de recursos económicos y sociales que las generaciones que los han precedido.

2Al reconocer el hecho de que más de la mitad de la generación que estará viva hacia mediados de siglo ya ha nacido, la propuesta de equidad intergeneracional se confunde con las necesidades actuales y no con algún momento en el futuro remoto. En otras palabras, velar por los intereses de las siguientes generaciones no es sólo un tema de valores y de ética socioambiental. Es un tema de política pública y de decisiones que atañen al presente más inmediato, el periodo en el cual distintas generaciones conviven en un mismo momento histórico, aunque con distintos recursos de poder para definir el presente y ajustar la carta de navegación hacia el futuro. Es por ello que el análisis de los desafíos que plantean las crecientes desigualdades sociales existentes hoy en el mundo constituye un deber ético y moral con implicaciones para la sostenibilidad del desarrollo en el corto y largo plazo.

3Es motivo de preocupación, por lo mismo, constatar que el 80 por ciento del producto interno bruto del mundo pertenece a las un mil millones personas que viven en el mundo desarrollado; el 20 por ciento restante es compartido por las cinco mil millones de personas que viven en países en vías de desarrollo. La desigualdad en la distribución de ingresos entre e intra países ha empeorado, incluso para un grupo significativo de países industrializados. Los esfuerzos de reducción de la pobreza han sido razonablemente exitosos en algunas regiones, mientras que la pobreza se ha estancado o ha deteriorado en otras. Si el número de personas en China que vivía con menos de USS 1 por día bajó fuertemente, de 634 millones a 212 millones entre 1981 y 2000, en buena parte de África los que sufren las más degradantes situaciones de pobreza aumentaron en casi 90 millones en la última década. En otras regiones el panorama revela un cuadro más matizado.

4En muchas partes del mundo los altos y persistentes niveles de pobreza son por lo menos en parte atribuibles a ingresos inadecuados. Es cierto que la proporción de la población mundial que vivía en pobreza extrema declinó considerablemente, del 40 al 21 por ciento entre 1981 y 2001. No obstante, la mayoría de los países en desarrollo continúa experimentando altos niveles de pobreza. China y la India, países que albergan cerca del 40 por ciento de la población mundial, contribuyen fuertemente a que la tendencia global haya sido positiva, mientras que en otras regiones la manutención o el incremento de la pobreza han sido mucho más pronunciados. En América Latina, la recesión económica y el estancamiento de los años 80 y los años 90 tuvieron un impacto negativo significativo en los niveles de pobreza en la mayoría de los países.

5Entre todas las causas de desigualdad nacional y entre países, seguramente la que ha tenido mayor gravitación ha sido la imposibilidad de encontrar trabajo por parte de una parcela creciente de la población en edad activa. Personas que no logran obtener un trabajo adecuado son incapaces de generar suficientes ingresos para cubrir sus necesidades de salud, educación y otras necesidades básicas, para sí o sus familias, o de acumular ahorros para los tiempos de adversidad económica. Los cesantes son los grupos más vulnerables de la sociedad y, por ende, los que más sufren de todas las formas de pobreza, económica, política y social.

6Situaciones no-económicas de desigualdad son también responsables por la persistencia y profundización de varias formas de desigualdad económica, en especial las relacionadas con acceso a salud y a educación. Aunque muchos países han tenido éxito en expandir el acceso generalizado a la educación, disparidades significativas siguen prevaleciendo en distintos niveles educativos, lo cual conlleva a desigualdades en empleo, sueldos, salud, poder e integración social. Desigualdades en salud, morbidad y mortalidad infantil siguen agudas y reflejan las desigualdades de acceso a la salud materna. Un área de preocupación especial está relacionada con la inmunización que, pese a importantes avances en la última década, sigue altamente diferenciada por factores ligados a la educación de las madres y a su lugar de residencia. Huelga decir, la desnutrición está en la raíz de las desigualdades internacionales en salud y expectativa de vida. Hay que recordar, además, la evidente desventaja de los países más pobres en cuestiones de salud básica, puesto que poseen menos acceso a las tecnologías más avanzadas de diagnóstico y tratamiento, asi como a medicamentos preventivos de ep-Idemias como el HIV/SIDA y la malaria. Como la pobreza contribuye a bajas condiciones sanitarias, bajas condiciones de salud contribuyen a la pobreza; los más pobres se ven atrapados en un círculo vicioso que los mantiene en condiciones de privación de bienestar en relación a los grupos no-pobres de la sociedad.

7Desigualdades de género todavía persisten también en el acceso a la educación y a la salud de calidad. En la mayoría de los países se ha incrementado la proporción de mujeres incorporadas a la fuerza de trabajo, aunque esa disminución de la brecha de género en el mundo laboral enmascare el deterioro en la calidad y en las condiciones de trabajo a que pueden acceder. La concentración de mujeres en trabajos menos remunerados continúa alta, limitando significativamente sus oportunidades para la generación de ingreso y ahorro. Las mujeres responden por una parcela desproporcionada de la población mundial en condiciones de pobreza y pobreza extrema a raíz de su muy limitado acceso a los mercados de tierra, trabajo y capitales, y están limitadas mayormente a trabajos domésticos sin o con baja remuneración. El acceso inequitativo de la población femenina a oportunidades de progreso económico y no-económico explica en buena medida su bajo status social, expone a las mujeres a la explotación sexual y las vuelve invisibles respecto de temas y decisiones directamente relacionados con su propio bienestar y el de sus familias.

8Muchos países siguen enfrentados a profundos obstáculos y desafíos no-económicos que terminan socavando los intentos de erradicación de la pobreza. En el nivel sociopolítico, tales factores incluyen la exclusión social, la discriminación en sus diversas formas, políticas, étnicas, religiosas, raciales y otras, lo cual se traduce en ausencia de oportunidades y de poder. En algunas partes, la pobreza se ve extremada a causa de enfermedades y muerte prematura que priva a las familias y a las comunidades de sus miembros más productivos. El progreso en reducir la pobreza está constreñido en muchas instancias también por los bajos niveles de gobernabilidad y la ausencia de canales y medios para la participación de la ciudadanía. Un buen número de factores económicos también dificultan una disminución sostenida de la pobreza, incluyendo la mala distribución del crecimiento económico, la alta cesantía, el fuerte endeudamiento externo, las barreras comerciales y, por supuesto, las desigualdades de ingreso.

9En definitiva, las desigualdades en la distribución del ingreso y en el acceso a los recursos productivos y medioambientales, a los servicios sociales básicos y a los mercados, a las oportunidades y a la información, producen y profundizan a la vez la pobreza. Es por tanto políticamente temerario ignorar la desigualdad social en la búsqueda de mayores niveles de crecimiento económico, y se revela desastroso para la sostenibilidad ambiental. Centrarse exclusivamente en el crecimiento económico y en la generación de ingreso monetario como núcleos de una estrategia de desarrollo ha demostrado ser ineficaz. Puede llevar a la acumulación de la riqueza por unos pocos, pero a costa de la pobreza de la mayoría. No hace falta agregar que una estrategia como ésta pasa de largo las prioridades éticas en relación a las futuras generaciones.

Evolución de la desigualdad en la última década

10El crecimiento económico ha sido considerado por los economistas neoliberales como un pre-requisito esencial para lograr reducir la pobreza. Enmarcadas en esa ideología, las políticas de liberalización impulsadas por el Consenso de Washington a partir de los años 80 estuvieron fundadas en el supuesto de que los beneficios de un mayor crecimiento económico serían filtrados hacia los pobres. El “consenso” ya no es tal y crece el reconocimiento de que, independiente de cuanto logra crecer el producto, la reducción de la pobreza o una mejor y más equitativa distribución del ingreso, de activos y de acceso a servicios sociales, tienen más oportunidades de éxito cuando lo gobiernos ponen en práctica políticas que promueven explícitamente la equidad, incluyendo, entre otras, iniciativas que favorezcan la universalización del acceso a recursos, ingresos, educación y empleo.

Incremento de las desigualdades de ingreso

11Pese al debate sobre las tendencias globales, muchos creen que ha habido un incremento moderado en la distribución del ingreso en las últimas dos décadas (Berry y Serieux, 2004; Sala-i-Martin, 2002). Entretanto, un análisis más detenido revela una fotografía no tan positiva. La mayor parte del mejoramiento del ingreso global se explica por el rápido crecimiento económico de China y, en menor medida, de India y, aún así, una proporción significativa del avance de los sectores más pobres tuvo lugar a expensas de los sectores de ingreso medio. Además, si China e India son excluidas del análisis, los datos muestran que hubo un crecimiento de la desigualdad en el mundo, provocada por el efecto conjunto de mayores desigualdades intra países y los efectos adversos de un crecimiento demográfico más rápido en los países pobres. Hay que considerar que los 10 por ciento más ricos del planeta aumentaron su participación en el ingreso total del 51.6 al 53.4 por ciento, y se ha agrandado la brecha entre éstos y los estratos más pobres (Bourguignon y Morrison, 2002; Berry y Serieux, 2002).

12Los datos indican que el ingreso per cápita en todas las regiones en desarrollo, con la excepción del Sudeste de Asia, han disminuido en relación a los países de altos ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los niveles de ingreso per cápita en África Sub-Sahariana bajaron del 3.3 al 1.9 por ciento, en el Medio Oriente y en el Norte de África del 9.7 al 6.7 por ciento, y en América Latina y el Caribe del 18 al 12.8 por ciento. La disminución observada en esas tasas ha sido el resultado no sólo de un descenso en términos absolutos sino, además, de que el ingreso per cápita de las regiones más ricas ha crecido más rápidamente que el de las más pobres, aumentando así la brecha de desigualdad entre países.

13Algunos estudios defienden que ha habido muy poco o ningún cambio en los niveles nacionales de distribución del ingreso (Gustaffson y Johansson, 1999; Melchior, Telle y Wiig, 2000). De hecho, el examen de la información proporcionada por la base de datos de las Naciones Unidas indica que las desigualdades nacionales de ingreso en la mayoría de los países desarrollados, en desarrollo, y de economía central planificada, ha declinado en las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta (United Nations University/World Institute for Development Economics Research, 2004). Sin embargo, a partir de la década de los ochenta, esa baja ha disminuido su velocidad o sencillamente se ha detenido, y las desigualdades internas han aumentado una vez más (Cornia, 2004). Estudios a partir de diferentes bases de datos han llegado a la misma conclusión, y describen un aumento significativo de las desigualdades de ingreso intra países en las dos últimas décadas (Atkinson, 2003; Harrison y Blustone, 1988).  

14En efecto, el análisis de los datos de WIDER revela que, entre los años 1950 y 1980, las desigualdades de ingreso intra países aumentaron en 48 de los 73 países para los cuales existen suficiente datos. En su conjunto, esos países responden por el 59 por ciento de la población total de los países de la muestra. Si a principios de la década de los ochenta 29 de los 73 países presentaban coeficientes de Gini más elevados que el límite de 0.35-0.45, hacia finales de los años 1990 el número de países con altas desigualdades de ingreso había aumentado a 48. Durante el mismo periodo, las desigualdades intra países se mantuvieron constantes en 16, aunque empeoraron en 3 de ellos en los últimos años. Entre los 73 países analizados, sólo en 9 se observó una caída en los niveles de desigualdad: Alemania, Bahamas, Filipinas, Francia, Honduras, Jamaica, Malasia, Corea y Tunisia (Cornia, Addison y Kiiski, 2004).

15Si la desigualdad ha crecido en la mayoría de los países en desarrollo, muchos se sorprenderán al saber que lo mismo ha ocurrido con un buen número de países industrializados. Pese a dificultades para establecer comparaciones rigurosas, existen evidencias de eso en una muestra de 9 países miembros de la OCDE. Con la posible excepción de Canadá, todos los demás empeoraron su distribución de ingreso y en algunos de los demás, entre estos Finlandia, el Reino Unido e Irlanda del Norte, los incrementos de desigualdad se han traducido en más de 10 puntos Gini en las últimas tres décadas. La evidencia indica que los cambios tecnológicos y la globalización han sido los responsables por el deterioro en las disparidades de ingreso. Algo similar ha ocurrido en los llamados Tigres del Sudeste de Asia. Si éstos habían sido ejemplos de cómo armonizar crecimiento económico y equidad social en los años 80, desde finales de la década, y en especial en los 90, se ha generalizado el brusco aumento de la inequidad. En algunos casos, el incremento de las desigualdades responde a una creciente disparidad urbano-rural en los ingresos (Atkinson, 2003; Cornia, Addison y Kiiski, 2004).

16Históricamente, los niveles más elevados de desigualdad de ingresos ha sido la característica de los países de África y de América Latina y el Caribe. Un estudio de la CEPAL muestra que durante las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, con muy raras excepciones, el coeficiente de Gini de los países de la región ha estado en los niveles más elevados del planeta, oscilando entre 0.45 y 0.55 (Sainz, 2004). En los años 70, la desigualdad de ingresos declinó moderadamente en la región, pero los sucesivos shocks externos y las crisis de endeudamiento de los años 80 provocaron el regreso de elevados niveles de desigualdad en la distribución de ingresos (Altimir, 1996). Incluso los países que habían logrado una más equitativa distribución de la riqueza estuvieron entre los que más sufrieron los efectos de las crisis económicas. Es así que hasta finales de la última década se fue empeorando aún más la distribución del ingreso en la región, y casi todos los países presentaron elevados coeficientes de Gini (Ocampo, 2004; World Bank, 2004a). Además de una larga historia de inequidad, en muchos países, Bolivia, Brasil y Guatemala entre otros, la evidencia empírica revela que factores como raza y etnia siguen ocupando un espacio privilegiado para explicar la desigualdad en las oportunidades y en la distribución de la riqueza, y poblaciones indígenas o africanas perciben ingresos que son de 35 hasta 65 por ciento menores que los de la población blanca, y tienen mucho menos posibilidades de acceder a educación y vivienda.

17Un aspecto adicional que distingue los patrones de desigualdad en América Latina de las demás regiones del mundo es la parcela de la riqueza en manos de los hogares ricos (el 10 por ciento en la cúspide del ingreso). Como se ha señalado, en 1990, éstos lograban el 30 por ciento del ingreso total, alcanzando hasta el 35 y 45 por ciento, mientras el estrato de los del 40 por ciento más pobres recibían entre el 9 y el 15 por ciento del ingreso total. A fines de los 90, la parcela relativa del ingreso total en manos de los 10 por ciento más rico creció aún más en ocho países, se mantuvo en uno y descendió levemente en cinco.

18En resumidas cuentas, el resultado de las reformas estructurales en América Latina y el Caribe a lo largo de las últimas dos décadas ha sido el incremento de la desigualdad. Pese a los mencionados supuestos de que tales reformas producirían más crecimiento económico y mejor bienestar social, los resultados han sido francamente negativos y con consecuencias en el largo plazo. Argentina y Venezuela han sido claramente los más afectados, y son los países donde más ha crecido la desigualdad. Mientras, las mayores brechas de ingreso hoy día todavía se encuentran en Brasil, donde el 10 por ciento más rico sigue acaparando ingresos 32 veces más elevados que los del 40 por ciento más pobre. Los niveles más bajos de desigualdad se encuentran en la actualidad en Uruguay y Costa Rica, países donde la distancia entre el 10 por ciento más rico y los del 40 por ciento más pobre es de 8.8 y 12.6, respectivamente. Pese a la dificultad para encontrar datos comparables para todos los países, otros indicadores sugieren que Cuba posiblemente ha mantenido los menores niveles de regresividad en la distribución de ingresos, pese al grave deterioro de su economía en buena parte de los años 1990. (Sainz, 2004).

Disparidades regionales en la reducción de la pobreza

19Las tendencias negativas observadas en la última década en la desigualdad de ingreso indican que la pobreza monetaria ha empeorado en la mayoría de los países. Mientras más evidente y más serio se ha ido poniendo el problema, la pobreza y las estrategias para su reducción se han vuelto más importantes, al menos en el discurso oficial. Programas anti-pobreza han estado direccionados no sólo a aspectos monetarios sino, además, en mejorar el acceso a servicios como salud y educación, en especial hacia los grupos más vulnerables; en promover oportunidades de empleo productivo; en proveer protección y seguridad social; y en aplicar medidas coyunturales para paliar los efectos adversos de las crisis financieras.

20A nivel global, ha habido un avance considerable en las últimas dos décadas en materia de reducción de la pobreza, y las informaciones disponibles sugieren que la proporción de la población mundial que vive en pobreza extrema (menos de US$ 1 al día) ha disminuido considerablemente entre 1981 y 2001, bajando del 40 al 21 por ciento. En general, los países del Sudeste Asiático, del Oriente Medio y del Norte de África han sido los que más éxito han tenido en reducir la pobreza absoluta.

21Sin embargo, las estadísticas globales enmascaran grandes disparidades regionales y de velocidad en las tasas de reducción de la pobreza. Los importantes progresos verificados en China e India han contribuido mayormente para una fotografía positiva en el nivel mundial. Como eso países cuentan con el 38 por ciento de la población mundial, el rápido crecimiento de sus economías ha contribuido para la significativa reducción en el número de pobres. Éstos se han reducido de 1.2 mil millones de personas en 1990 a 1.1 mil millones en el 2000 (International Labour Organization, 2004). Sólo en China, la proporción de personas viviendo con menos de US$ 2 al día se ha reducido de 88 a 47 por ciento entre 1981 y 2001, y el número de personas con menos de US$ 1/día ha bajado de 634 millones hasta 212 millones. Las cifras equivalente para el caso de India son del 90 al 80 por ciento (con menos de US$ 2/día), y los que viven en pobreza extrema (menos de US$ 1/día se ha reducido de 382 a 359 millones de personas.

22No obstante los progresos ocurridos en China e India, todavía 1.1 mil millones de personas sobrevivían con menos de US$ 1/día en el 2001. En regiones como África Sub-Sahariana, el número de pobres ha aumentado en 90 millones de personas entre 1990 y el 2001. Hasta los países del Sudeste de Asia, que también han visto crecer sus economías a tasas considerables, la reducción de la pobreza ha sido, en el mejor de los casos, dispareja.

23En América Latina y el Caribe en su conjunto, la proporción con menos de US1/día tuvo una reducción marginal, del 11.3 al 9.5 por ciento entre 1990 y 2001, aunque los niveles de pobreza hayan aumentado en muchos de los países de la región. Quizás la excepción más importante sea Chile, país donde la pobreza disminuyó drásticamente en los primeros años de la década de los noventa. En cambio, las cifras de pobreza y de desempleo alcanzaron los peores récords históricos en Argentina, una situación que empezó a revertirse lentamente a partir de 2003, pese a que persiste la concentración del ingreso donde el 10 por ciento más rico aumenta su participación en el ingreso, desde ser 20 veces superior al del 10 por ciento de menores ingresos, en 1994, a serlo de 29 veces en 2004 (South-North Development Monitor, 2005).

24Mientras la proporción de la población con menos de US$ 1 al día decreció significativamente entre 1981 y 2001 (de 40 a 21 por ciento), la proporción de los que viven con menos de US$ 2 se ha reducido menos dramáticamente (del 67 al 53 por ciento). En Asia Oriental sólo el 15 por ciento de la población dispone de menos de US$ 1/día, mientras los que disponen de menos de US$ 2 representan casi la mitad de la población. Pese al notable progreso en China y que ha influenciado las tendencias globales, todavía el 47 por ciento de la población no alcanzaba los US$ 2 diarios en el 2001. La menor disminución de la proporción de los que viven con menos de US$ 2 refleja el hecho de que una parcela considerable de la población cambió hacia el estrato marginalmente menos miserable. Como resultado, además de otros factores como los cambios demográficos, hubo un incremento neto en el número absoluto de pobres en el mundo (Chen y Ravallion, 2000).

25El fenómeno de la pobreza ha sido tradicionalmente asociado a las áreas rurales, y la agudización del problema se verifica sin duda en las zonas rurales. Pese a ello, son precisamente las áreas urbanas las que han experimentado los aumentos más dramáticos de personas pobres. En América Latina, por ejemplo, la pobreza es proporcionalmente más seria en zonas urbanas. En 1999, 77 de los 211millones de pobres de la región vivían en zonas rurales, mientras los restantes 134 millones en regiones urbanas. No obstante, la pobreza sigue siendo “rural”, con los pobres representando el 64 por ciento de la población, en contraste con el 37 por ciento de pobres de la población urbana, aunque las condiciones de pobreza en áreas rurales siga siendo mucho más extremada (Sainz, 2004).

Aumento de la cesantía y de la informalidad en el empleo

26La situación global en materia de empleo también está caracterizada por profundas desigualdades. Se estima que entre 1993 y 2003 el número de personas desempleadas aumentó de 140 a 186 millones, representando un 6.2 por ciento de la población económicamente activa. Al final de ese periodo el número de trabajadores pobres ya alcanzaba 550 millones. Mientras en los países desarrollados la tasa de cesantía ha disminuido de 8 por ciento en 1983 a 6.8 por ciento en 2003, lo opuesto ha ocurrido en el mundo en desarrollo, con la cesantía aumentando hasta en un 60 por ciento en América Latina y el Caribe (International Labour Organization, 2005a).

27Es importante resaltar que la tasa de cesantía por sí sola no es un buen indicador de la desigualdad existente en el mundo laboral, representando quizás la punta de un iceberg más profundo y con factores más insidiosos de inequidad en el mundo del trabajo, tales como el tamaño y crecimiento de la economía informal, sueldos, calidad y condiciones de trabajo. De hecho, la mayoría de los pobres en los países en desarrollo no están cesantes, sólo que no logran remuneraciones suficientes para sacarse a sí mismos y a sus familias de la pobreza. Frecuentemente, están sujetos a la explotación y a la ausencia de derechos laborales y de seguridad y protección social.

28Los que trabajan en la economía informal se encuentran también excluidos de diversas formas de protección social y laboral, excluidos de los mismos derechos y garantías que, al menos en teoría, atañen a los trabajadores del sector formal de la economía. Como la mayoría de la población trabajadora en el mundo se encuentra en la informalidad, son extremadas las situaciones de desigualdad y de pobreza. En términos globales, el empleo informal representa entre la mitad y tres cuartas partes del empleo, desde 51 por ciento en el Norte de África y en América Latina y el Caribe hasta 65 por ciento en Asia y 78 por ciento en los países Sub-Saharianos de África (International Labour Organization, 2005b). Aunque una proporción significativa de los que pertenecen a la economía informal estén empleados, el sector informal constituye una fuente de trabajo para los subempleados del sector formal, o que no tienen posibilidades de garantizar fuentes seguras y permanentes de empleo. De hecho, sólo el comercio informal, como los vendedores ambulantes, representan entre 30 a 50 por ciento del empleo informal urbano (Charmes, 1998).

Incremento de desigualdades no-económicas

29El enfoque tradicional de las desigualdades económicas está limitado frecuentemente a los diferenciales de ingreso entre e intra países, mientras importantes dimensiones sociales siguen desatendidas en los datos y análisis. Los indicadores no-económicos están relacionados con prioridades como salud, educación, acceso a necesidades básicas (alimentación, agua, saneamiento y vivienda), y oportunidades para la participación que están íntimamente relacionadas al status económico en el nivel individual, domiciliar y nacional. Normalmente, los países con los peores sistemas educativos y de salud son también los que se encuentran en los escalafones más bajos de desarrollo económico. Se justifica pues un breve recuento de las tendencias verificadas en años recientes en algunos indicadores no-económicos de desigualdad, incluyendo educación, salud, desnutrición y el hambre.

30Importante desigualdades globales siguen caracterizando el área de la educación. Pese a que muchos países de Asia, África y de América Latina y el Caribe se encuentran en camino a satisfacer los Objetivos del Milenio relativos a las matrículas en educación primaria, siguen las desigualdades derivadas del escaso avance en educación. En América Latina, por ejemplo, donde persisten importantes desigualdades intra y entre países, los significativos diferenciales en ingresos derivados del trabajo son atribuidos a diferentes remuneraciones laborales según niveles de educación (Instituto de Promoción de la Economía Social, 1999). En general, los que logran tener 6 años de instrucción reciben 50 por ciento más de sueldo que los que no poseen educación formal, y los que han logrado 12 años reciben sueldos dos veces más elevados en comparación con el estrato no-educado. Además, la variable “educación” explica entre el 25 y el 35 por ciento de la concentración del ingreso en esa región. Pese a que la educación ofrece algún grado de movilidad inter-generacional para distintos estratos de ingreso, prevalece la tendencia de transmisión de la segmentación en materia educativa entre generaciones (de Graaf y Kalmijn, 2001).

31No cabe duda que han tenido éxito los esfuerzos para mejorar la situación de salud en las últimas cinco décadas. Las tasas de mortalidad infantil han declinado. Más mujeres tienen acceso a métodos de salud reproductiva y de prevención de embarazos no deseados, reduciendo de ese modo las tasas de mortalidad materna. Las estadísticas globales revelan progreso en éstas y otras áreas de la salud, pero enmascaran una gran diversidad de condiciones entre países y regiones. Asimismo, las estadísticas oscurecen el hecho, como resultado de las asimetrías que caracterizan la globalización actual, de que los beneficios que llegan a los países y estratos más pobres representan una fracción mínima de los beneficios producidos por el impresionante progreso científico y tecnológico de la medicina moderna. Los países más pobres tienen menores posibilidades para acceder, entre otras cosas, a las tecnologías más avanzadas de diagnóstico, a medicinas y a vacunas.

32La expectativa de vida ha aumentado, globalmente, de 47 a más de 65 años en las últimas cinco décadas, aunque las estadísticas revelen una brecha de hasta 36 años entre las regiones con menores y mayores expectativas de vida. Desde mediados de la década pasada la región de Australia y Nueva Zelanda ha tenido las mayores expectativas de vida, 77-79 años, mientras las regiones más pobres han experimentado un progreso significativamente menor. Al comparar no sólo regiones, sino todos los países, individualmente, con Japón, con una expectativa de vida de 82 años, y tomando como referencia los periodos 1990-1995 y 2000-2005, se observa una distribución bien diferenciada. Mientras, en general, hubo una disminución en el número de países con una distancia de 10 años en relación a la expectativa de vida en Japón, lo que implica una leve disminución de la desigualdad entre países en esa materia, hubo un incremento considerable en el número de países en los cuáles la expectativa de vida es inferior entre 35 a 50 años a la de Japón (United Nations, 2002).

33La mortalidad infantil disminuyó entre 1990 y 2001, aunque en menor grado en los países en desarrollo. El avance generalizado de la inmunización respecto a las enfermedades más mortales responde por el significativo descenso en la mortalidad infantil. Sin embargo, datos de la encuestas demográficas y de salud indican que las tasas de mortalidad infantil de menos de cinco años siguen siendo hasta una vez y media más elevadas en áreas rurales. Entre todos los indicadores de salud, la mortalidad materna es la que demuestra las desigualdades más pronunciadas entre países desarrollados y en desarrollo. Noventa y nueve por ciento de las muertes maternas ocurren en países en desarrollo. En los países pobres hasta un 30 por ciento de muertes de mujeres en edad reproductiva (15-49 años) son provocadas por causas relacionadas con el embarazo, comparado con menos del uno por ciento en los países desarrollados. En el año 2000 se registraron 400 muertes maternales por cada 100.000 nacidos vivos en países pobres, una tasa 19 veces más elevada que la de los países ricos. El riesgo de muerte de una madre de un país en desarrollo fue de 1 en 61 en el 2000, 460 veces más elevado que el riesgo de 1 en 28.000 en los países desarrollados (World Health Organization, 2005b).

34El impresionante incremento de la productividad agrícola y el desarrollo de sistemas más avanzados de producción y preservación de alimentos han llevado a un mundo de abundancia en el siglo pasado. Desde los años 70 la producción mundial de alimentos se ha triplicado, y los precios de los principales cereales han bajado casi un 80 por ciento. El planeta, que hasta entonces nunca había logrado producir suficiente alimento para satisfacer las necesidades de una población que seguía creciendo exponencialmente, en las últimas décadas del siglo producía suficiente alimento para toda la población. Si esta producción hubiese estado distribuida equitativamente en el mundo, habría suficiente alimento para que todas las personas pudiesen consumir un promedio de 2.760 caloría diarias (World Ecology Report, 2005).

35Así y todo, en las últimas décadas han aumentado dramáticamente las emergencias alimentarias, las que frecuentemente conllevan a hambrunas y crisis de desnutrición asociadas a elevados incrementos en las tasas de mortalidad. El número de tales emergencias aumentó de un promedio de 15 al año durante la década de los ochenta a más de 30 anuales desde el 2000. La mayoría de las crisis tuvieron lugar en África, donde el promedio anual se ha triplicado. A mediados de 2004, 35 países experimentaron crisis de alimentos que requerían ayuda de emergencia (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2004).

36En muchas partes del planeta una proporción significativa de la población sufre de privación nutricional, caracterizada por el consumo insuficiente o inadecuado de proteínas y micro-nutrientes y por infecciones y enfermedades frecuentes. Esa condición más bien estructural y de largo plazo recibe poca atención de la opinión pública, sin embargo más y más personas mueren de los efectos indirectos del hambre. La mala nutrición afecta, diariamente, a 852 millones de personas en el mundo, de las cuales 815 viven en países en desarrollo, 28 millones en los llamados “países en transición” (la mayor parte, países de la ex-Unión Soviética y Europa Oriental), y 9 millones en el mundo industrializado. Una quinta parte de la población de países en desarrollo se encuentra subnutrida (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2004).

37La mala nutrición es una de las principales causas de mortalidad infantil, y responde por casi la mitad de las 10.4 millones de muertes infantiles cada año en los países pobres. Los niños y niñas que logran sobrevivir siguen sufriendo los efectos de la mala nutrición o de la desnutrición por el resto de sus vidas, con habilidades cognitivas reducidas y baja frecuencia escolar, baja productividad y remuneraciones, y expuestas a enfermedades y a diversas formas de discapacidad. La altura y el peso de aproximadamente un tercio de los niños y niñas de los países en desarrollo se encuentran muy por debajo del promedio estimado para sus edades, y se estima que más de 3.7 millones de muertes infantiles en el 2000 estuvieron directamente asociadas a la falta de peso. En términos económicos, para cada año que la desnutrición siga en los niveles actuales, los países en desarrollo estarán perdiendo US$ 500 mil millones de ingresos no producidos como resultado de muertes prematuras y de discapacidades (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2004; World Health Organization, 2005a).

38 En el extremo opuesto del espectro alimenticio, es decir, la sobre-nutrición (el exceso de consumo calórico) se ha transformado también en una pandemia (World Health Organization, 2005b). Existen en el mundo hoy día más de mil millones de adultos con sobrepeso, y por lo menos 300 millones son clínicamente obesos. Los niveles de obesidad, que han estado aumentando dramáticamente en países ricos como Australia, Canadá, los Estados Unidos y en Europa, afecta crecientemente a los países pobres, como será mencionado más adelante (Chopra, Galbraith y Darnton-Hill, 2002; Flegal y otros, 1998).

Desigualdad, globalización asimétrica y comercio

39El régimen internacional de comercio, las reformas estructurales y los programas de ajuste de las décadas recientes, como asimismo las reformas de mercado todavía en curso, han caracterizado el contexto económico e institucional en que se han llevado a cabo la liberalización financiera y comercial. Tales cambios han producido en general efectos negativos para los individuos, grupos y comunidades enteras. Aunque las teorías de “convergencia económica” sugieren que la creciente integración entre países a raíz de la globalización debería promover una mayor convergencia de los niveles de ingreso y una equivalente disminución en las desigualdades, la evidencia empírica parece rechazar esos supuestos optimistas. Un número cada vez más significativo de estudios cuestiona si la globalización, en su patrón actual, puede efectivamente contribuir para la reducción de las desigualdades (Barro, 1991; Barro and Sala-i-Martin, 1992; Ben-David, 1993).

La globalización asimétrica aumenta la distancia entre ricos y pobres

40Efectivamente, la globalización resalta como uno de los fenómenos más significativos del siglo veintiuno. Particularmente significativo, entretanto, ha sido el carácter asimétrico de la globalización actual que, lejos de “convergencia”, ha provocado la segmentación del mundo entre “perdedores” y “ganadores”. Una de las asimetrías más importantes dice relación con la agenda misma a través de la cual la globalización avanza. Dicho de otra forma, persiste el contraste entre la velocidad y fortaleza con que avanza la globalización económica y la relativa debilidad y mayor lentitud en el progreso de los temas sociales. Prevalece la necesidad urgente de aumentar los mecanismos y capacidades nacionales de implementación de la agenda social, como asimismo de aumentar el espacio internacional para la protección de los “bienes públicos globales”, políticos, sociales y ambientales (Ocampo, 2005).

41La agenda económica global sigue estando dominada por temas de libre comercio, protección de la propiedad intelectual, liberalización financiera y de capital, y la protección de las inversiones. Siguen primando por su ausencia temas fundamentales para los países en desarrollo, incluyendo las migraciones y la movilidad del trabajo, la tasación internacional de ingresos de capital, los mecanismos financieros para compensar países y estratos sociales marginalizados, y los mecanismos para garantizar la coherencia de las políticas de estabilidad macroeconómica de los países industrializados y la consecuente reducción de la volatilidad de las tasas de cambio entre las monedas más importantes.

42Los mismos temas reciben distintos niveles de atención por parte de los países, y la competitividad de los mercados los pone en franca oposición entre sí. A título de ilustración, los productos que son cruciales para los países pobres, tales como los productos agrícolas y con alta intensidad en el uso de mano de obra, reciben las más elevadas tasas de protección comercial en los países ricos, como lo demuestran sus elevados subsidios agrícolas. Además, las negociaciones internacionales, por ejemplo sobre servicios, siguen centradas en los productos y servicios de interés para los países industrializados, incluyendo los servicios financieros y de telecomunicaciones, mientras las modalidades que son particularmente importantes para los países en desarrollo, como la movilidad internacional del trabajo (en especial, la de trabajo menos calificado) siguen siendo desatendidas (Ocampo and Martin, 2003).

43Algunos aspectos de la agenda de negociaciones presentan desafíos importantes para los países pobres. El principal de ellos se refiere al Acuerdo sobre Aspectos Relacionados con el Comercio de Derechos de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de Comercio (los llamados acuerdos TRIPS). Pese a que el supuesto básico de esta protección efectiva iría aumentar la innovación y la transferencia de tecnologías, la experiencia reciente sugiere que los acuerdos TRIPS aumentan los costos y, por ende, restringen de hecho la transferencia tecnológica y amenazan la capacidad de producción de progreso técnico de los países pobres. La competitividad de los mercados profundiza esa situación, puesto que el deseo de los países pobres de atraer inversiones extranjeras y aumentar sus exportaciones termina provocando una “corrida hacia abajo”. Las leyes laborales y las regulaciones ambientales son comprometidas para no amenazar la competitividad internacional de los productos y servicios de esos países, y las presiones de un mercado globalizado disminuyen el espacio institucional para promover el desarrollo social.

Políticas de liberalización profundizan diversas formas de desigualdad entre y al interior de los países

44La aplicación de políticas del liberalización se ha generalizado alrededor del mundo y destacan entre las dinámicas globales que permiten entender los impactos adversos en la pobreza, en el empleo, en los sueldos y en la tendencias generales hacia la mayor desigualdad entre países y al interior de éstos. Las políticas y medidas llevadas a la práctica bajo el supuesto de mejorar el desempeño económico, lejos de contribuir a una distribución más equilibrada de la riqueza, ha profundizado las desigualdades. Datos indican que hasta en la esfera de la OCDE, los países que han aplicado más estrictamente tales políticas son los que también han experimentado un aumento de las desigualdades (Weeks, 2004).

45Las políticas de liberalización han provocado importantes cambios en el mercado laboral, sus leyes e instituciones, incluyendo un cambio hacia una mayor flexibilidad de sueldos y salarios, el achicamiento del empleo en el sector público, y una franca disminución de la seguridad y protección del trabajo. Esos cambios han producido también la expansión de la economía informal y una menor estabilidad en el empleo. Se han diversificado los temas de importancia para los trabajadores, precisamente cuando se produce el simultáneo debilitamiento de los sindicatos y demás instituciones de defensa de sus intereses. El conjunto de esos factores explica en gran medida las crecientes desigualdades de remuneraciones entre e intra países (Cornia and Court, 2001). Considerando que los sueldos constituyen aproximadamente el 60-70 por ciento del ingreso total en los países en desarrollo, las crecientes desigualdades de remuneraciones representan un componente expresivo de la tendencia hacia mayores desigualdades de ingreso.

46La baja de los sueldos mínimos y un agudo aumento de los mayores ingresos ha ocurrido en un expresivo número de países. Entre las economías industrializadas, la creciente brecha de ingresos ha sido particularmente significativa en Canadá, los Estados Unidos y el Reino Unido. En Estados Unidos, el 1 por ciento de los más ricos acaparaba en el 2000 el 17 por ciento del ingreso nacional, un nivel de concentración de la riqueza que no se veía en ese país desde los años 1920. En los países de la OCDE, los países en desarrollo y en las economías en transición el incremento de los niveles de desigualdad ha sido semejante. En Brasil y en México, por ejemplo, la liberalización provocó el descenso de los salarios y aumentó la brecha entre las remuneraciones entre trabajadores calificados y sin calificación. De hecho, la liberalización del comercio aumentó la brecha de salarios en seis de los siete países latinoamericanos para los cuales existe información disponible (Atkinson, 2003; Cornia, 2004; International Labour Organization, 2004; Lindert and Williamson, 2001).

47Además del la apertura comercial, la liberalización financiera fue una de las características más salientes de las políticas de ajuste estructural implementadas a partir de los años 80. Las crisis financieras de los años 80 y 90, así como las recesiones que las han seguido en Asia, América Latina y en los países de Europa Oriental y Rusia, revelaron la verdadera devastación social que pueden provocar las políticas macroeconómicas pro cíclicas y los movimientos no restringidos y desregulados de capital, mayormente especulativos. El impacto humano –ahí incluidos el aumento de la cesantía, de la pobreza, de la desigualdad—y la erosión de la integración social, solo refuerzan la urgencia de rescatar la agenda social.

48Estudios del Banco Mundial indican claramente que las crisis financieras han provocado un impacto negativo en el nivel en la distribución de salarios en general, y tales efectos han persistido pese a la recuperación económica en años recientes (World Bank, 2000). Otros estudios enfatizan lo mismo para el caso específico de América Latina y el Caribe (Behrman, Birdsall and Szekely, 2000; World Bank, 2004a). Una muestra de más de 60 países comprueba, por ejemplo, que la desigualdad de salarios creció 62 y 73 por ciento en América Latina y en Asia, respectivamente, mientras que no hubo cambios de consideración en los países más industrializados (Diwan, 1999; Galbraith and Jiaqing, 1999). Además, la liberalización financiera ha incrementado el nivel de inestabilidad y la frecuencia de las crisis, particularmente en los países en desarrollo. En verdad, los países que llevaron a cabo la liberalización de sus mercados de capitales han perdido su autonomía en materia de política cambiaria y monetaria, lo que a su vez ha reducido severamente su capacidad para aplicar políticas macroeconómicas anti-cíclicas (Caprio and Klingebiel, 1996; Ocampo, 2002; Taylor, 2004).

49Contrariamente a las promesas ideológicas de la liberalización y de las reformas de Mercado impulsadas en las dos últimas décadas, la experiencia concreta puso a descubierto las falencias de perseguir políticas de liberalización económica a expensas de las políticas sociales. El análisis del impacto de los programas de ajuste estructural y de reformas para la estabilización macroeconómicas impulsadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional apuntan al crecimiento de la pobreza (Easterly, 2001). Ejercicios de evaluación externa del Banco y del FMI revelan que el compromiso asumido para incorporar explícitamente la reducción de la pobreza y el análisis del impacto social en sus programas de reformas y portafolio de préstamos no se han reflejado en la práctica, y han aumentado la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil respecto a las “condicionalidades” impuestas por esos programas. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo por los gobiernos nórdicos sugiere que ha habido tan solo una relación nominal, de discurso, entre los componentes sociales y macroeconómicos de los programas y reformas promovidos por el BID y el FMI (Norwegian Agency for Development Cooperation, 2003). Tales análisis han llevado al propio Banco Mundial a reconocer la existencia de una “brecha de implementación” entre planificación y acción o, más específicamente, una “ausencia de sincronía” entre el discurso y la práctica de incorporación de dimensiones sociales en programas macroeconómicos (World Bank, 2004b).

50Con la implementación de las políticas de liberalización, las medidas tradicionales con impacto directo en la reducción de la pobreza y de la concentración de la riqueza, tales como una política tributaria socialmente progresiva o una igualmente progresiva distribución del gasto público se han vuelto menos distributivos en la mayoría de los países, desarrollados y en desarrollo por igual. Además, en muchos casos las reformas del sector público han favorecido la transferencia de la responsabilidad de financiamiento de los servicios sociales hacia el sector privado. Esa tendencia ha significado que los servicios tradicionalmente prestados directamente por el Estado o en forma subsidiada, han sido privatizados o terciarizados, con el consecuente aumento de la desigualdad en el acceso y en la calidad de éstos.

51Una muestra de 36 países en desarrollo arrojó la conclusión de que durante los años 80 y 90 los impuestos progresivos y la tasa de impuestos en relación al producto nacional declinó en todos, con un promedio de un punto porcentual de baja (Chu, Davoodi y Gupta, 2000). En América Latina, las reformas tributarias trasladaron el peso de los impuestos desde los estratos más ricos hacia los segmentos medios y bajos de la sociedad (Morley, 2000). Los países de la OECD que avanzaron más rápida y consistentemente en las políticas de liberalización han sido precisamente los países donde hubo reducciones de gasto social en los programas más universales y, como resultado, menores transferencias del gasto público hacia los hogares con escasos ingresos (Weeks, 2004).

La liberalización comercial dificulta un padrón de comercio internacional socialmente sustentable

52Las políticas analizadas hasta aquí presentan sin lugar a dudas importantes desafíos para la gobernabilidad nacional y global. Una implicancia importante en el nivel planetario tiene relación directa con la ya mencionada provisión de bienes públicos y con la gestión sostenible y más equitativa de los llamados “espacios comunes globales (“global commons”). En efecto, la creciente interdependencia entre actividades económicas y la base de recursos ambientales aumenta tanto las ventajas de la provisión adecuada de bienes públicos globales como las consecuencias negativas de desatender su conservación para las generaciones futuras. Los intentos para transformar el concepto de subsidiaridad de la acción del Estado frente a los mecanismos de mercado en el fundamento de la gobernabilidad respecto de los bienes públicos y de la gestión de los recursos globales (el “global commons”) sólo incrementan las dificultades para una acción concertada internacionalmente.

53Como ha sido señalado más de una vez, las políticas de liberalización y de reforma de mercado han sido responsables por las más significativas asimetrías de la globalización, con los ya sabidos impactos para la gobernabilidad nacional e internacional. En el caso de la liberalización comercial, la transformación del GATT en la actual Organización Mundial de Comercio ha sido fundamental, aumentando el espectro de las negociaciones comerciales más allá de la reducción de tarifas y de otras barreras indirectas en el comercio de manufacturas. Muchos otros temas considerados impedimentos para la libre circulación de mercancías y servicios pasaron a estar bajo la lupa de la OMC. Merece destacar al respecto las importantes restricciones provocadas por las reglas de la OMC en las políticas nacionales, en especial las sociales y de medio ambiente, siempre y cuando estas son consideradas inconsistentes o perjudiciales para los acuerdos de libre comercio (Guimarães, 2004). Cualquier actor, no importa si se trate de un país o de un interés privado, puede hacer uso de los mecanismos de resolución de controversias de la OMC para cuestionar políticas locales y nacionales de un país miembro.

54Particularmente revelador es una provisión clave del acuerdo GATT que estableció la OMC, cristalizado a través del párrafo 4 del artículo 44. Allí se hace mandatorio que “cada país miembro debe garantizar la conformidad de sus leyes, regulaciones y procedimientos administrativos con las obligaciones previstas en los acuerdos del Anexo”, los que incluyen todos los acuerdos multilaterales relativos al comercio de bienes y servicios y los derechos de propiedad intelectual. Además, el sistema judicial del régimen internacional de comercio, del cual la OMC es el principal garante, permite a cualquier miembro cuestionar y eventualmente forzar el cambio de una ley que requiera que los bienes importados satisfagan criterios o parámetros nacionales o locales de salud, seguridad, laborales o ambientales que excedan los establecidos por la OMC.

55Las consecuencias de tales disposiciones para el debilitamiento internacional, nacional y local de la gobernabilidad y de las leyes sociales se ha ido haciendo evidente cada día. El mundo pareciera estar recién despertando de esa verdadera Caja de Pandora que los gobernantes han abierto al dejar decisiones de suma importancia en manos de una organización que al parecer está por encima de los regímenes nacionales e internacionales, con severas implicancias para el futuro del desarrollo social y ambientalmente sostenible (Rodrik, 2002). Las implicancias de esa tendencia deberían ser causa de honda preocupación, en especial cuando se reconoce que cualquier actor puede cuestionar y provocar el cambio de leyes y regulaciones locales y provinciales que se encuentran bajo las jurisdicciones nacionales, de gobiernos democráticamente elegidos, aunque esos actores no sean los que han suscrito los acuerdos negociados en la OMC.

56Contrariando el espíritu de una era de creciente transparencia y responsabilidad social, en buena medida fortalecida gracias al proceso mismo de globalización, en particular la libre circulación de las informaciones, el secreto y las decisiones tras bambalinas se han vuelto la marca registrada de las negociaciones comerciales. En resumidas cuentas, cuando una ley nacional o local es cuestionada, el caso es revisado en un cabildo secreto ante un panel de tres expertos comerciales. Los documentos presentados y el voto de los expertos son secretos, y presentaciones alternativas o complementarias son sometidas a total discresión del panel. Las recomendaciones finales son automáticamente adoptadas luego de 60 días, excepto si son rechazadas por el voto unánime de todos los miembros de la OMC –una virtual imposibilidad, excepto que el país beneficiario sufra un súbito cambio en sus intereses y vote en contra de un caso que fue traído a colación precisamente para beneficiarle (Wallach y Sforza, 1999).

57Efectivamente, pese al hecho de que la OMC representa un acuerdo entre países soberanos, las disputas son frecuentemente provocadas por intereses privados, en la mayoría de los casos empresas transnacionales, lo cual conlleva a una encrucijada inusitada, para ponerlo de alguna forma. Al fin y al cabo, el mundo se ve ante la disyuntiva de otorgar a intereses privados la primacía por encima de decisiones soberanas, adoptadas por gobiernos y representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente.

58Un estudio en profundidad de las disputas en el marco del Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio entre Canadá, los Estados Unidos y México, entre 1994 y 2000, describe diversas instancias muy concretas de la disyuntiva señalada recién (International Institute for Sustainable Development and Worl Wildlife Fund, 2001). Uno de los casos más conocidos ha sido quizás el de Methanex versus los Estados Unidos, en el cual Methanex, una empresa canadiense que produce metanol, uno de los elementos constitutivos del MTBE –un adictivo a la gasolina—demandó a los Estados Unidos por mil millones de dólares. Esa disputa tuvo origen en una decisión del gobierno de California, en Marzo de 1999, de prohibir el uso de MTBE en toda la gasolina vendida en el estado a partir del 31 de Diciembre de 2002. Ese aditivo, que se sospecha provoca el cáncer, había estado filtrándose de los estanques de combustible hacia las fuentes de agua potable. La demanda interpuesta por Methanex remeció de tal forma las fundaciones de las leyes destinadas a la protección de la salud pública que, en Junio de 1999, los tres ministros de salud de los países miembros del NAFTA se reunieron colectivamente en la Comisión para la Cooperación Ambiental y emitieron una declaración reafirmando el derecho soberano de cada gobierno de proteger su medio ambiente. Desgraciadamente, cuando son los intereses de los países ricos que cuestionan las leyes de los países en desarrollo, no se tiene noticias de semejantes encuentros y declaraciones de ministros de esos países.

59Otro importante desafío provocado por el actual régimen de comercio para la agenda social y para las decisiones acordadas internacionalmente en esa área está relacionado con la propia historia de la economía de mercado. Hasta hoy mismo los más ardientes apóstoles de la economía liberal de mercado concuerdan que la liberalización del comercio, por sí sola, no es suficiente para garantizar que todos los actores puedan beneficiarse sin el apoyo directo del Estado a través de algún tipo de regulación, en especial en las economías emergentes de los países en desarrollo (Lowi, 2001). De hecho, uno de los desafíos más difíciles en relación a las desigualdades provocadas por el libre comercio, tal como este es practicado en la actualidad, resulta de la prioridad asignada a la libre circulación de bienes y servicios en desmedro de la sostenibilidad de largo plazo del crecimiento económico y del desarrollo social.

60Por consiguiente, a la vez de regular la economía en favor el bienestar social, lo que se percibe es la súper regulación social, con el debilitamiento de la política democrática y el “desempoderamiento” de la ciudadanía. Corresponde recordar que, históricamente, la ciudadanía ha sido siempre definida a partir de derechos, mucho más que sobre la base de obligaciones. Éstas sólo pueden ser alcanzadas mediante el imperio de la ley, mientras los primeros requieren de alguna forma de regulación pública o intervención del Estado en el conjunto de sus instituciones, legislativas, ejecutivas y judiciales.

61Además, investigaciones sugieren que la proliferación de tratados de libre comercio entre países puede producir aún más inequidad. Un estudio del Banco Mundial estima, por ejemplo, que un amplio acuerdo global de comercio produciría un incremento del ingreso mundial de US$ 263 mil millones en el año 2015, con los países en desarrollo recibiendo una parcela de US$ 109 mil millones del total. Entretanto, si todos los países en desarrollo siguen la tendencia dominante de firmar acuerdos bilaterales con los mayores actores del comercio global, a saber, Canadá, los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, el ingreso global se irá a acrecentar en menos de la mitad, en la cifra de US$ 112 mil millones. Peor todavía, en este caso los países en desarrollo, a la vez de beneficiarse, perderían US$ 21 mil millones netos y los países más ricos aumentarían sus ingresos totales en US$ 133 mil millones, profundizando aún más las inequidades producidas en el esquema actual en el contexto de la OMC (World Bank, 2004c).

62La liberalización comercial también afectó negativamente los esfuerzos para reducir la pobreza. Como aproximadamente las tres cuartas parte de los pobres viven en áreas rurales, la pobreza jamás podrá ser efectivamente reducida si no se aumenta considerablemente la productividad agrícola y el acceso de los productos de países pobres al mercado mundial. De hecho, el deterioro de los precios de los productos agrícolas ya constituye una de las principales causas de la caída de los ingresos de los agricultores, perpetuando de ese modo la pobreza rural. Si bien es cierto que la reducción de los precios puede beneficiar al consumidor en general, eso significa a la vez menores ingresos para agricultores pobres y una reducción de la demanda de productos en las zonas rurales.

63Las prácticas proteccionistas y los subsidios agrícolas de los países desarrollados son reconocidos indiscutiblemente como las raíces de la baja producción e ingreso agrícola en los países pobres. En términos generales, los subsidios anuales en los países de la OCDE representan el equivalente a 6 veces más que sus niveles de ayuda al desarrollo. Mientras las importaciones entre países desarrollados están sujetas a una tarifa aduanera del uno por ciento, los productos agrícolas desde los países en desarrollo son tasados en 9 por ciento por los Estados Unidos, y en 20 por ciento por la Unión Europea; las tarifas aplicadas a los textiles son, en promedio, de 8.9 y 7.9 respectivamente.

64Esa asimetría está presente también en la situación comercial de América Latina y el Caribe. Los países de la región aplican un promedio del 8.5 por ciento de tarifas a los productos no-agrícolas (provenientes en su mayoría de los países industrializados), pero sus propios productos agrícolas son tasados en un 20.4 por ciento en los países industrializados. El resultado final se refleja en las pérdidas del orden de US$ 40 mil millones que los países dejan de recibir cada año a cambio de su esfuerzo exportador. Ello representa, dicho sea de paso, una proporción más que significativa de las proyecciones de requisitos financieros para que estos mismos países puedan cumplir con los Objetivos del Milenio (Guadagni, 2004).

65Una ilustración muy decidora de como las prácticas agrícolas de los países ricos destruyen lo que intentan lograr con su propia ayuda al desarrollo es el ejemplo de Tanzania. Por más de dos décadas los productores de leche de Tanzania han estado recibiendo ayuda directa de los países de la Unión Europea para promover su producción. Mientras tanto, las exportación de leche en polvo de esos mismos países reciben subsidios 3 veces más elevados que la ayuda prestada a Tanzania para la producción de leche.

66De igual modo, al parecer el machacado slogan de que los países en desarrollo deben aumentar su productividad aumentando el valor agregado de su producción y exportación de commodities, no sobrevive tampoco al testeo de la realidad. Los Estado Unidos, por citar un ejemplo, practican una tarifa aduanera en productos como el café, el cacao o el azúcar que varían desde un mínimo de 8 pero que puede llegar hasta a 80 veces más elevada cuando esos productos reciben algún tipo de elaboración. El cacao ofrece una buena ilustración de ello, puesto que ni los Estados Unidos ni la Unión Europea imponen tarifas a sus importaciones de grano, pero el chocolate recibe una imposición entre 15 y 30 por ciento. Eso quizás explique por qué los países en desarrollo sean responsables por más del 90 por ciento de la producción mundial de cacao, pero tan sólo del 5 por ciento de la producción de chocolate (Guadagni, 2004). A juzgar por la realidad más que por la ideología económica dominante, los países deben mejor olvidarse de agregar valor a su producción agrícola, pues el costo y el esfuerzo les puede salir más caro que mantener el status quo actual, perdiendo igual.

67Los comentarios hechos en el presente apartado están lejos de insinuar una incompatibilidad insalvable entre le régimen y las prácticas del libre comercio y la agenda social, en particular la lucha en contra de la inequidad, de las crecientes desigualdades, del agotamiento de los recursos naturales y de la destrucción del hábitat. Lo que se ha sugerido aquí en forma muy clara y sin subterfugios ha sido que, a los tradicionales desafíos para la materialización de un desarrollo efectivamente sostenible social, económica y ambientalmente, se ha sumado ahora los efectos de una globalización asimétrica y claramente “perdedora” para los países y sociedades en desarrollo, en cuyos fundamentos ideológico está cimentada la cinta transportadora del “libre” comercio. Libre para unos pocos, pero extremadamente regulado para los demás. En realidad y como lo sugiere en forma acertada Herman Daly, en lugar de utilizar el apetecible rótulo de “libre comercio” (nadie estaría en contra de la idea de libertad en ninguna de sus manifestaciones) deberíamos utilizar una descripción más precisa como “comercio internacional desregulado” (Daly, 1993).

Los inmigrantes pobres aportan más recursos que la ayuda de los países ricos

68Otro tema relevante para caracterizar las asimetrías actuales es el del financiamiento para el desarrollo. Pareciera existir un consenso respecto a que, independiente de los efectos negativos de las políticas de liberalización financiera, la disponibilidad de recursos, nuevos y adicionales, constituye un requisito fundamental para aumentar los niveles de bienestar social en todos los rincones del planeta. Mientras la provisión de recursos no representa una garantía automática de que resultados más positivos irán a alcanzar a los sectores más desposeídos de la sociedad, sin éstos se dificulta enormemente el desarrollo social. Uno de los llamados más presentes en esa dirección han sido precisamente las iniciativas para movilizar el compromiso internacional y aumentar los niveles actuales de recursos asignados por los países ricos a la Ayuda Oficial para el Desarrollo. Pese a que los niveles de AOD empezaron a incrementarse en los últimos dos años, desde los niveles históricos más bajos de los años 1990 hasta alcanzar a 0.25 por ciento del producto de los países industrializados en 2004, éstos todavía se encuentran por debajo de las metas acordadas internacionalmente, de destinar a AOD el 0.7 por ciento del producto, tal como fue acordado en la Asamblea General de las Naciones Unidas hace más de 35 años (Organization for Economic Cooperation and Development, 2005).

69Por otra parte, el fuerte movimiento migratorio de los países en desarrollo ha producido repercusiones económicas y sociales de distinta naturaleza, tanto en los países receptores como en los países de origen. En los países de origen, la emigración frecuentemente agota los stocks ya limitados de recursos laborales, haciendo aún más difícil materializar los supuestos beneficios de las reformas económicas. En el lado positivo, la emigración puede liberar puestos de trabajo en los países de origen, facilitando el surgimiento de nuevas oportunidades laborales para los que estaban sin empleo previamente (United Nations, 2004a).

70No obstante, está por encima de discusión que los ingresos de los inmigrantes se ha convertido en una fuente fundamental de remesas para los países de origen, pese a la precariedad laboral y a diversas discriminaciones que enfrentan los trabajadores extranjeros en los países de destino. Los datos estadísticos sobre remesas son todavía incompletos y sin duda subrepresentan el flujo de recursos a través de canales informales. Aún así, las informaciones disponibles sugieren que las remesas alcanzaron un nivel de US$ 130 mil millones a finales del 2002, con US$ 79 mil millones enviados directamente a países en desarrollo. Para esos países, las remesas han superado con creces el volumen de AOD y representan hoy día la segunda mayor fuente de flujos financiero después del la inversión extranjera directa (United Nations, 2004b).

71Si acaso las remesas contribuyen para paliar la pobreza es por cierto un tema central. Datos parecen ofrecer una evidencia muy fuerte en esa dirección, y las remesas se han transformado en una importante herramienta de redistribución en el nivel internacional, desde los inmigrantes con bajos niveles de ingreso hacia sus familias en el país natal. El Banco Mundial considera, por ejemplo, que la migración internacional ha tenido un fuerte impacto positivo para la reducción de la pobreza. En promedio, “un aumento de 10 por ciento en la parcela de remesas en relación al Producto Doméstico Bruto de un país lleva a un 1.6 por ciento de disminución en el número de personas que vive en pobreza” (Adams and Page, 2003).

72Lo mismo no se ha podido constatar en lo que dice relación con el efecto de las remesas para disminuir las desigualdades. Se supone, en general, que los que emigran provienen de familias más “ricas” de las comunidades, lo cual haría suponer también que los flujos de remesa intensificarían y reforzarían las desigualdades financieras y sociales pre-existentes. Por otra parte, se supone que las familias de los inmigrantes hacen un uso más consciente de su riqueza, con los beneficios finales superando los costos de emigrar. Hay también los que suponen que las remesas dan lugar a patrones de consumo superfluo y no necesariamente a inversiones para aumentar la productividad de los miembros de la familia. De todos modos, pocos cuestionan que el uso más frecuente de las remesas ha sido para costear los gastos de educación, lo cual representa claramente una estrategia de inversiones de largo aliento. Aún suponiendo que parte de las remesas sea utilizada para el consumo, aún así se estarían produciendo efectos positivos indirectos en la comunidad receptora, al estimular la economía local.

73No existen muchas investigaciones al respecto de la situación en América Latina y el Caribe. Sin embargo, los estudios sobre otras regiones han arrojado resultados contradictorios. En Pakistán, por ejemplo, han aumentado las desigualdades entre familias de inmigrantes y de no-inmigrantes, aunque la distribución de las remesas se ha esparcido en un amplio espectro de áreas geográficas y de grupos sociales. En Tailandia, en cambio, las remesas destinadas a hogares pobres han tenido un impacto mucho más elevado en reducir la pobreza, pese a que las cantidades per cápita hayan sido muy inferiores a las que tuvieron como destino las familias más ricas (Skeldon, 2002).

74No menos significativo para el tema de la equidad es el hecho de que el mercado internacional para remesas es altamente segmentado y costoso para los inmigrantes (Solimano, 2003). Los operadores que dominan el mercado cobran elevadas comisiones y hacen uso de tasas de cambio supervaloradas para las remesas. Los bancos comerciales tanto de los países de origen como de los receptores todavía representan una parcela muy limitada del Mercado global de remesas. Por lo mismo, una proporción bastante significativa de la remesas, con valores superando los miles de millones de dólares, han estado siendo enviadas por inmigrantes pobres hacia receptores igual o aún más pobres, y con un alto costo de transacción, transfiriendo, de paso, nuevos recursos para los intermediadores del mercado financiero. Si desde una perspectiva exclusivamente de eficiencia económica, existe mucho espacio para mejoras, desde una perspectiva ética, de la equidad, el panorama es francamente escandaloso.

75Las conclusiones que arrojan los estudios sobre remesas son de hecho muy relevantes. Desde luego, porque ponen a descubierto los engranajes perversos de la migración internacional contemporánea, a diferencia de los flujos migratorios hacia los países en desarrollo a principios del siglo pasado. La gran mayoría es compelida a emigrar por la ausencia de oportunidades económicas y sociales en sus países, únicamente con el propósito de asumir mayor control sobre sus vidas, cuando no lo hace por motivos de índole político, religioso o étnico y racial. Esos inmigrantes se han vuelto ahora, además de víctimas de las falencias económicas del desarrollo, fuentes de capital para ayudar a paliar los problemas sociales creados por el mismo patrón de crecimiento económico que los expulsó de sus países en primera instancia.

76Aún más revelador de las asimetrías actuales de la globalización, y que llega a acercarse a la indignidad, resulta de que sean los pobres los que estén en los hechos financiando a los ricos, directa e indirectamente, y en proporciones tan significativas. Al fin y al cabo, los análisis demuestran que los inmigrantes han estado llenando, en términos financieros concretos, el vacío retórico de los repetidos y subsecuentes fallidos compromisos de la comunidad internacional de reponer los stock de recursos de asistencia para el desarrollo, en especial de los países más ricos del planeta. Esas nuevas tendencias revelan, además, un giro altamente inequitativo en las tendencias de la pobreza y de la desigualdad. Los mismos capitales volátiles, frecuentemente especulativos e improductivos, y que han sido los principales responsables por las más recientes crisis en el mundo en desarrollo, son los que también se benefician parcialmente del flujo de remesas, mediante altos costos de transacción y tasas de cambio artificialmente supervaloradas para fines de transferencia.

Patrones insostenibles de consumo profundizan la desigualdad

77El estudio de los patrones actuales de consumo puede proporcionar más luz respecto del bienestar de los individuos, complementando por cierto un enfoque exclusivamente económico de la desigualdad. Tales patrones constituyen una importante medida de la exclusión social, al permitir distinguir entre los que tienen y los que no tienen acceso a recursos, bienes y servicios. Ello permite echar luz también a los procesos de privación relativa a que están sometidos ciertos grupos sociales. La informaciones sobre tasas de crecimiento observadas en el consumo doméstico varían considerablemente entre regiones. En los últimos 25 años el consumo de los hogares aumentó a tasas de 2.3 por ciento anual en los países industrializados, y de 6.1 por ciento en los del Este Asiático, mientras en África y en muchos países de América Latina y el Caribe el consumo ha de hecho disminuido 20 por ciento en el mismo periodo (United Nations Development Programme, 1998).

78El 20 por ciento más rico de los países de ingresos más elevados representan el 86 por ciento del gasto privado total de consumo, mientras el 20 por ciento más pobre consume tan solo el 1.3 por ciento. Ilustran también las desigualdades en el consumo el que los 20 por ciento más ricos posean el 74 por ciento de todas las líneas telefónicas y consuman el 45 por ciento de la carne y del pescado disponible, el 58 por ciento de la energía y el 87 por ciento del papel, mientras los 20 por ciento más pobres posean solo el 1.5 por ciento de las líneas de teléfono, consuman el 5 por ciento de la carne y pescado, el 4 por ciento de la energía total y menos del uno por ciento del papel (United Nations Development Programme, 1998). Como indican tales niveles de consumo, los beneficios materiales del crecimiento son acaparados de modo avasallador por los más ricos de los países ricos.

79Las diferencias sustanciales en la calidad de vida entre países desarrollados y en desarrollo deben seguir en las próximas décadas, aunque muchas tendencias y proyecciones sugieran que los niveles de consumo de los últimos deberán acercarse lentamente a los primeros. Sin embargo, es realista suponer que a medida que los países en desarrollo logren avanzar económicamente, muchos de sus residentes pobres tratarán de emular los estilos de vida de los estratos más altos de los países desarrollados. La brecha de consumo puede que disminuya pero, a raíz de la finitud de recursos naturales disponibles, será por cierto un sueño imposible para los 2.8 mil millones de personas que sobreviven hoy con menos de US$ 2 diarios jamás acceder a los mismos niveles de consumo de los estratos más ricos del planeta. De hecho, sólo el contraste entre lo que se requiere para lograr un nivel de bienestar medianamente decente en los países pobres y lo que los ricos gastan anualmente en artículos de lujo es por sí solo impactante. Por ejemplo, los US$ 35 mil millones gastos anualmente en artículos como perfumes y cosméticos en el mundo desarrollado equivale a la mitad de la AOD en 2004 (Organization for Economic Cooperation and Development, 2003).

80Con el abultamiento de una nueva elite compuesta por los ganadores que más se han beneficiado de la globalización, han surgido patrones de consumo en los países en desarrollo que mimetizan los prevalecientes en el mundo de los ricos. El consumo conspicuo se está generalizando en muchas regiones del mundo, a la par con el deseo de status y de diferenciación social que impele a individuos de todos los segmentos de la sociedad hacia objetivos materiales. El deseo de acceder a status mediante el consumo se ha vuelto parejo tanto para los marginados como para los más afortunados económicamente, y las presiones de consumo superfluo se hacen más evidentes mientras los países se hacen más abiertos a las modas internacionales (Sanne, 1997). Entretanto, si las prácticas de consumo de los centenares de millones de ricos fuesen generalizadas siquiera por la mitad de la población, estimada de casi 9 mil millones de personas en el año 2050, los impactos en la disponibilidad de tierra, agua potable, energía y otros recursos naturales serían devastadores.

81Por otra parte, precisamente porque los pobres de los países en desarrollo tienden a vivir en tierras marginales, se ven más vulnerables a los efectos de la degradación ambiental. Esas áreas posen un bajo potencial agrícola y son susceptibles a inundaciones, desmoronamientos, sequías, erosión y otras formas de deterioro. La salinización de los suelos ha sido identificada como la principal causa de la degradación de la tierra y responde por una pérdida global de tres hectáreas de tierra cultivable a cada minuto. Se ha estimado que más de 350 millones de personas son directamente dependientes de los bosques para su supervivencia, mientras la demanda por tierra para uso agrícola y para la producción de madera y de papel ha acelerado el proceso de deforestación, en especial en los países en desarrollo (Commission on Human Security, 2003; Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2000; Roper and Roberts, 1999).

82Por conseguiente, las desigualdades existentes se han vuelto más complejas a raíz de la creciente vulnerabilidad ambiental, y sus efectos se hacen sentir con mayor intensidad cuando fenómenos naturales se transforman en desastres. En los años 90 más de 700 mil personas perdieron la vida a raíz de desastres “naturales” (mejor dicho, desastres naturales inducidos por la acción humana), y más del 90 por ciento de las víctimas vivían en países en desarrollo. Tan solo en 2002, lluvias torrenciales en Kenia desplazaron más de 150.000 personas, al mismo tiempo que más de 800.000 personas sufrían los efectos de la peor sequía registrada en China en más de un siglo (United Nations Environment Programme, 2002; Worldwatch Institute, 2003). El terremoto y tsunami que devastó partes del Sudeste Asiático en Diciembre del 2004 revelaron con dramaticidad los efectos de las desigualdades socioambientales. Al dirigirse a la Asamblea General durante una reunión sobre el tsunami y los esfuerzos de largo plazo para recuperación y reconstrucción de las áreas afectadas, el Secretario General de Naciones Unidas recordó que “sabemos por experiencia que son los pobres los que más sufren las consecuencias más duraderas de los desastres naturales” (Annan, 2005).

83Las desigualdades en el acceso a recursos son también importantes en relación a los desastres inducidos por el hombre. Con la creciente degradación de la tierra en muchas regiones, millones de personas son incapaces de producir alimentos suficientes para su supervivencia y la de sus familias. Tales situaciones aumentan las tensiones sociales y la vulnerabilidad socioambiental puede gatillar conflictos y la migración en masa. En muchos países en desarrollo ha sido la competencia y la lucha por el control de recursos escasos lo que ha provocado enfrentamientos violentos entre grupos dominantes en su afán de subyugar y marginalizar grupos indígenas y pueblos autóctonos con el objeto de garantizar el acceso a sus recursos y a sus tierras (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2005). Hambrunas pueden y han provocado guerras civiles en África en los años 1970, 1980 y 1990, generando un círculo vicioso a través del cual el conflicto reduce la disponibilidad de recursos y vuelve a alimentar indefinidamente la competencia por el control de los mismos (Renner, 1999).

84Alterar patrones de consumo constituye pues una tarea de extrema dificultad, aunque sea reconocida la urgencia en detener los procesos de consumo excesivo, tal como advertía Naciones Unidas hace más de 30 años: “la principal causa de la continua degradación el medio ambiente global es el patrón insostenible de consumo y de producción, particularmente en países industrializados (United Nations Conference on Environment and Development, 1992). Algunos llegan a sugerir que porque los consumidores representan el lado de la demanda en la economía, es su comportamiento lo que condiciona el comportamiento y la producción de los agentes económicos (United Nations, 1996). Sin embargo, si los consumidores disfrutan en los hechos de la libertad de elección es un tema abierto a cuestionamiento.

85En las sociedades de consumo modernas, los individuos se encuentran frecuentemente atrapados por patrones de consumo al que son impelidos por las superestructuras corporativas y de mercado y por intensas presiones del mercadeo comercial. Se ha hecho cada vez más evidente que la aparente demanda por bienes y servicios está guiada por una serie de factores que no guardan relación alguna con la libre elección del consumidor (Jackson and Michaelis, 2003; Sanne, 1997). Los cambios en la dieta alimenticia que ocurren a diario en el mundo debieran constituir evidencia más que suficiente de la influencias comerciales en la definición de los estilos de vida. Aunque muchos de los cambios pueden no producir un impacto directo en las desigualdades, sus impactos indirectos adquieren claros matices distributivos. Por ejemplo, las personas están gastando más de sus ingresos disponibles en alimentos no esenciales de bajo valor nutritivo. A su vez, los cambios de dieta contribuyen al incremento de enfermedades no-transmisibles como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, y producen un stress adicional en los servicios de salud.

86Se ha comentado en secciones anteriores los problemas relacionados con la desnutrición y la sobre-nutrición. La obesidad en particular ha pasado a representar una amenaza global a la salud. Existen en la actualidad más de mil millones de adultos sobre nutridos, y 300 millones de éstos son considerados clínicamente obesos. En muchos países los efectos combinados de la urbanización y de los incrementos de ingresos han llevado a cambios dramáticos en los patrones de nutrición, llegando a producir una verdadera, y perversa, “convergencia de dietas” o la creciente homogeneización de dietas en el nivel global (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2005). El comercio de alimentos ha crecido enormemente y en 2001 ya respondían por el 11 por ciento del comercio mundial, una proporción más elevada que la de combustibles (Pinstrup-Andersen and Babinard, 2001). La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que el cambio desde los alimentos tradicionales como el pescado y los vegetales hacia dietas “occidentalizadas” que son más ricas en materia grasa, azúcares y sal, y bajas en fibras, ha contribuido a una declinación generalizada de la salud, y que los países en desarrollo empiezan a experimentar el crecimiento pronunciado de enfermedades características del mundo desarrollado, incluyendo la diabetes y las enfermedades del corazón. Se estima que en el año 2020 esas enfermedades serán responsables de las dos terceras partes de las enfermedades totales (World Health Organization, 2002).

87 Las generaciones más jóvenes son particularmente vulnerables a esos cambios no saludables de dietas. Los niños y niñas obesos se exponen al creciente riesgo de padecer de hipertensión, arteriosclerosis y diabetes, condiciones que son precursoras de las enfermedades cardiovasculares. El número de personas con diabetes derivadas de la obesidad se espera que se duplique, incrementándose a 300 millones de individuos en el año 2025, tres cuartas partes de ese total estarían en los países en desarrollo. De ser correctas tales proyecciones, el impacto en la demanda por cuidados médicos e infraestructura de salud deberá imponer un peso de proporciones a la economía (Brody, 2002; Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2002; World Health Organization, 2002).

En pos de un desarrollo social y ambientalmente sostenible

88Pese a los reiterados llamados, decisiones y acuerdos logrados por los gobiernos en sucesivas Cumbres Mundiales, la insostenibilidad social y ambiental se ha agrandado en las últimas décadas. Las desigualdades económicas y no-económicas se han incrementado en muchas partes del mundo, y muchas y nuevas formas de inequidad se han profundizado, tornando aún más difícil revertir las tendencias recientes. Enfrentar esa Encrucijada de la Desigualdadrequiere de esfuerzos para lograr un balance adecuado entre fuerzas socioeconómicas contrapuestas. Aunque el crecimiento económico sea necesario, no es ni ha sido jamás una condición suficiente para reducir la pobreza y garantizar un medio ambiente más saludable.

89Se requiere de reformas en una serie de áreas del quehacer público para lograr aumentar las oportunidades y capacidades de los pobres y de otros grupos marginados para promover un crecimiento incluyente y aumentar la equidad. Una ciudadanía saludable, bien educada, adecuadamente empleada y socialmente protegida contribuye a la cohesión social y a la conservación ambiental. El progresivo acceso de los pobres a activos y servicios públicos (especialmente en los sectores de educación y salud), como asimismo a programas de transferencias de ingresos para sostener las familias más pobres, son esenciales para cambiar la estructura de oportunidades y reducir la transmisión inter-generacional de la pobreza y de la desigualdad.

90Revertir las tendencias actuales hacia más desigualdad y hacia el ensanchamiento de la brecha entre los individuos, grupos y países enteros de incluidos y excluidos, requiere de un marco de políticas que ponga al ser humano en el centro del desarrollo, un enfoque que considere el crecimiento económico como un medio para alcanzar mayores niveles de bienestar social, y jamás como un fin en si mismo, que proteja la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras y, en definitiva, que respete la integridad de los sistemas que permiten la existencia de vida en el planeta.

91Afirmar que los seres humanos deben constituir el centro y la razón de ser del desarrollo, implica abogar por un nuevo estilo de desarrollo que sea ambientalmente sostenible en el acceso y uso de los recursos naturales, y en la preservación de la biodiversidad; que sea socialmente sostenible en la reducción de la pobreza y de la desigualdad, y en la promoción de la justicia social; que sea culturalmente sostenible en la conservación del sistema de valores, prácticas y símbolos de identidad que determinan la integración nacional a través del tiempo; y que sean políticamente sostenibles al ahondar la democracia y garantizar el acceso y la participación de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones. Este nuevo estilo está orientado por una nueva éticade desarrollo, una en la que los objetivos económicos de crecimiento se subordinan a las leyes que rigen el funcionamiento de los sistemas naturales, y se subordinan también a los criterios de respeto a la dignidad humana y de mejoramiento de la calidad de vida de las personas (Guimarães, 2001).

92El desequilibrio entre la globalización y el marco regulatorio internacional ha producido asimetrías que impiden el progreso social de los países en desarrollo. En el nivel político e institucional, el énfasis debiera estar puesto en garantizar una distribución equitativa de los beneficios de la apertura económica y comercial, con acciones concretas para promover la participación democrática de todos los países y pueblos en los procesos de toma de decisiones que gobiernan las relaciones internacionales. Existe la necesidad de crear los espacios necesarios en el sistema internacional para la provisión de los bienes públicos globales, políticos, sociales, económicos y ambientales.

93Esos ambiciosos objetivos de políticas requieren, desde luego, que la comunidad internacional otorgue el apoyo necesario para reconstruir la capacidad institucional de los países en desarrollo para regular actividades en el ámbito social que han sido privatizadas y que, por lo mismo, han creado nuevos desafíos y dificultades para que sean ejercidos los derechos individuales y colectivos a la educación, a la salud y a otros derechos intrínsecos de la ciudadanía. Se revela igualmente importante introducir mayores niveles de flexibilidad en las políticas macroeconómicas para contener los efectos más negativos de la globalización, en especial en los momentos de reforma y ajuste por presiones y coyunturas internacionales. Medidas específicas se hacen necesarias para que las inversiones extranjeras favorezcan los eslabonamientos productivos entre inversión y creación de puestos de trabajo, como también para contrarrestar las políticas pró-cíclicas de las economías centrales y permitir mayor espacio de maniobra y autonomía para las políticas de los países en desarrollo.

94Una de las acciones más urgentes en el nivel mundial es el establecimiento de un parámetro mínimo global para la protección social, de modo de estabilizar ingresos, distribuir los beneficios de la globalización financiera y comercial, y permitir el surgimiento de nuevas oportunidades productivas y de progreso social. Un parámetro internacional definido en esos términos representaría sin duda el antídoto para la señalada “corrida hacia abajo” que arrodilla las políticas y regulaciones sociales y ambientales de los países en desarrollo ante las presiones de la competitividad internacional espuria –mediante subsidios y otras medidas proteccionistas y unilaterales. La armonización, por ejemplo, de las disposiciones de la OMC con los demás acuerdos multilaterales que la antecedieron y la suceden en material social y ambiental sigue siendo una tarea pendiente y urgente.

95Tal como lo ha resumido con mucha propiedad el Secretario General de las Naciones Unidas. “millones de personas alrededor del mundo experimentan [la globalización] no como un agente de progreso sino como una fuerza disruptiva y hasta destructiva, mientras muchos millones más son completamente excluidos de sus beneficios” (Grumberg and Khan, 2000). Las medidas enunciadas recién, están en la dirección sugerida por el Secretario General para enmarcar los esfuerzos nacionales, regionales y globales que permitan “el fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza global y que promuevan una globalización más balanceada y más incluyente” (United Nations, 2004b).

96En verdad, aunque para muchos la globalización sea algo inevitable, y pese a que sea cierto que su principal motor es la tecnología y la expansión e integración de mercados, no es menos cierto que no se trata de una fuerza de la naturaleza sino el resultado de un proceso que ha sido impulsado por seres humanos. Como señala el estudio sobre los efectos de la globalización que ha sido prefaciado por la palabras del Secretario General reproducidas arriba, ésta “debe ser controlada de tal modo que pueda ser puesta al servicio de la humanidad, lo que significa que debe ser administrada de manera cuidadosa, por países soberanos a nivel nacional, lo mismo que por medio de una cooperación multilateral a nivel internacional” (Grunberg y Khan, 2000). En definitiva, la gestión adecuada de los múltiples procesos asociados a la nueva oleada de mundialización requiere “con urgencia de enfoques a los desafíos del desarrollo que sean abiertos, pragmáticos y tolerantes, consistentes con un mundo de creciente interdependencia y de forma a poner la política económica una vez más al servicio de la justicia social y de la estabilidad” (United Nations Conference on Trade and Development, 2003).

97Por ultimo, pero no por ello menos importante, la integración y cohesión social debe ser promovida como clave para el desarrollo, la paz y la seguridad en el planeta. La integración social supone la participación plena de todos los grupos en las esferas social, política, económica y cultural. La democracia y el imperio de la ley son esenciales para eliminar inequidades institucionalizadas que han impedido la integración exitosa de grupos excluidos. Aunque el siglo veinte ha sido testigo del aumento global de países gobernados democráticamente, el ritmo y la profundización de la democratización no ha sido parejo. La consolidación de la democracia representa un proceso y no un destino, lo que hace inevitable, necesaria e indispensable la intervención de un Estado soberano que refuerce los valores y prácticas democráticas a través de la promoción de los derechos humanos, sociales y de ciudadanía.

98En resumen, habrá que restaurar el equilibrio necesario entre las fuerzas de mercado y el interés público, en especial mediante una regulación pública adecuada y la supervisión por parte del Estado para contraponer los intereses de la ciudadanía ante los poderes fácticos, corporativos y de mercado. Pese a los fuertes desplazamientos ideológicos en décadas pasadas, crece el reconocimiento de que al Estado todavía le corresponde responsabilidades irrenunciables en materia de articulación de sectores productivos, sociales y comunitarios, particularmente en las áreas de educación, seguridad pública y medio ambiente (World Bank, 1997).

99Es en este contexto que el Estado sigue ofreciendo un aporte único,necesario e indispensable para el desarrollo (Guimarães, 1996). Únicoen la medida en que su lógica trasciende la lógica de las fuerzas de mercado, en especial en dimensiones como la ética, la igualdad y la justicia social, y a la vez incorpora los llamados “derechos difusos” propios de la ciudadanía, entre éstos el derecho a un medio ambiente saludable. Necesario porque la lógica misma de la acumulación de capital exige la producción de “bienes públicos” que no pueden ser producidos por actores que compiten en el mercado, en especial en mercados imperfectos como aquellos de las economías emergentes de los países en desarrollo. Indispensableen la medida en que se ocupa de temas tales como el cambio climático, el deterioro de la biodiversidad, y otros que no son susceptibles de cálculos microeconómicos, tales como tasas de descuento o de rendimiento, especialmente cuando las generaciones futuras (que por definición no pueden participar en el mercado actual) pasan a ocupar un papel destacado en la agenda de desarrollo sostenible. Vale recordar, además, que los desafíos de la desigualdad social o del deterioro del medio ambiente no pueden ser definidos como problemas individuales. Muy por el contrario, estos representan desafíos sociales, de carácter colectivo. No hace sentido imaginar que se puede garantizar el acceso a la educación, a la vivienda, a la salud o a un medio ambiente libre de contaminación vía mercado. Más bien, se trata de recuperar prácticas colectivas (solidarias) para satisfacer necesidades tanto materiales como espirituales para el bienestar del ser humano.

Reflexiones finales

100La persistencia e incluso el agravamiento de las varias formas de desigualdad e inequidad global y nacional ya no pueden ser toleradas por una sociedad que pretende ser civilizada. Gracias a una riqueza mundial sin paralelo en la historia de la humanidad, gracias a la creciente disponibilidad de recursos financieros y de ingenio científico y tecnológico, ya no quedan excusas para que la mayor parcela de la población mundial viva en condiciones de exclusión y de pobreza abyecta. Las políticas macroeconómicas y las reformas de liberalización financiera y comercial, así como los cambios en el mundo del trabajo, ya no pueden seguir desconectadas de la lucha por ampliar el mundo de bienestar y de la equidad hacia todos los territorios y sectores sociales. El fracaso en promover un enfoque general y políticas específicas de desarrollo sostenible sólo puede conducir a la perpetuación de la encrucijada actual de la desigualdad. Más temprano que tarde, todos tendrán que pagar el precio de la irresponsabilidad social y ambiental. Acaso el recrudecimiento de la violencia y del terrorismo represente nada más que la punta visible de un iceberg esperando por hacer naufragar la globalización que tantos progresos ha logrado en diversos ámbitos.

101Desgraciadamente, el equilibrio entre un tipo de maniqueísmo Estado-Mercado disfrazado en pragmatismo posmoderno sólo puede ser encontrado en la política. Para complicar aún más las cosas, el resultado de la globalización y de la sacralización del mercado conduce precisamente a generalizar las críticas hacia los políticos y sus organizaciones. La crisis del Estado es pues también, una crisis de las formas de hacer política, con importantes repercusiones para los temas relacionados con la gobernabilidad. El desencanto de la política es la contrapartida del auge de la ideología neoliberal, llevando a niveles de paroxismo las relaciones entre lo público y lo privado en favor del interés privado. No debiera sorprender que todo lo que sea público, incluyendo al “hombre” público y más precisamente al político, sea visto con sospecha o desencanto. Desafortunadamente, es en el vacío de la política que los grupos económicos, los medios de comunicación y los resquicios oligárquicos del pasado reciente enquistados en los nichos clientelistas del Estado, todos travestidos en agentes de la modernidad basada en la ideología neoconservadora, pasan a definir la agenda pública y a actuar como poderes fácticos de gran influencia en la resolución de los problemas nacionales (Guimarães, 2003).

102Sin embargo, desde una perspectiva democrática, no existen postulaciones capaces de defender sólidamente la tesis de que la elaboración y gestión de la vida pública pueda realizarse sin la mediación de la política. Los partidos políticos, a su vez, son insustituibles para la profundización de la democracia, para el mantenimiento del consenso mínimo alrededor de un proyecto nacional y para la transformación del estilo de desarrollo concentrador y excluyente todavía vigente, razones por las cuales es fundamental recuperar el prestigio de la actividad y de las instituciones políticas en nuestros países (Guimarães y Vega, 1996).

103En resumen, si ya no podemos contar con la intervención del Estado, sí, lo necesitamos para garantizar la constitución de espacios y reglas de negociación entre actores interdependientes, incluso estatales. Este Estado no es ni el movilizador e intervencionista del pasado, sino un Estado regulador, facilitador, asociativista y con la mirada puesta en el futuro, que garantice la calidad y cobertura de los servicios públicos, y que ofrezca los cimientos institucionales y estratégicos para el crecimiento en bases más equitativas que en el pasado. La experiencia histórica no sólo en América Latina y el Caribe sino en muchas otras partes del mundo demuestra que el desarrollo, librado exclusivamente a las fuerzas de mercado, tiende a reproducir las condiciones inequitativas iniciales del proceso de crecimiento económico, con todas sus secuelas de desigualdad y de exclusión sociales.

104Es precisamente en ese contexto que se deben encauzar los esfuerzos para garantizar que las reformas impulsadas por las fuerzas de mercado, por el sistema multilateral de comercio y por las demás reglas, instituciones y actores que gobiernan la trama de relaciones económicas internacionales no se les permita interferir o impedir las posibilidades de materialización de las dimensiones más progresivas del desarrollo sustentable. La lucha activa en la construcción de tales posibilidades y alternativas no representa apenas un requisito para reducir la pobreza y la desigualdad, fortalecer la integración social y conservar el planeta. Constituye de hecho un imperativo ético y moral de la humanidad y de cada individuo.

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Notas

*  Presentación preparada para la Mesa Redonda “Educación Ambiental y Sustentabilidad Económica: Comércio Justo y Consumo Sustentable” del IV Congreso Ibero-Americano de Educación Ambiental, realizado en Joinville, Brasil, del 5 al 8 de Abril de 2006. Este documento recoje los datos y análisis del Informe sobre la Situación Social en el Mundo, 2005 (coordinado por el autor y publicado por Naciones Unidas, en Agosto de 2005, con el título The Inequaltiy Predicament). Las opiniones expresadas en la presente versión, que no ha sido sometida a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen a la Organización de las Naciones Unidas.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Roberto P. Guimarães, « Las perspectivas del comercio justo ante una globalización asimétrica y con crecientes desigualdades sociales », Polis [En línea], 13 | 2006, Publicado el 13 agosto 2012, consultado el 26 septiembre 2017. URL : http://polis.revues.org/5318

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Autor

Roberto P. Guimarães

Licenciado en Administración Pública, Maestro y Doctor en Ciencias Políticas. Jefe de Análisis Social y Política del Departmento para Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas en Nueva York. E-mail: guimaraesr@un.org

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