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Propuestas y avances de investigación

El rol de integración política de la ética en la sociedad civil

Le rôle de l’intégration politique de l’éthique dans la société civile
The role of political integration of ethics in civil society
Álvaro B. Márquez-Fernández

Resúmenes

Las prácticas éticas, particularmente las cívicas o ciudadanas, están demostrando con toda propiedad que el desarrollo económico y político del Estado debería ir a la par con el cumplimiento de principios o normas de moralidad pública. En una sociedad cada vez más globalizada por el dominio de la razón técnica, es necesario orientar éticamente la racionalidad de nuestras acciones humanas hacia fines sociales mucho más justos, equitativos y democráticos. El ideal griego de la “res publica” todavía compromete al Estado moderno con la práctica de valores éticos. Sin éstos, la gobernabilidad de la sociedad se hace mucho más conflictiva, en vez de tolerante y consensuada. La inclusión de normas éticas y principios morales en las políticas públicas del estado social, es cada vez más legítima si se quiere que el Estado cumpla cabalmente su rol de integración social.

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La ética cívica en el desarrollo político y social del Estado republicano

1La transformación del Estado republicano se viene dando de una manera muy acelerada en los últimos años a nivel nacional e internacional. La sociedad moderna es cada vez más una sociedad comprometida con esa transformación, pues se ha hecho muy consciente de que a través de la participación ciudadana el Estado puede cambiar y cumplir con los objetivos que se ha propuesto en la democratización del poder y en la integración social.

2La institucionalidad del Estado, el desarrollo de sus políticas públicas y la participación social, son tres aspectos de la organización de la vida en sociedad que tienen que estar al servicio de toda la ciudadanía. Sin esto, no es posible hablar de los valores de justicia social y equidad económica, derechos humanos, toma de decisiones y libertades de participación, entre otras características que definen al Estado democrático moderno.

3Venezuela no ha escapado a estos procesos de transformación del Estado, que en parte se deben a dos tipos de causas. Unas internas, como por ejemplo, las frecuentes crisis de legitimación del sistema político; y, otras externas, por ejemplo, el impacto de la economía liberal que impone la globalización en la América Latina.

4Entre nosotros, las fuertes crisis de legitimidad y la insurgencia de movimientos de protestas, marcan significativamente ese estilo con el que se gobernó al país durante los últimos cuarenta años de democracia representativa. Una fecha que resalta en la cronología de la historia reciente, es el mes de febrero de 1992, cuando un grupo de militares comandados por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, participan en un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.

5Los nuevos escenarios que se han abierto a la vida pública del país están dejando al margen antiguas prácticas de partido, porque cada vez más la ciudadanía está generando por vía de los procesos electorales y de referéndum, el cuestionamiento político y la crítica moral de la gestión de sus gobernantes, líderes y dirigentes, tanto de quienes actúan en representación del Estado como de los grupos que representan a la sociedad civil. Este episodio de nuestra historia institucional pone en evidencia muchas debilidades del sistema político venezolano, que descubiertas en aquel momento continúan presentes dentro de un proceso de transformación  política, social y económica, que intenta erradicarlas.

6Es de suponer que las transformaciones del Estado van orientadas hacia una competencia del ejercicio del poder donde las responsabilidades que nacen y nutren las relaciones sociales y las gubernamentales, deben resultar de una coordinación de fuerzas entre el Estado y la ciudadanía. Una de esas relaciones está basada en el reconocimiento e importancia que tienen los procesos electorales y de referéndum consagrados en la Constitución de la República y en otros sistemas de regulación de la conducta cívica, como la vía institucional para obtener el adecuado equilibrio entre el Estado y el espacio público de la sociedad.

7 El énfasis en la aplicación y cumplimiento de principios éticos en la vida política y ciudadana, es uno de los elementos de recomposición y transformación que entra en la nueva concepción del Estado social. Hoy día la ética cívica es cada vez más un referente en la toma de decisiones políticas a través de cualquier medio deliberativo o electoral; de eso van a depender los grados de legitimidad que alcance el Estado.

8 Precisamente, nuestro propósito es tratar de profundizar en el rol de integración social que cumple la ética cívica, analizar qué valores se proponen para orientar las decisiones y elecciones que políticamente puede aceptar la ciudadanía, para actuar según se promuevan las estrategias (políticas públicas) que implementa el Estado para ejercer la gobernabilidad con el propósito de lograr el mayor consenso posible.

9El logro de un Estado social donde el concepto de democracia esté asociado y ampliado éticamente, va a ser determinante para el desarrollo de una vida ciudadana que permita efectivamente la democratización del poder que se concentra en la gestión de una toma de decisiones políticas que deben ser cada vez más públicas y populares. El Estado debe procurar resolver los conflictos y lograr el desarrollo sustentable de la sociedad sin discriminaciones. En la medida que el ejercicio del poder se encuentre relacionado con una conciencia moral y cívica, pública, que lo confirme o niegue; entonces, estaremos en presencia de una formación social capaz de crear una cultura de la participación basada en normas éticas, según sea el consenso o la crítica política: lo que implica la co-responsabilidad del ciudadano en la discusión y negociación de las decisiones que se deben tomar a través de los procesos electorales o de referéndum.

Ejercicio del poder y responsabilidades éticas de la democracia ciudadana

10La efectividad de la gobernabilidad del Estado se vincula directamente con aquellos valores morales que le sirven de práctica social. Hoy, más que en otros momentos, la ciudadanía busca y reclama la aplicación de las leyes de acuerdo a principios éticos. En Venezuela, desde los años de la década de los noventa hasta el presente, se ha puesto en evidencia  no sólo la crisis política de la IV República, sino el grave y complejo deterioro de la institucionalidad del poder local y de la sociedad civil empresarial y oligárquica, para cumplir con las leyes de la Constitución de la República y los principios éticos de la misma. Esto es así porque el Estado genera un sistema de responsabilidades con el que está comprometida la conducta social de los ciudadanos, no sólo en su referencia con el ejercicio del poder político, sino también con las responsabilidades éticas que se desprenden del ejercicio administrativo o institucional del poder político.

11Esta dimensión de lo público en la que el ciudadano y los representantes e instituciones del Estado se insertan, es de suma importancia para la comprensión de los procesos políticos y las toma de decisiones, a través de los cuales la participación ciudadana define y consiente esos valores éticos sobre los cuales se hace posible el libre ejercicio de los derechos que el propio Estado le otorga a la ciudadanía. Ello significa que tanto en la gestión de gobierno central como en la local, las personas elegidas para representar al colectivo social deben gozar de la adecuada credibilidad a la hora de la toma y aplicación de decisiones públicas. La ética social y administrativa del Estado queda, pues, comprometida con la ética particular y profesional de los funcionarios que están a su servicio.

12Entonces, la obediencia al Estado con respecto al cumplimiento de las leyes, se basa en las normas legales, pero también, y quizás, más aún, en las normas éticas y morales que lo legitiman desde el ejercicio práctico con el que la ética cívica y la moral pública, comprometen, repetimos, las acciones de los ciudadanos con la aceptación o rechazo de la gobernabilidad de la que se vale el Estado o los poderes locales, para su permanencia.

13De allí, vale destacar la importancia de ciertas preguntas que nos permitan investigar los siguientes asuntos: (a) cuáles son las relaciones sociales y políticas que se dan al interior de las estructuras de poder, dirección y mando del Estado como ente generador de los principios éticos que deben regular las instituciones públicas; (b) qué prácticas éticas implementa el gobierno nacional y local a fin de construir procesos de participación en la toma de decisiones que sean  efectivamente honestos, justos y equitativos, donde la ciudadanía esté plenamente representada y liberada de mediaciones partidistas, sectarias, etc., que menoscaben su autonomía y poder ciudadano.

14La densa trama de interacciones que se desarrolla entre Estado, poderes locales y ciudadanía, pone de relieve la importancia del rol de integración social de la ética cívica en el análisis de los poderes públicos a través de los cuales el ciudadano busca más participación y respuestas a sus problemas. Por otra parte, el referente ético y moral sirve para revalidar la justicia como un bien común para todos los individuos, en la medida que la justicia sea sinónimo de los cumplimientos éticos y morales en los cuales se fundan las leyes.

15Un estudio de esta naturaleza, que busque determinar el rol de integración política que cumple la ética cívica en la sociedad, nos permitirá entender en gran parte la crisis de la política y algunas de sus principales causas. Es en la política donde efectivamente el ciudadano entra en relación con la gestión del poder público que genera el Estado para organizar la sociedad, y darle su identidad en cuanto tal, con el propósito de que los conflictos y problemas sociales puedan ser resueltos en pro del beneficio de todos.

16En Venezuela, por ejemplo, el Estado se ha venido nutriendo de un discurso donde el referente a la moral pública y a la ética cívica se ha hecho regular y continuo. Se han introducido en el discurso político y en los procesos de publicidad electoral variables de orden ético que le han permitido al Estado enfrentar y superar con un declarado respaldo social y popular, las tremendas crisis que se le han presentado. Entre otras, por medio del paro petrolero convocado por la sociedad civil a través de la CTV, FEDECAMARAS, Iglesia, PDVSA, de diciembre de 2002 a marzo de 2003.  

17El Estado  enfrentó el conflicto social desde la perspectiva de la ética cívica como conducta que le permitía reconocer y exigir el cumplimiento de las leyes, la obediencia que le debe el ciudadano al orden jurídico y las respectivas responsabilidades particulares y colectivas a las que los ciudadanos están obligados. Esa postura le permitió al Estado manejar, dentro de una compleja violencia política, cívica e institucional, una de las crisis más agudas que ha vivido la democracia venezolana. La intervención del Estado se centró en reforzar los valores democráticos de la política y la legitimidad del Estado, en todos los escenarios. En ningún momento dejó de actuar en el marco de sus competencias legislativas, y aplicar a los efectos medidas que garantizaran el orden normativo de la sociedad sin recurrir a la violencia extrema. Además, validó sus principios democráticos con criterios y argumentaciones que apelan a la voluntad común y al interés compartido de los ciudadanos a la hora de superar conjuntamente las crisis.

Entre el Estado, la política y la ética cívica: una perspectiva crítica para las libertades públicas

18Por mucho tiempo se había entendido que las relaciones entre el Estado (sociedad política) y la ciudadanía (sociedad civil) eran relaciones de fuerza, donde la sociedad civil permanece casi inevitablemente sometida por la regulación del poder del Estado. Entre una sociedad y la otra, no han dejado de generarse problemas por la forma en que se ejercía el control social a través del poder del Estado.

19Diversas teorías acerca del “contrato social” (individualistas, utilitaristas, socialistas, liberales, etc.), entre el Estado y los ciudadanos, buscan justificar la maximización del Estado y la minimización de la ciudadanía, o a la inversa, sin poder conciliar un status intermedio que permita un punto de equilibrio entre ambas esferas. Es posible que todavía estemos muy lejos de esa utópica sociedad autorregulada y libre políticamente. Sin embargo, la idea política que una sociedad más justa es posible sigue animando a los ciudadanos y al mismo Estado, hacia un ejercicio de la política donde la democracia se profundice de manera radical mediante el reconocimiento de los valores éticos y las responsabilidades que éstos hacen vigentes. Sobre todo, cuando a la ciudadanía se le da la oportunidad de ejercer su derecho a elegir y decidir sobre quienes pueden ser sus gobernantes, y de igual manera, cuando considera que deben ser removidos o sustituidos de sus cargos.

20En ese sentido, se buscan instituciones y representantes del poder cada vez con mayor grado de conciencia y responsabilidad ética en la toma de decisiones. Esta aptitud de asumir la política en términos de valores abre el campo de la ética como un elemento de conciliación entre el Estado y la sociedad civil, que puede permitir dirimir, y resolver, los conflictos propios de la política, y alcanzar acuerdos o toma de decisiones suficientemente razonables para plantear los problemas y aceptar soluciones compartidas a partir de acuerdos en común.

21En ese sentido es de importancia reflexionar seriamente y considerar con toda pertinencia que es necesario, cada vez más: i) situar en el contexto político el rol de integración social de la ética; ii) caracterizar las decisiones que asume el Estado a través de las prácticas políticas para cumplir con su rol dirigente en la sociedad, al tiempo que se debe evaluar el impacto de sus políticas públicas a través de estas decisiones, acciones y hechos que vinculan al Estado con el desarrollo y conformación de la ciudadanía.

22En ese orden de ideas, sería importante proponer el estudio de las relaciones entre la ética, entendida como una acción cívica o pública que exhorta normativamente al cumplimiento de los deberes y derechos; y: i) la integración social de la ciudadana que propicia el Estado a través de los procesos electorales y de referéndum; ii) también de la dirección ideológica que propicia el Estado de acuerdo a sus fines con el propósito de legitimarse democráticamente; iii) y, finalmente, las gestiones de participación que lleva a cabo el gobierno a través de proyectos sociales y económicos que les ofrece o les solicita el colectivo social.

23En tal sentido, se podrán interpretar las prácticas electorales y de referéndum a través de las cuales se legitima el Estado y los gobiernos locales como una estructura orgánica que promueve  obediencia a través de la participación en la gestión de gobernabilidad, las que son asumidas no sólo desde el punto de vista del ordenamiento jurídico que las establece; sino también, desde la moral pública que le sirve de consenso.

Los actores sociales de la ética cívica: los fines comunes

24El Estado y la ciudadanía son los dos actores principales que dirigen las sociedades modernas. Las relaciones entre estos actores son de diversa naturaleza: políticas, ideológicas, económicas, religiosas, morales, éticas, entre otras. Se puede decir que esas relaciones debieran estar orientadas a la integración social entre ciudadanos y Estado, ya que se trata de alcanzar un óptimo de garantías que les permita a unos y otros una seguridad normativa e institucional que favorezca la paz y los beneficios mínimos para todos. Sin embargo, en momentos de crisis y en épocas de conflictos, estas relaciones se desarticulan seriamente, desde el punto de vista de la estabilidad del sistema normativo y político que les sirve de soporte. Se pone en peligro, entonces, la legitimidad necesaria que requiere la democracia formal para desarrollarse.

25La conflictividad social no siempre tiene salidas económicas inmediatas; más bien, estas salidas casi siempre dependen de otros factores de carácter ideológico y discursivo. Siempre se hace necesario buscar y lograr salidas que propicien caminos seguros a través del consenso y la argumentación. Para el logro de ese objetivo, la ética cívica viene cumpliendo en la ciudadanía un rol de integración política preponderante. Ya no es suficiente convocar a los ciudadanos a participar para decidir a favor o en contra desde una tolda política; ahora, se trata de crear una conciencia de ciudadanía en la que todos se reconozcan como actores, pueblo y sociedad, dentro de un Estado en el que todos reconocen su participación y su responsabilidad en un espacio de convivencia diaria.

26Uno de los mecanismos de los que aún se vale la democracia formal para lograr grandes márgenes de aceptación de la participación ciudadana, es el de los procesos electorales y de referéndum. Por medio de ellos, tanto el Estado como la sociedad civil pueden entrar a validar sus fuerzas de consenso y disenso sobre la aplicación de las políticas públicas del Estado que se generan en torno a los problemas y conflictos que resultan de la injusticia, la inequidad y la exclusión social.

27En los últimos años, Venezuela se ha convertido en un escenario nacional e internacional donde los procesos electorales y de referéndum se han convertido en la fórmula más democrática de participación ciudadana. Esto ha puesto a prueba tanto la capacidad del Estado como de la sociedad civil, para luchar por una representación, reconocimiento e identificación suficiente que les permita a ambos negociar y resolver los problemas que les afectan, porque el análisis y las decisiones meramente “partidistas” de los conflictos no fueron suficientes para lograr los equilibrios de las crisis que vivió el sistema.  Se ha intentado, entonces, asociar la práctica política con las responsabilidades éticas de la ciudadanía y del Estado. Esto ha dado origen paulatinamente a una opinión pública que puede reflejar y representar mucho más de cerca los intereses de la mayoría social.

28Esta relación a la que hacemos particular referencia, es cada vez más estudiada y profundizada en la teoría política del Estado, porque uno de los principales grados de legitimación que logra el Estado depende cada vez más del reconocimiento de la ética como un sistema de valores que pueden servir adecuadamente para propiciar una participación en la toma de decisiones, y un activismo político que incorpore a la ciudadanía a las políticas públicas del Estado y a los procesos de deliberación nacional..

29 En la medida que el poder del Estado esté comprometido con una sociedad que se funda en valores éticos, las libertades para la coparticipación de esa sociedad estarán en pro de las fortalezas de ese Estado y de la propia sociedad.  El bienestar social que debe disfrutar la ciudadanía es responsabilidad de todos; por tanto, se deben afinar los procesos de gobernabilidad que favorezcan la toma de decisiones políticas que hacen posible discutir y elegir las respuestas que se le deben dar a los principales problemas del país.

30Este planteamiento nos llevaría directamente a una concepción de una ética cívica asociada al desarrollo de un Estado social, que plantea que el logro de la justicia y del bien social pasa por decisiones públicas que comprometen la acción del Estado y la reacción del ciudadano. Entre Estado y sociedad civil debe darse una correspondencia tal que le permita tanto al Estado como a los ciudadanos lograr fines comunes y equivalentes. La educación democrática de la sociedad estará cada vez más definida por una ciudadanía consciente de incorporar la ética cívica en el desarrollo de las de políticas públicas y la participación ciudadana en los asuntos del Estado.

31En este texto se trata de marcar pues, el rol de integración política que cumple la ética cívica en la participación ciudadana que se propicia en la sociedad por parte del Estado. En especial, aquella orientada por los procesos electorales o de referéndum en el marco de la crisis de representatividad del sistema político.

32Estos procesos (electorales y de referéndum), son instancias y mediaciones para la toma de decisiones éticas generalizables, que efectivamente pueden alcanzar el rango de aceptación o rechazo de los procesos de gobernabilidad del Estado. Apoyados en una investigación, por un lado, de hermenéutica  documental, y, por el otro, descriptiva de campo, se puede estudiar el impacto de los valores éticos en las decisiones políticas a través: i) del análisis de las conductas sociales que generan los actores sociales y líderes políticos; la opinión pública generada por los medios de comunicación social privados y del Estado (comunicados de prensa, entrevistas, reportajes, programas de opinión, etc); ii) los decretos, las leyes, la Constitución de 1999; iii) entrevistas a parlamentarios y concejales regionales, miembros de asambleas, dirigentes vecinales, representantes  de ONGs, entre otros de los grupos, sectores, de la sociedad.

33A través de los resultados de los procesos electorales y de referéndum, se puede porcentualizar y diagnosticar (a través de una encuesta), la tendencia de la ciudadanía hacia respuestas sociales y políticas con un vigoroso desarrollo de la opinión pública y de las prácticas discursivas de la sociedad de acuerdo a principios de convivencia éticos.

34 Se verá, entonces, la innegable importancia de los valores éticos a la hora de emitir juicios y opiniones políticas. El comportamiento de los individuos en sociedad no está divorciado en modo alguno de criterios y prácticas valorativas. Es más, éstas están inducidas por los principios generales de la justicia, el bien, la verdad, la paz, la tolerancia, el derecho a la vida, la solidaridad, la fidelidad a las ideas, la responsabilidad, los intereses compartidos, etc.

35Esto confirma la posibilidad que se le ha otorgado a la ciudadanía de ser coparticipe en la mayoría de los procesos deliberativos, consultivos, etc., que tienen que ver con la legalidad y legitimidad del Estado, lo que le ha valido un protagonismo muy bien reconocido. En Venezuela, para concluir, la propia Constitución recoge en su letra la noción del poder moral del pueblo. Lo que representa un significativo avance en la cuestión de las responsabilidades éticas que tienen todos los ciudadanos que están representados y comprometidos políticamente con el desarrollo de un Estado social en el que los derechos humanos y el derecho a la vida sea su principal objetivo.

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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Álvaro B. Márquez-Fernández, « El rol de integración política de la ética en la sociedad civil », Polis [En línea], 13 | 2006, Publicado el 14 agosto 2012, consultado el 24 junio 2017. URL : http://polis.revues.org/5459

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Autor

Álvaro B. Márquez-Fernández

Filósofo venezolano, doctor en filosofía de la Universidad de París. Profesor-investigador del Doctorado en Ciencias Humanas y el de Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia, Venezuela. Director de la revista Utopía y praxis latinoamericana, de dicha universidad., amarquezfernandez@gmail.com

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