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Lente de aproximación

El estado de la seguridad ciudadana en Chile

L’état de la sécurité publique au Chili
The state of public security in Chile
Ibán de Rementería

Resúmenes

Este artículo desarrolla, desde una perspectiva crítica, un detallado “estado del arte” de la temática de “seguridad ciudadana” en Chile, delineando cómo esta problemática obedece más bien a una percepción de inseguridad instalada en la ciudadanía desde los medios de comunicación, y legitimada por los expertos interesados en asegurar la sostenibilidad de sus servicios en el emergente “mercado de la seguridad.” Se sostiene en el ensayo que en Chile la situación de seguridad ciudadana es la mejor de América Latina, superior a la de los Estados Unidos de América y similar a la que prevalece en los países de Europa, y que sin embargo las encuestas de opinión indican que la población siente un temor creciente ante la acción de la delincuencia, sobre todo porque sus actores son jóvenes que emplean la violencia.

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El asunto de la seguridad ciudadana en Chile

Antecedentes

  • 1  De Rementería, I.: Delincuencia y Drogas en Chile, Revista Mensaje # 250, julio 2003, Santiago de (...)

1Pese a que en Chile la situación de seguridad ciudadana es la mejor de América Latina, superior a la de los Estados Unidos de América y similar a la que prevalece en los países de Europa1, las encuestas de opinión indican que la población siente un temor creciente ante la acción de la delincuencia, sobre todo por que sus actores son jóvenes que emplean la violencia. Es innegable que el asunto de la seguridad ciudadana se ha convertido en el principal tema del debate público y la preocupación social. Tanto la formulación restringida del asunto como un problema de prevención y control de la delincuencia, como su comprensión más amplia de los derechos fundamentales de la humanidad a la vida, la integridad personal y la libertad, ampliados ahora con el reconocimiento universal de los derechos al trabajo, al uso de los recursos naturales, la salud, la educación, la vivienda, un medio ambiente saludable, etc., plantean en su conjunto un complejo proceso de comprensión y gestión de los riesgos a los cuales se ven sometidos los individuos, las comunidades y las sociedades contemporáneas en la procura de sus fines.

  • 2  Peretti-Watel, P.: La Société du Risque. La decouverte, Paris, 2001.
    Coubert, J.: La Era del Riesg (...)

2En términos generales, la seguridad humana se ve afectada por los riesgos en el campo de los derechos humanos, de las amenazas al medio ambiente –efecto invernadero, capa de ozono,...– que llamamos riesgos ecológicos; también estamos amenazados por los riesgos tecnológicos como en los casos del empleo de la energía atómica, el transporte masivo, la preservación de alimentos, el uso de transgénicos, la vigilancia y control a la vida privada, etc.; asimismo, hay conductas personales de riesgo como la conducción de automóviles –de hecho es lo que más morbilidad y mortalidad causa entre niños, jóvenes y adultos–, el tabaquismo, el uso equívoco de medicamentos y el abuso de drogas. Finalmente, las conductas delictuales cualquiera que estas sean, independientemente de sus orígenes y causas, son conductas de riesgo tanto para las víctimas como para los victimarios. La gran paradoja de la contemporaneidad es que a menores peligros evidentes de nuestra civilización, a mejor calidad de vida en lo cotidiano, mayores riesgos nos amenazan2.

3La seguridad ciudadana restringida a la prevención y control de la delincuencia ha adquirido una preponderante importancia objetiva y subjetiva sobre otros temas sociales como la lucha por la superación de la pobreza, la accesibilidad a los servicios básicos –agua, saneamiento, energía, comunicaciones, etc.– y provisión de servicios sociales –salud, educación, vivienda, etc.–; es más, la lucha contra la pobreza y sus consecuencias sociales y culturales de marginalidad y exclusión es subordinada al carácter criminógeno de aquella, es decir, la lucha contra la pobreza –la inversión social– no parecería tener por propósito satisfacer los derechos de los pobres sino prevenir que delincan.

4En los países desarrollados, si bien la pobreza como insatisfacción de las necesidades básicas es poco significativa, en cambio la marginalidad en la satisfacción social y la exclusión de los bienes culturales para un importante sector de la población, sobre todo de jóvenes e inmigrantes, es el principal factor criminógeno de esas sociedades.

5Entre tanto, en los países en desarrollo, a la insatisfacción social y frustración cultural de los sectores medios, se debe agregar que la mayoría de la población, sobre todo de jóvenes y mujeres, para satisfacer sus necesidades básicas deben de incluir entre sus estrategias de sobrevivencia de manera transitoria o permanente, a actividades ilícitas –comercio informal, prostitución...– o delictuales –microtráfico, hurto ...–, cuando no francamente criminales –secuestros u homicidios por encargo–, lo que hace del conjunto de la realidad social un vasto factor criminógeno.

6Las transiciones demográficas –migraciones, familias monoparen-tales...– y sus consecuentes cambios valóricos –“pérdida de las buenas costumbres”, del ”principio de autoridad”...– pero sobre todo la individuación social y la univocidad cultural instalada por las estrategias de promoción y mercadeo comercial, han roto las tradicionales estructuras de solidaridad social y las prácticas de tolerancia cultural, validando al empleo de la violencia como estrategia de sobrevivencia personal y, a la vez, legitimándola como instrumento de control social por parte de la autoridad. Así, la instauración de la violencia como modalidad preponderante para alcanzar metas personales, colectivas o institucionales llega a su paroxismo con el terrorismo. Bien podemos decir, después del 11 de septiembre del 2001, que la era de la globalización ha culminado en la era del riesgo.

7Finalmente, en cuanto a la representación de lo real, las actuales tendencias a la privatización de la responsabilidad pública del control social, y sus agentes, promueven la insegurización social, construyen el imaginario colectivo del enemigo interno o enemigo de la sociedad –el delincuente, el criminal, el psicópata– e instauran la desconfianza hacia los otros o lo no conocido, con la finalidad de generar una demanda por seguridad y un conjunto de productos y servicios para satisfacerla: tal es el actual mercado de la seguridad. Las contradictorias conclusiones de los estudios sobre victimización y temor, muestran claramente que las percepciones de la población no se corresponden con sus experiencias sino que, por el contrario, expresan las opiniones que han sido instaladas desde los medios de comunicación y legitimadas por los expertos interesados en asegurar la sostenibilidad de sus servicios en esos mercados.

El Problema: seguridad ciudadana y delincuencia

8El problema de la seguridad ciudadana en un barrio es planteado de manera paradojal por dos expertos españoles en la investigación social participativa, de la siguiente manera:

  • 3  Villasante, T.R., Montañez, M. y Martí, J.:La Investigación Social Participativa. Construyendo Ciu (...)

“Cuando un investigador se acerca… y pregunta por la violencia… puede que lo primero que le digan es que hace falta mas policía, mas mano dura, etc. Pero si uno tiene la oportunidad y la paciencia de escuchar…, es posible que acaben por decirnos que la última vez que la policía se presentó en el barrio todo fue un desastre, que todos los vecinos, hombres, mujeres, niños y ancianos fueron apaleados”3.

9Pero no tan sólo los testimonios pueden ser paradojas en seguridad ciudadana, la aplicación del método científico para recoger la información también recoge las paradojas. Así tenemos que:

  • 4  Op.cit. p. 20.

“Si en ese mismo barrio hubiésemos hecho una encuesta con respuestas cerradas, probablemente habríamos obtenido una mayoría de respuestas a favor del aumento de la dotación policial, pero si hubiésemos realizado entrevistas abiertas nos encontraríamos con una población que no se muestra tan partidaria del aumento de la policía”4.

10Esa paradoja tiene una primera explicación en la natural actitud defensiva de los individuos de la comunidad barrial frente a la sociedad en su conjunto, ya que:

  • 5  Op.cit. p. 20.

“Para empezar, es posible que las personas encuestadas al hablar con un extraño (el encuestador), encuentren, en dar una respuesta positiva al aumento de la policía, una forma de diferenciarse de los estereotipos que los medios de comunicación han podido construir sobre el barrio. Es el mecanismo utilizado para decirnos que ellos no pertenecen al sector marginal y delictivo del barrio, y que la mayoría de las familias que habitan en el mismo participan de los mismos valores de respeto y orden que articulan la convivencia en el conjunto de los municipios y barrios de España”5.

11Además es necesario buscar el contenido real que está implícito en las paradojas de los discursos sobre la vida cotidiana, por lo tanto:

  • 6  Op.cit. p.21.

“Si analizáramos los discursos, nos daríamos cuenta que cuando se habla de aumentar la policía en realidad de los que se habla –o lo que subyace tras esta afirmación– es de eliminar la droga del barrio; y que cuando se habla de la droga, no se habla de una sustancia cuya ingestión puede afectar mas o menos a la salud de quienes la consumen…, sino que se habla del deterioro económico y social que el barrio desde hace tiempo está padeciendo. Y lo que se reclama es un ordenamiento de la vida social capaz de garantizar una convivencia tranquila (en paz) y en armonía entre los habitantes de la zona, que no posible hoy porque el maltrecho tejido social del barrio (resultado de la crisis económica y social) no ofrece cauces solventes con los que articular la cohesión social”6.

12Sin embargo, el debate actual sobre la seguridad ciudadana se caracteriza por dos hecho centrales: primero, su reducción al mayor o menor impacto real o virtual de la acción delictual en la vida cotidiana, y; segundo, hasta ahora los discursos sobre el control del delito se limitan a prevenir las circunstancias de su ejecución, cuando de lo que se trata es de prevenir las causas sociales de su origen, en el bien entendido de que no se pretende tampoco reducir la explicación de los hechos delictuales al carácter criminógeno de la pobreza.

El delito como hecho social

13La mayor parte de los hechos delictuales son la consecuencia de conflictos intracomunitarios no resueltos que se originan en el autoritarismo político, la intolerancia cultural, la insolidaridad social y la pobreza económica, pero además, se instalan y desarrollan debido a la incapacidad de las comunidades para asumir, procesar y resolver sus conflictos. Así tenemos que cerca del 90% de los homicidios son el resultado de conflictos intrafamiliares, entre vecinos o amigos; asimismo, entre la tercera parte y la mitad de las emergencias atendidas por Carabineros son conflictos intrafamiliares o entre vecinos. Además, este proceso de externalizaciónde los conflictos intracomunitarios por parte de los actores de las mismas comunidades es promovido por las autoridades políticas como modalidad de legitimación del poder y de control social.

14Es por eso que las comunidades explicitan sus demandas de seguridad ciudadana solicitando la instalación de nuevos puestos policiales o la ampliación de los existentes, el aumento de los contingentes y la provisión de equipos, sobre todo de medios para la vigilancia y el patrullaje. La institución municipal y las instancias de gestión local de la administración pública nacional responden a esas demandas con la provisión de instalaciones, equipos, vehículos, insumos y combustible para las unidades policiales localizadas en sus dominios. El sector privado otorga similares colaboraciones. Finalmente, los municipios en la medida de sus posibilidades implementan sus propios cuerpos de seguridad local, los cuales más allá de los reales impactos en la prevención y control del delito, tienen la doble virtud de mejorar la sensación de seguridad de los vecinos y las expectativas electorales de sus promotores. Las iniciativas populares de fiscalización de la acción contra el delito de la policía y el Poder Judicial también están mostrando sus réditos políticos.

El delito como dato

Cuadro # 1
Denuncias, aprehensiones y condenados por robo
Casos por 100.000 habitantes, años 1985-2001

Cuadro # 1Denuncias, aprehensiones y condenados por roboCasos por 100.000 habitantes, años 1985-2001

Fuentes: Fundación Paz Ciudadana: Anuario de Estadísticas Criminales, Santiago de Chile, 1996 - 2002.

15En el país se ha ido instalando una construcción ideológica –un constructo– que afirma y denuncia el crecimiento de la delincuencia en los últimos años; es más, demuestra con datos aparentemente incontrovertibles que tan grave situación está aconteciendo. Dado que los hechos sociales son el producto de las intervenciones que en la sociedad se hacen, veamos cuales son las características cuantitativas del fenómeno delictual en Chile y las causas de sus actuales representaciones.

  • 7  López Regonesi, E.: Reflexiones acerca de la Seguridad Ciudadana en Chile. CEPAL, Serie Políticas (...)

16Si tomamos las series históricas disponibles sobre algunos delitos que preocupan a la opinión nacional por la importancia cuantitativa que ellos tienen, como el robo y el hurto, o por la gravedad de ellos, como el homicidio y la violación, constatamos cambios en cada una de las tres instancias de reacción frente al delito: las denuncias de las víctimas, las aprehensiones de la policía y las sanciones aplicadas por los tribunales de justicia. En cuanto al robo, el delito más importante por su mayor recurrencia, considerando su variación en términos del número de casos acontecidos en un año por cada 100.000 habitantes (ver gráfica # 1), tenemos que entre los años 1985 al 2001 las denuncias variaron de 526.4 a 857.5 casos, mientras que los aprehendidos por este delito pasaron de 112.2 a 194.6, en tanto que los sancionados pasaron de 26.7 a 47.6 por cada cien mil habitantes7.

17A primera vista las cifras muestran que las denuncias por robo fueron mayores que las aprehensiones y las personas sancionadas por ese delito, pero, en esos 17 años las denuncias crecieron menos que las aprehensiones y el numero de sancionados por los tribunales, (66.3%, 73.4% y 78.3% respectivamente). Entonces, lo cierto es que la policía y los tribunales han tenido una mayor reacción ante el delito que la población.

Aumentar Original (jpeg, 116k)Fuente: Vargas, G.: Delincuencia en Chile: problemas y desafíos. Fundación Paz Ciudadana, junio 2003, Santiago de Chile.

  • 8  Hemos utilizado la información de la Fundación Paz Ciudadana en razón de abarcar un período tempor (...)

18Ese período se divide en dos tramos bien diferenciados, entre 1985 y 1995 los datos por robo permanecen estables, mientras las denuncias caen en 3%, las aprehensiones crecen un 6% y los sancionados en 7.5%, pese a lo que se diga, según la información disponible, los tribunales se muestran más perseverantes que la policía y ésta que los ciudadanos en la lucha contra la delincuencia. Luego, en 1997 se inicia el aumento sostenido tanto de las denuncias y aprehensiones como del número de condenados por robo, concentrándose en esos cinco años alrededor del 60% del aumento de los tres indicadores del período. En general acontece lo mismo para los otros delitos contra las cosas; en cambio los delitos contra las personas permanecen estables o disminuyen, excepto el caso del robo con violencia, sobre el cual sólo tenemos información discriminada del robo con fuerza desde 19958.

19Tres situaciones se plantean en ese momento de inflexión de las estadísticas delictuales en Chile durante el año 1997: el inicio de la crisis económica, la aparición de las campañas comunicacionales de la Fundación Paz Ciudadana y la instalación de la reforma procesal penal.

La crisis económica

20Está reconocido por los expertos que las crisis económicas con sus características de aumento del desempleo y de precariedad laboral junto con la incertidumbre en la micro empresa generan un estado de cosas que induce a quienes las padecen a conductas delictivas de poca importancia para sobrevivir, –comercio callejero, prostitución, pequeños robos en el comercio, etc.– y a la escalada hacia delitos de mayor impacto social –hurtos, robos, asaltos–. La correlación entre el aumento de los jóvenes que participan en hechos delictivos y el fuerte aumento del desempleo juvenil aparece clara, pese a que el crecimiento de la delincuencia juvenil es más lento que el aumento del desempleo de ese grupo etáreo.

Las campañas sobre la delincuencia

  • 9  En otro trabajo ejecutado a esa fecha mostraba como la delincuencia en Chile estaba disminuyendo, (...)

21Durante los dos últimos gobiernos de la Concertación, las campañas de la Fundación Paz Ciudadana9 han logrado mantener a la delincuencia entre las primeras cinco preocupaciones de la opinión nacional junto con la pobreza, la salud, la educación y el empleo (ver cuadro # 2). Esa era la primera preocupación entre 1991 y 1992 con cerca de un 65% de las preferencias, muy por encima de las otras cuatro, la cual cayó su punto más bajo en 1996 con un 28% de preferencias, por debajo de la pobreza y la salud, elevándose el año 1998 a más de 40%, para caer al 37% el 2000 por debajo de las preocupaciones por el desempleo, la pobreza y la salud.

Cuadro # 3. Percepción del delito. Resultados comparativos de encuestas: cantidad, tipo y futuro de la delincuencia Años 1996-2003, en tantos por ciento

Cuadro # 3. Percepción del delito. Resultados comparativos de encuestas: cantidad, tipo y futuro de la delincuencia Años 1996-2003, en tantos por ciento

Fuente: Fundación Paz Ciudadana, Delincuencia y Opinión Pública, enero 2003 y agosto 2003, Santiago de Chile.

22También ha variado la percepción de la población sobre la cantidad, tipo y futuro de la delincuencia en el país. Algo así como el 60% de la población opina que en seguridad ciudadana las cosas están mal (ver cuadro # 3), no obstante entre 1996 y el 2002 esa percepción de gravedad disminuyó constantemente, para recién manifestar un quiebre al alza en ese año 2003 (agosto). Ese repunte del pesimismo sería el buen resultado de la campaña en la cual están empeñados tanto la oposición como el Gobierno.

La reforma procesal penal

23La instalación informativa así como el inicio de la aplicación de la reforma procesal penal en la IV y IX –Coquimbo y Araucanía– acontece en esa misma época. El aumento diferenciado de las denuncias en esas dos regiones con relación a la media nacional es clara (ver el cuadro # 4), mientras que entre 1997 y 2001 el crecimiento de las denuncias a nivel nacional fue del 53%, en Coquimbo fue de 98% y en Araucanía de 138%, lo cual no señalaría un aumento de los delitos sino que un aumento de la confianza de la población en el nuevo sistema procesal penal, ya que en ninguna otra región se produjo tal crecimiento de denuncias, excepto en la XII, que solamente representa el 0.6% de las denuncias del país.

Cuadro # 4

Cuadro # 4

Denuncias por robo. Casos por 100.000, años 1993-2001. Fuente: Fundación Paz Ciudadana: Anuario de Estadísticas Criminales, Santiago de Chile, 2002.

Buscar en otras experiencias

24La actual construcción del problema de la delincuencia planteado en los términos del paradigma que lo niega como un resultado de los conflictos sociales y simplemente se conforma con culpabilizar a sus actores como enemigos externos a la sociedad, no lo hace vulnerable a ninguna intervención posible que lo resuelva, que no sea una escalada en ascenso de la represión seguida por un crecimiento constante en el empleo de la violencia en los actos delictuales.

25Los ejemplos de las peripecias pasadas por las sociedades modernas y sus autoridades para controlar el alcohol, las drogas y el VIH-SIDA son buenas lecciones. En el caso del alcohol la solución no se encontró en la guerra a su consumo y provisión sino que en normarlos, ya que como se sabe la ley seca en los Estados Unidos de América a comienzos del siglo pasado, sólo aumentó la delincuencia e instaló la estructura mafiosa que hoy conocemos. En el caso de las drogas únicamente los países que han ido decriminalizando su consumo así como normando su provisión han logrado resultados positivos, como es el caso de los países europeos que han adoptado la concepción y prácticas de minimizar riesgos y de reducción del daño. En el caso del VIH-SIDA se ha pasado de concebir este problema sanitario como una enfermedad incurable de poblaciones excluidas, a tratarla como una enfermedad crónica entre la población en general sin discriminar a segmentos de ella por su vulnerabilidad ni por su exposición a situaciones de riesgo.

26La reducción del daño como política para la gestión de los asuntos sociales es aplicable al tratamiento del delito; el empleo de menos medidas de seguridad y más cobertura de seguros tendría por resultado, como la otra parte de la ecuación, menos violencia en los hechos delictuales, así como un menor gasto privado y público en seguridad. Pero la prevención del delito sólo será posible trabajando directamente con quienes delinquen para sobrevivir y validarse socialmente en propuestas viables y creíbles en el uso alternativo de los recursos con que ellos cuentan.

27La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del INE y el Ministerio del Interior –2004– aporta algunas novedades a las ya divulgadas por Paz Ciudadana. Con relación a la importancia que la población le da a la delincuencia como problema nacional, según el INE, ésta estaría en el cuarto lugar por debajo de pobreza, desempleo y situación económica, en lo cual concuerda con Paz Ciudadana. Según el INE para el 80,5% de la población el delito ha aumentado, mientras que esa opinión es recogida por Paz Ciudadana en el 62.8% de los hogares.

  • 10  En realidad es sólo el 13% ya que sólo el 43% de los habitantes tiene automóvil.

28En cuanto a victimización, según esa Fundación el 40.8% de los hogares había padecido algún delito al terminar el año 2003. El INE ajusta la cifra a 45.5%. Los delitos más frecuentes son los hurtos en automóviles y domicilios, que han afectado al 47%10 de los hogares, el robo con sorpresa al 12.5%, el robo con violencia al 10.1% (Paz Ciudadana había separado este dato entre robo con violencia en los hogares, que es el delito más temido por la población, con 0.9% y asaltos en la vía pública con 9.9%) el robo con fuerza ha afectado al 8.2% de los hogares, además, el 5.4% de ellos han padecido delitos económicos.

  • 11  Universidad de Academia de Humanismo Cristiano –Escuela de Sociología–: Encuesta Nacional de Opini (...)

29Una novedad aportada por el INE es la opinión de la ciudadanía sobre las causas de la delincuencia: el 40.4% la atribuye a razones socio económicas (33.1% al desempleo y 7.3% a la extrema pobreza) mientras que casi la misma proporción, el 39%, lo atribuye a deficiencias del sistema de control al delito (19.3% falta de vigilancia policial, 17.8% bajas sanciones de la justicia y 1.9 % falta de rehabilitación). Por su parte, los estudios de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano indican que la población atribuye el delito a factores sociales en 67.6% (desagregados en cesantía 15.8%, falta educación 13.1%, falta oportunidades 13.1% y pobreza 12.6%), a factores psicosociales en 24.2% (drogas 9.9%, problemas familiares 6.9%) y a falta de control al delito en sólo 1.7% ( ineficiencia policial 0.5%, impunidad 0.3%)11.

30Para controlar a la delincuencia los expertos concuerdan en cuatro áreas de acción diferenciadas. La represión del delito se diseña y organiza con una política criminal y se ejecuta mediante el sistema penal. Esta no es una cuestión menor ya que la política criminal conviene y determina qué conductas sociales inaceptables por afectar los derechos de otros, son faltas, delitos o crímenes. La prevención situacional del delito se ocupa de organizar y equipar los espacios públicos y las instalaciones privadas, de tal manera que inhiban la ejecución de los actos delictuales. En este caso el delito no disminuye sino que cambia de escenario.

31Para hacer prevención social del delito es necesario preguntarse por qué algunas personas delinquen. Todas las personas están dotadas de un conjunto de habilidades y recursos que pueden emplear de manera lícita –sin afectar los derechos de otros– para satisfacer sus necesidades y deseos, así como los de su familia y dependientes; si en el empleo lícito de sus habilidades y recursos la persona ve frustrada la satisfacción de sus necesidades y deseos, los empleará de manera ilícita afectando los derechos de otros.

32Hay una teoría económica para el control del delito que postula un aumento de la represión penal –más conductas criminalizadas y mayores penas por los delitos– para elevar los costos de delinquir y así disuadir la conducta delictual –decisión racional–. Esa teoría desconoce que dada la impunidad generalizada, no es el cálculo racional la razón por la cual casi la totalidad de nosotros no delinquimos; no lo hacemos por temor a la ley penal, sino porque creemos que es mejor para el conjunto social que respetemos los derechos de los otros.

33La exclusión económica, social y cultural es para los excluidos la limitación de las posibilidades de emplear lícitamente sus habilidades –educación, capacitación, etc.– y recursos –capital, tierra, solidaridad, etc. – para satisfacer sus necesidades y saciar sus deseos, por lo tanto derivanentre lo ilícito –comercio ambulante, cuidado de autos, “macheteo”, prostitución, etc.–, lo delictual –micro tráfico, hurto, robo con fuerza, etc.– y lo criminal – tráfico de drogas, robo con violencia, crimen organizado, etc. El mayor riesgo para estas personas no está en delinquir sino en no delinquir.

34Los jóvenes merecen una especial atención, ellos sufren más accidentes, tienen más relaciones afectivas y sexuales, consumen más alcohol y drogas, emplean más la violencia y son la mayor parte de las víctimas, así como delinquen más que los otros grupos etáreos, porque están aprendiendo a manejar sus relaciones con el entorno social.

35La prevención social del delito debe ser construida mediante una prevención primaria que ofrezca reales y creíbles oportunidades a quienes están en “situación de riesgo”, es decir, que no pueden emplear sus habilidades y recursos en actividades lícitas de manera satisfactoria. La prevención secundaria debe ofrecer oportunidades de buen empleo de sus habilidades y recursos a quienes delinquen parcial o profesionalmente pero no están institucionalizados en el sistema penal. Finalmente, la rehabilitación, o prevención terciaria del delito, es la oferta para el buen uso de habilidades y recursos que debe hacerse a quienes están instituciona-lizados en el sistema penal.

La violencia social

36El empleo de la violencia en los hechos delictuales, que constituye lo que se llama el crimen, es el hecho delictivo que más preocupa a la sociedad y su crecimiento es el que más zozobra genera entre la población, tanto más cuanto más vulnerable sea ésta: personas mayores, niños, mujeres, discapacitados, mujeres embarazadas, etc. La violencia es una modalidad de resolución de conflictos que emplea el dolor para doblegar la voluntad del otro. Su uso sólo está socialmente aceptado y legalmente permitido a los particulares para repeler una agresión. El empleo legítimo siempre es monopolizado por el Estado para la defensa nacional, es un atributo exclusivo de las fuerzas armadas, así como para la defensa social en el mantenimiento del orden público y en la lucha contra el delito, con la instauración del sistema penal, que es un atributo de los tribunales competentes y las fuerzas del orden regidas por el derecho penal.

37Sin embargo, ante la imposibilidad de resolver los conflictos intracomunitarios por la vía de la conversación, la mediación, los acuerdos y el pacto, sea en el ámbito familiar, barrial, comunal, social o político, surge el empleo de la violencia para imponer los intereses, las necesidades y deseos de una parte sobre las otras. Fenómenos preocupantes como la violencia familiar, la violencia juvenil, la violencia callejera o barrial y la violencia delictual, han aparecido cuando las formas tradicionales de imposición de los deseos han fracasado.

La violencia intrafamiliar

38 Así, la violencia intrafamiliar aflora, tanto porque se evidencia un hecho que se escondía, como debido al fracaso de la familia patriarcal machistadonde la autoridad del padre, o los padres, ya no es incuestionable. Debido a los cambios sociales y culturales de la segunda mitad del siglo pasado, la violencia intrafamiliar aparece como una “reacción” a la “modernización” de las costumbres. En el caso de Chile, las imposiciones valorativas de la Dictadura Militar aún vigentes –uso de anticonceptivos, censura, divorcio, aborto, etc.– no son ajenas a esta reacción patriarcal que pone a Chile entre los países con una de mayores tasa de violencia intrafamiliar. El 70 % de las mujeres padecen violencia intrafamiliar.

La violencia juvenil

39La violencia juvenil que se concreta como violencia callejera, barrial, en los estadios, en los colegios, en las fiestas, en las formas de relacionarse, en el universo simbólico juvenil, etc., y sobre todo, en la violencia delictual, es una clara manifestación del fracaso en las relaciones entre los adultos y los jóvenes, entre el sistema institucional y los jóvenes, entre la cultura y los jóvenes, entre lo medios de comunicación y los jóvenes. Éstos emplean la violencia porque las otras modalidades de relación y vinculación les han sido negadas o son meramente formales.

40Asimismo, en tanto la cultura autoritaria que aun permanece en nuestro universo de valores legitima el uso de la violencia para la resolución de conflictos; y además, como los jóvenes son permanentemente victimizados por el sistema institucional con la expulsión de los colegios, clubes, lugares de entretenimiento y diversión, etc., por uso de alcohol o drogas, mala conducta, aspecto estrafalario, embarazo precoz, etc.; cuando los jóvenes son detenidos por uso de alcohol o drogas, sospecha, o simplemente por su aspecto juvenil, mientras que su imagen en los medios de comunicación es ridiculizada y demonizada, estereotipada y vulgarizada, erotizada y asexuada, etc., la violencia aparece para los jóvenes como una práctica efectiva para hacerse reconocer y validar sus deseos, necesidades e intereses. Buen ejemplo de lo dicho son los recientes conflictos estudiantiles por los servicios de transportes y sus derechos de acceso a la educación superior. Finalmente, la violencia juvenil en los hechos delictivos está directamente relacionada con su impericia y debilidad para acometer tales actos.

La violencia delictual

41La violencia delictual aumenta en la medida en que aumentan las modalidades circunstanciales de prevención del delito. Es sabido que si se mejoran las medidas de seguridad en los perímetros de las viviendas, empresas privadas o públicas para evitar los hurtos y los robos con fuerza, aumentarán necesariamente los robos con violencia contra las personas cuando estas son vulnerables por su propia naturaleza –ancianos, mujeres, jóvenes– o están en situaciones de riesgo –vía pública, espacio solitario, lugar sin visibilidad, etc.–.

42Asimismo, el empleo de la violencia para repeler los actos delincuenciales genera una escalada donde los delincuentes responden con un mayor empleo de la violencia para realizar sus acciones. Aquí los “hechos accidentales9 no queridos de parte y parte son la principal causa de lesiones y muertes entre los actores del delito, víctimas y autores, y sus perseguidores; pero también entre inocentes y circunstanciales testigos presenciales.

43Un rol importante en el crecimiento de la violencia delictual lo juegan las campañas de lucha contra la delincuencia y de insegurización de la población, que la lleva a mal prepararse para la “guerra contra la delincuencia” y que predispone a los delincuentes para sobre-reaccionar en sus acciones ilícitas.

44Finalmente, la sobre-reacción del sistema penal ante la demanda mediática y social en contra de la delincuencia, la emergencia penal, con su aumento de penas, disminución de beneficios procesales –libertad provisional– y penitenciarios –libertad condicional, vigilada, nocturna, disminución de la pena, etc.– el recorte de derechos y obstrucciones o limitaciones al debido proceso, hace que los delincuentes recurran a la violencia jugándose el todo por el todo para no ser institucionalizados en el sistema penal, para “no caer”.

La representación social de la delincuencia: seguridad ciudadana y medios de comunicación social

  • 12  Esta Fundación inicia sus actividades en 1993 publicando su primer Anuario de Estadísticas Crimina (...)

45Ante la actual situación donde la percepción de inseguridad de la ciudadanía aparece como excesiva ante el tamaño y gravedad real de los hechos delictivos mismos, donde el 72% de los habitantes de Santiago que se siente inseguros nunca ha sido víctima directa o indirecta de una acción violenta12, resulta claro que la tarea prioritaria en comunicaciones está en desinstalar el miedo en la representación social del problema delictivo y del asunto de la seguridad ciudadana.  

46El error de haber utilizado el miedo con la comprensible buena intención de movilizar a la ciudadanía en contra de delito, debe ser superado con la instalación de la capacidad social de resolver sus propias contradicciones y problemas –con la puesta en acción de ese capital social- así como de gestionar sus propias soluciones. La instalación proactiva de la capacidad social de gestión de las comunidades debe ser una respuesta esperanzadora ante los problemas locales de delincuencia y violencia.

47Lo que se debe cuidar aquí es que la movilización social frente a la delincuencia no se convierta en procesos de exclusión, estigmatización y agresión en contra de «otros distintos y diferentes o raros», ya que se han producido casos de linchamientos. Los principios de solidaridad social y tolerancia cultural deben de regir permanentemente todo proceso de organización y movilización social.

  • 13  Según Paz Ciudadana entre 1996 y 2002 la opinión sobre si la delincuencia es mayor que antes, más (...)

48Los componentes que construyen la actual representación social de los hechos delictivos como “la delincuencia” –la mafia, el hampa, el crimen organizado, etc.– son los siguientes: la externalización del fenómeno, donde el delito es negado como un producto social, y es afirmado como algo que viene de fuera, un enemigo, una peste; la guerra contra la delincuencia, que aparece como una tarea colectiva a la cual toda la gente de bien es convocada y debe sentirse comprometida; a la delincuencia se la objetiva como crimen organizado, el cual es el nuevo enemigo interno que debe ser derrotado con una cruzada de movilización nacional. Como bien lo ha dicho el penalista y magistrado de la Corte Suprema en Argentina, Raul Zaffaroni: “Hay una suerte de delirio de seguridad que se va creando en la población a través de los medios de comunicación”. Sin embargo, diversas encuestas indican que la población se está saturando de los procedimientos de seguridad ciudadana que en la actualidad se ofrecen13.

La prevención del delito y la seguridad ciudadana

49A la prevención que se ocupa de comprender, interpretar y proponer acciones en el campo de las contradicciones y conflictos intracomunitarios la podemos llamar prevención primariadel delito; a la prevención que se ocupa de controlar las circunstancias sociales que hacen posible la ejecución del delito la podemos llamar prevención secundaria; finalmente, la prevención que se ocupa de rehabilitar a los delincuentes, sea que éstos estén libres, procesados o condenados, buscando con ellos proyectos de vida alternativos al compromiso delictual, que sean creíbles y viables, bien la podemos llamar prevención terciaria del delito.

50La preponderancia de los hechos delictuales o la reducción al impacto real o virtual de éstos en la seguridad ciudadana, sea debido a la recurrencia efectiva de estos hechos en la vida cotidiana de la población
–estadísticas delictuales–, sea debido a la percepción de la importancia o gravedad de las actividades delictuales construida por las campañas de seguridad, la publicidad de servicios y equipos de seguridad, las campañas políticas, etc. –sensación de temor o miedo– es una situación constatable plenamente aceptada por las autoridades y los especialistas.

51Todo parece indicar que la ausencia de un debate nacional sobre el modelo y las políticas económicas, sobre el sistema político y las maneras colectivas de plantear y resolver los problemas nacionales –reformas constitucionales, reformas políticas, reformas del Estado, reforma electoral, etc.– generan directamente estados y situaciones de insatisfacción, angustia y temor entre la población –frustraciones en el consumo material, de servicios y cultural, etc.–; insatisfacción por la gestión local, pública y empresarial, asimismo, desconfianza en las instituciones, etc.; temor al desempleo, temor al endeudamiento, temor a la enfermedad, temor al envejecimiento, etc.– Además, la exclusión económica, el marginamiento social y el desencanto y la apatía política son de suyo generadora de estrategias delictuales de sobrevivencia que se consolidan como proyectos de vida. El hecho más relevante aquí es que las estadísticas delictuales del país son las mejores de toda la región, incluido los Estados Unidos de América, y sólo comparables con las de Europa.

52Pese a la crítica que puede merecer la importancia exagerada que se le otorga a la actividad delictual en la percepción de la seguridad ciudadana, el hecho cierto es que el control de la delincuencia, entendido como seguridad ciudadana o ausencia de riesgos para la vida, integridad de la persona, libertad y propiedad, es un bien público altamente deseado por la población y es necesario responder adecuadamente a esa demanda social legítima. La orientación absolutamente democrática de la seguridad ciudadana como un bien público es un imperativo de su debate e implementación, como ya ha sido dicho: «la seguridad es un bien público... o la tienen todos o no la tiene nadie».

Los orígenes y causas del delito, su prevención y control

53Los orígenes del delito no se encuentran por fuera de la sociedad y de la dinámica que la constituye, «la delincuencia» no es una fuerza externa a ella que la amenaza y ataca, las conductas delictuales son ejecutadas por actores sociales, que de esa manera responden en forma inaceptable para los valores y normas de la sociedad a las demandas que ella misma les impone.

54Las causas del delito no están en las deficiencias biológicas, psíquicas o valóricas de los individuos que delinquen, las causas de las actitudes y conducta delictuales están en las deficiencias de los sistemas de distribución del ingreso, en la inequidad para el acceso a los servicios públicos, en la inequidad para el acceso a los recursos naturales, en el marginamiento de la habilitación para las destrezas sociales –educación y cultura–, en la insolidaridad social, la intolerancia cultural y el autoritarismo político. La conducta delictual es una respuesta inaceptable para sus víctimas y la sociedad pero pragmáticamente promisoria para sus hechores, que así responden individualmente a sus situaciones colectivas de riesgo. El delito es un acto de la voluntad, por eso es repudiado por la sociedad y es juzgado y sancionado por el Estado.

55En nuestra sociedad todos los seres humanos respondemos a dos imperativos categóricos: satisfacer nuestras necesidades y deseos así como los de nuestras familias y dependientes, de tal manera que no conculquemos los derechos de terceros. Para aquello estamos dotados de habilidades y recursos, aquellas son propias de cada sujeto, éstos nos pertenecen en derecho. Para cumplir con el primer imperativo podemos hacer uso lícito de nuestras habilidades y recursos. Si fracasamos en el intento, sea por insuficiencia de habilidades o por carencia de recursos, podemos hacer uso ilícito de esas menguadas habilidades y recursos, consistente precisamente en que irrespetaremos los derechos de terceros incumpliendo así con el segundo imperativo. Hay otras sociedades donde la solidaridad social y la tolerancia cultural con los otros que constituyen a la comunidad es tan fuerte, que el conflicto entre la satisfacción de las necesidades y deseos y el respeto a los derechos de terceros no aparece o es rápidamente controlado. Para algunos pensadores, el origen del mal, del pecado, está en el conflicto entre la infinitud del deseo y la finitud de la existencia; para decirlo en buen chileno, entre: “querer tanto y poder tan poco”.

56Si bien la conducta delictual tiene orígenes perfectamente identificables en la estructura social, el sistema económico, el régimen político y el conjunto valórico que transfiere la cultura. Asi mismo, las causas que la dinamizan son identificables y controlables: tales como el desempleo, la marginalidad, la desatención de los servicios públicos, la carencia afectiva, la victimazación, etc. Sin embargo, esas conductas son delictuales porque transgreden y atentan contra derechos fundamentales de las personas que son sus víctimas directas o indirectas, tales como la vida, la integridad, la libertad y la propiedad, entendida esta última también como accesibilidad a los servicios públicos y los recursos naturales.

57Está claro que la prevención y control del delito no se puede limitar al análisis y a hacer propuestas de intervención para prevenir las circunstancias de los delitos; es decir, a las situaciones de tiempo y lugar que hacen posible la acción delictual, tales como, el abandono social y deterioro físico de los espacios públicos, oscuridad o falta de visibilidad, falta de vigilancia o patrullaje, falta de protección a los perímetros, carencia de colaboración de la organización social con las autoridades, policiales y judiciales, etc., cuando de lo que se trata es de prevenir las causas sociales, comunales, familiares y personales de la conducta delictiva.

58La prevención y el control del delito deben intervenir ex ante y ex post a su aparición como hecho social. Las intervenciones ex ante son el conjunto de acciones que se realizan para intervenir en los conflictos intracomunitarios que pueden llegar a ser criminógenos, hasta lograr que las comunidades (auto) gestionen plenamente las necesidades y deseos de sus actores diferenciados que las constituyen, haciendo que éstos asuman, procesen y resuelvan sus contradicciones, conflictos y problemas.

59Los conflictos intrafamiliares, los conflictos comunitarios –entre vecinos, calles, barrios, hinchas de equipos de fútbol, etc.– la violencia callejera, la violencia juvenil, etc. son expresiones particularizadas de otros conflictos sociales y culturales tales como las contradicciones de género, las contradicciones generacionales, entre locales y afuerinos, entre trabajadores activos y estables con desempledos o temporeros.

60Las intervenciones preventivas ex post tienen por finalidad tanto el control de las circunstancias que hacen posible los delitos, de las situaciones de riesgo, como el trabajo preventivo con segmentos de las poblaciones que hacen de la actividad delictiva una estrategia de sobrevivencia: la población vulnerable a delinquir debido a sus circunstancias desfavorables en lo económico, social, cultural y político. Finalmente, también es un trabajo preventivo ex post la rehabilitación de los delincuentes habituales libres, procesados o privados de libertad, generando con ellos proyectos de vida alternativos a la carrera delictual –drift o deriva– que sean creíbles y viables, tanto para ellos como para los tomadores de decisiones y la opinión pública en general.

61El hecho cierto es que la prevención de las circunstancias que hacen posible la ejecución de un delito –el control de las situaciones de riesgo– lo que hacen es transferir en el espacio o el tiempo el acometimiento del mismo, ya que la inhibición del hecho no hace desaparecer las necesidades y deseos que serán satisfechas con el logro de los objetivos delictuales, es decir, no hace desaparecer ni los orígenes ni las causas del acto delictivo. El control de las circunstancias del hecho delictual no hacen desaparecer al delincuente y su voluntad.

62Es claramente identificable que el aseguramiento de una zona implica la creación de otra zona insegura, que una actividad delictual puede ser sustituida por otra que permita los mismos logros, v.g. el robo con fuerza por el tráfico de drogas; además, las medidas de seguridad pueden incrementar el empleo de la fuerza o de la violencia para alcanzar los mismos fines, v.g. el hurto por el robo con fuerza y éste por el robo con violencia, aumentando el riesgo de lesiones y muerte para las víctimas y los victimarios. Es sabido que la escalada de las guerras contra la delincuencia no mejora en ningún caso la seguridad de los ciudadanos sino que aumenta los riesgos de ser víctimas circunstanciales de esa política de control criminal, sus estrategias y acciones operativas; ello porque la represión del delito es el uso de la violencia, que aunque legítima en este caso, sigue siendo el uso de dolor para doblegar la voluntad del otro. En ese sentido, es proverbial la “guerra de las drogas” que hoy causa más daño social que las drogas mismas.

63Podría parecer que a la policía sólo le competen las acciones relacionadas a la prevención ex post del delito, es decir, al patrullaje o ronda y a las actividades de inteligencia o acciones intrusivas de investigación policial dentro del mundo delictual. Tal interpretación sería errónea, ya que si bien las acciones de prevención ex ante son propias de los servicios sociales: la educación, la salud, la recreación, etc., –sea de seguridad primaria en las comunidades donde se producen contradicciones de intereses que pueden llegar a ser criminógenas, sea seguridad secundaria entre quienes han iniciado o están relacionados a estrategias delincuenciales de sobrevivencia, lo cual coincide con el campo de acción de la inteligencia policial–, la participación policial en dichas actividades no tan sólo le permitiría una mejor aproximación de las instituciones policiales a las comunidades, sino que también éstas podría aprender de aquellas importantes prácticas de comprensión y resolución de conflictos y no tan sólo recopilar información. Allí, además, ésta será de mejor calidad.

Las relaciones entre drogas y delitos

  • 14  Mc Bride, D. & McCoy: “The Drugs-Crime Relationship: An Analytical Framework”, en Gaines, L. & Kra (...)

64Sobre las relaciones entre el uso de drogas y las conductas delictuales, diversos recuentos exhaustivos en los Estados Unidos de América encontraron en los años 70 que entre 15% a 40% de los arrestados y presos eran usuarios de drogas ilegales. En los años 90 un estudio en 24 ciudades de ese país encontró que en promedio un 60% de los hombres y mujeres arrestadas eran positivos en drogas con un mínimo de 47% y un máximo de 82%. El 40% de los presos señalaron haber usado drogas la víspera de cometer el delito por el cual están en la cárcel. En otro estudio específico en Delaware si bien el 60% dijo consumir drogas en la cárcel solo el 1% resultó positivo en el análisis de orina, etc.14.

  • 15  CONACE: Cuarto Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Chile, 2000.
  • 16  Barros, L.: Planificacion de la Actividad Delictual en casos de Robo con Violencia o Intimidación. (...)

65En Chile según un estudio del CONACE y la Gendarmería15 entre los condenados por robo con violencia, el 91% declaró haber consumido alguna droga alguna vez en la vida y el 60% se declaró consumidor frecuente, el 13.8% dijo haber delinquido para comprar drogas, el 23,1% dijo haber delinquido bajo el efecto de alcohol y drogas, 15,8% sólo drogas y 17,9% sólo alcohol. Sin embargo, según las estadísticas sobre el estado de temperancia entre los detenidos por los delitos más graves que lleva Carabineros de Chile (Paz Ciudadana 2003), el estar bajo el efecto de las drogas sólo ha sido verificado para los infractores a la ley de drogas con un 20% en promedio, en cambio para todos los otros delitos los rangos están entre 0.0% y el 0.4%. La influencia de alcohol entre los detenidos se mueve entre el 1% a 2% y no supera el 4%. Desde la perspectiva cualitativa los estudios de casos no encuentran una relación entre el uso de drogas y las conductas delictuales; es más, se identifica la opinión de los delincuentes que su uso es poco “profesional”16.

  • 17  Inciardi, J.: The War on Drugs. Mayfiel Publishing Co. Palo Alto, 1985.

66 En una investigación con delincuentes usuarios de drogas en Miami, Florida, entre 1978 y 198117 se encontraron los siguientes datos: de ellos, 573 eran usuarios de opiáceos (heroína) y 429 de otras drogas (sedantes, cocaína, anfetaminas, marihuana, etc.) habían consumido al menos en los últimos 90 días, tenían edad promedio de 26.9 años, y el 92.5% había sido arrestado alguna vez. El grupo usuario de heroína en el último año había cometido 213.195 infracciones delictuales, de las cuales el 60% eran delitos sin víctimas (victimless crime) –venta drogas (38%), prostitución, juego, etc.–, por esos delitos solo el 0.28% había sido detenido, mayoritaria-mente por hurtos en tiendas (17%) prostitución (15%) y drogas(14%). Lo anterior quiere decir que en promedio cada uno de estos usuarios de drogas delincuentes cometió 375 delitos en el año. El grupo de usuarios de otras drogas cometió 137.076 delitos en el año, de los cuales el 55.8% fue sin víctimas, el 0.52% fue detenido por esas infracciones, con un promedio anual de 320 delitos por año. Para esa época se estimó que el número de adictos a la heroína en los Estados Unidos de América eran unas 500.000 personas. Si aquellas cometiesen el mismo número de delitos por año que los usuarios delincuentes de Miami, se llegaría a 187.5 millones de delitos por año, que sumados a los cometidos por los no usuarios de drogas habría hecho la vida en EUA insoportable e insostenible.

67Según el estudio ep-Idemiológico sobre el uso de drogas en Chile del CONACE para el año 2000, el 3% de la población entre 12 y 65 años usó alguna droga ilícita en el último mes –un 6% en el último año–, es decir 233.397 personas (CONACE 2001). Si a cada una de las personas de ese grupo le atribuimos un perfil de conducta delictual similar a la de los usuarios de drogas no narcóticas de Miami –ya que el uso de heroína o morfina aquí no es significativo– es decir, de 320 infracciones delictuales por año, tendríamos que en el país los delincuentes drogadictos habrían cometido 74.687.040 delitos por año. Casi 5 delitos por habitante año, según el INE el 30.2% de la población ha padecido algún delito en el último año.  

  • 18  Paz Ciudadana: Anuario de Estadisticas Criminales, 2000, Santiago de Chile.

68Podemos ajustar aquella cifra estableciendo como hipótesis que quienes pueden desarrollar conductas delictivas a causa del consumo de drogas, sólo serían las 101.923 personas que el CONACE diagnostica como dependientes de las drogas ilícitas, que al aplicarle el perfil de 320 delitos año, daría 32.615.360 delitos año, algo más de dos delitos por habitante año. En Chile el total de denuncias por los delitos más graves –homicidio, lesiones, violación, robo, hurto, daño y drogas– llegan a 322.71718, el 1% de la cifra de delitos atribuible a las personas que tendrían problemas con el uso de drogas ilícitas.

69¿A qué se debe esta aparente contradicción entre los estudios sobre la relación entre drogas y delito? Si bien se podría afirmar que es parte de la “subcultura” delincuencial usar droga, eso no permite deducir que quienes consumen drogas son delincuentes. También sabemos que la mayor parte de quienes delinquen son pobres, pero no es cierto que los pobres sean delincuentes; la posesión de cuentas corrientes no es un predictor de los delitos de cuello blanco, pese a que para la ejecución de la mayor parte de ellos se empleen cuentas corrientes y sus hechores sean tenedores de las mismas. De igual manera, cuando afirmamos que todos los hombres son mortales eso no nos permite sostener que todos los mortales son hombres.

70 La pobreza y el uso de las drogas no son predictores del delito, en el sentido de conjeturas de algo que ha de suceder. En Chile hay 3.081.100 de pobres (CASEN 2000) de los cuales 197.190 (6.4%) (CONACE 2001) han usado drogas en el último año y solamente 42.638 obreros y personas sin oficio ha sido detenidos por robo y hurto (1.4%) en el año 2000 (Paz Ciudadana 2001). Pero, eso sí, constituyeron más del 70% de los detenidos.

Sujeto y campo del problema de la seguridad ciudadana

71El principal sujeto social y el campo de la actividad humana que están siendo fuertemente afectados por las actuales interpretaciones y proposiciones de la seguridad ciudadana son: los jóvenes y la política.

Los jóvenes y la delincuencia

72Los inmigrantes y los jóvenes son, en ese orden, los grandes sujetos de la seguridad ciudadana en los países desarrollados. En Chile el problema de los inmigrantes aparece cada vez más preocupante, pero los jóvenes aún conservan la primacía problemática.Los jóvenes aparecen altamente implicados en los hechos delictuales y, en consecuencia, la población manifiesta un alto temor hacia ellos, estigmatizándolos y excluyéndolos. Éstos a su vez se sienten rechazados por la sociedad adulta y el imaginario colectivo, por lo tanto, se diferencian y autoexcluyen de la sociedad marginándose de la vida política, de las actividades sociales y culturales, respondiendo sólo económicamente como consumidores de productos específica-mente destinados a ellos. A la vez, la sociedad adulta admira e imita lo juvenil y, contradictoriamente, teme y rechaza a la juventud. Las tasas de violencia juvenil crecen rápidamente en los colegios siendo éstas más aceleradas mientras mejor y mayor sean la situación social y los ingresos económicos de los estudiantes.

Los jóvenes y la política

73Los jóvenes se caracterizan por su baja participación política y puntual participación en el movimiento social, pero a la vez manifiestan una alta capacidad de movilización en defensa de sus intereses específicos, como por el costo del acceso a la educación superior o los impedimentos al transporte público subvencionado. Además, su renuencia a la inscripción electoral hace que el registro nacional de votantes disminuya, que aquellos jóvenes que están habilitados para votar mayoritariamente no lo hagan, que quienes emiten su voto mayoritariamente lo hagan en blanco o lo anulen y, finalmente, que cuando manifiestan sus preferencias por medio del voto lo sea por los partidos de derecha y no por los partidos de la Concertación.

74Los resultados electorales en Francia de abril 2002, donde el exitoso gobierno socialista fue derrotado y excluido de la contienda en la primera vuelta, se deben a dos motivos complementarios: el mal manejo de los asuntos de seguridad ciudadana llevó a la votación masiva por propuestas autoritarias de la población de mayor edad, al tiempo que los jóvenes, victimados por tales propuestas, se abstuvieron o votaron de forma dispersa por las propuestas de la izquierda alternativa que mejor los interpretara. En el caso de España, el mal manejo informativo del terrorismo internacional llevó a una sorprendente derrota de la derecha en las últimas elecciones, sobre todo porque los jóvenes y otros sectores sociales abstencionistas o ausentistas en las contiendas electorales decidieron castigar al gobierno de derecha votando por los socialistas. Esas lecciones políticas debe ser recogida a cabalidad para un manejo adecuado del asunto de seguridad ciudadana en el país.

Informaciones generales sobre los jóvenes

75El desempleo entre los jóvenes de 12 a 18 años que buscan trabajo es el triple que el desempleo nacional, para aquellos que están entre los 19 y 25 años es el doble. En el país hay unos 100.000 a 200.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Suponer que la deserción escolar es una causa de la delincuencia juvenil es un error que desconoce que ambos fenómenos son el resultado de la falta de oportunidades. Ambas conductas son parte de la estrategia de sobrevivencia de los jóvenes excluidos; la búsqueda de trabajo impide la actividad escolar, la falta de trabajo lícito induce a los trabajos ilícitos como el comercio ambulante, servicios personales, mendicidad (“macheteo”) prostitución, etc. (“delitos sin víctimas”) y a los trabajos delictuales como hurto, pequeños robos, pequeños asaltos, etc.

76Los jóvenes entre los 18 a 24 años constituyen el grupo etario que más hace uso de drogas actualmente –en el último año–, con un 16%; pero el 92% no ha usado drogas el último mes. Por cada joven que emplea semanalmente pasta base o clorhidrato de cocaína, hay diez que usan marihuana y 300 que beben frecuentemente. Finalmente, pese a que sólo el 16% jóvenes usan drogas eventualmente, más de un 60% opina que debería de haber un libre mercado de drogas.

77Cerca del 60% de los implicados en delitos de mayor connotación son menores de 25 años y mayores de 12, aunque este grupo etáreo sólo representa al 17% del total de la población. A la vez, más del 60% de las víctimas de los delitos violentos son menores de 25 años. Además, los jóvenes están sobre-representados entre los detenidos, los procesados y los condenados por delitos de alta connotación social.

Violencia juvenil y patologización del delito

78Bien dice Pereti-Vettel cuando afirma que: “los jóvenes asumen conductas de riesgo que los hace parecer miopes, mientras que los adultos con su presbicia no vislumbran la finalidad de esas acciones”. Los dolorosos hechos de violencia protagonizados por jóvenes durante el pasado año –2004– han generado un debate público sobre la violencia y la juventud en nuestra sociedad. Si los jóvenes agreden a los adultos y se agreden entre ellos hasta la muerte en los colegios y las calles, en lugares de diversión y espacios de “carrete”, en recintos deportivos y de recreación, etc, se debe a que valorizan el uso de la violencia como una forma apropiada de resolver conflictos. Diversas interpretaciones se han aportado para explicar el asunto, entre otras los problemas de salud mental de la población en general y de los jóvenes en particular.

79El reduccionismo patologizante es un viejo truco para inculpar o exculpar penalmente el uso de la violencia (Cf. Michel Foucault, Los Anormales, 1975), pero sobre todo es el arte de escamotear la incapacidad institucional de hacerse cargo de los conflictos comunitarios que el poder político y su construcción social están generando en el presente. Igual cosa acontece con la interpretación simétrica a la patologización, cual es la naturalizaciónde la violencia en la post modernidad, el desarrollo y la competencia. Simplemente sabemos que la violencia es una manera de resolver conflictos, en concreto es el empleo del dolor para doblegar la voluntad del otro.

  • 19  En Chile tenemos la 7ª peor distribución del ingreso del planeta, el quintil más rico tiene ingres (...)

80Con la crisis del Estado asistencial se ha planteado la nueva cuestión social –Cf. Pierre Rosanvallon, La nueva cuestión social, 1995– donde el movimiento social y la lucha política con sus instrumentos como el aparato público –policía, tribunales, ejércitos, escuelas, hospitales, etc.–, los partidos políticos, las iglesias, las organizaciones sociales, los gremios, los medios de comunicación, etc. gestionan y resuelven los grandes conflictos sociales, económicos y políticos del presente. En cambio los conflictos intracomunitarios que afectan la vida cotidiana entre parientes, dependientes, vecinos, compañeros de trabajo o colegas y amigos están caracterizados por los grados de solidaridad o insolidaridad social mantenidos o perdidos, por los grados de tolerancia o intolerancia cultural aceptados o rechazados, por los grados de exclusión o inclusión en la post modernidad que afectan o han logrado sus protagonistas19. Además, los conflictos intracomunitarios están marcados por los grados de violencia o persuasión que las partes emplean para instalar y validar sus necesidades, deseos, intereses y voluntades en los colectivos a los cuales pertenecen. Estos son todos hechos sociales, culturales –morales y éticos– y políticos –micro física del poder– que acontecen en el tejido socialactual, fracturado y degradado por 17 años de dictadura militar y por 14 años de democracia que ha priorizado otros logros nacionales en el campo económico. Conflictos intracomunitarios en un tejido social erosionado, que las instituciones públicas no pueden ni quieren asumir, ni procesar, ni resolver.

81En resumen, tres hechos caracterizan a la post modernidad: el aumento de la fractura social, el desmonte del estado asistencial y el aumento de la delincuencia. Se afirma que la crisis del estado asistencial es financiera y de gestión, con lo cual se expresa en el Estado la actual crisis económica –crisis del modelo de acumulación– y su consecuente crisis política –crisis de gobernabilidad–. En Chile el deterioro en la distribución del ingreso es correlativo al aumento proporcional de la población penal, mientras que el deterioro en la distribución del ingreso es la manera de resolver la crisis de acumulación, que la tecnología no ha podido resolver, mediante la privatización de los servicios públicos y la desregulación laboral.

82Las última ratio para contener las conductas social y moralmente inaceptables, así como para castigar a sus autores, es tipificarlas en el sistema penal o de justicia criminal como delitos –Cf.Loic Wacquant, Las Cárceles de la Miseria, 1999– que los asume, procesa y resuelve formalmente, caso a caso; pero que nada resuelve, procesa y asume en la materialidad de las relaciones sociales ni en las normas que las rigen, las cuales son el origen y la causa de esas conductas antisociales y delictuales. La capacidad política de modelación de la sociedad y la habilidad cultural de modulación de la misma que se había propuesto el paradigma de estado en occidente, desde la época absolutista al estado asistencial de la post guerra, han sido abandonadas, ya que ahora la sociedad debe hacerse cargo ella misma de sus asuntos y problemas –privatización, municipalización, oenegización, etc.

83Quienes en uso de sus habilidades y recursos satisfacen sus necesidades y deseos viéndose obligados a transgredir los derechos de terceros, serán criminalizados conforme a ley y patologizados según la ciencia. En cambio quienes externalizan sus costos de producción para ser más eficientes y competitivos, contaminando el medio ambiente, degradando la calidad de sus productos, afectando la salud de los usuarios, poniendo en riesgo innecesario la vida de los clientes o simplemente haciendo desaparecer sus ahorros, etc., mientras lo hagan conforme a la ley, no serán ni criminalizados ni patologizados.

84Es cierto que diversas patologías y trastornos mentales pueden generar algunas de las conductas violentas que atenten gravemente contra la vida, integridad, salud, libertad y otros derechos de las personas, como la propiedad o accesibilidad a los recursos naturales, etc. que son constitutivos del hecho delictual. También es cierto que las carencias en la satisfacción de necesidades y deseos, de solidaridad social, tolerancia cultural y libertad política que acontecen en el mundo actual para gran parte de la población son factores determinantes en el deterioro de las condiciones de la salud mental, y por lo tanto, de aumentar el índice de las conductas delictuales atribuibles a problemas de salud mental. No obstante lo anterior son pocos los hechos violentos que han atentado contra los derechos de terceros que pueden ser atribuidos a patologías y trastornos mentales. Así lo señalan los dictámenes de medicina legal y de los peritos judicialmente consultados.

85Hay un aumento de los hechos violentos, tipificados como delito o no –por ejemplo los castigos correctivos–, porque en nuestra sociedad actual se ha instalado una cultura que legitima el empleo de la violencia para resolver conflictos, lo que implica que el fundamento moral allí instalado legitima el uso del dolor para doblegar la voluntad del otro, e imponerle a aquel un determinada manera de resolver el conflicto. La violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia en el tránsito, la violencia callejera, la violencia escolar, la violencia en el trato cotidiano, así como el aumento en el uso de la violencia por la delincuencia común y organizada son otras graves manifestaciones en nuestra sociedad de la instalación moral del uso del dolor para doblegar la voluntad del otro.

  • 20  Luego de la matanza de Columbine en USA, las autoridades culparon a Hollywood, pero algunos expert (...)

86Esta cultura –moral– de la violencia se hace manifiesta tanto en las relaciones internacionales post guerra fría –desde la guerra de Yugoslavia a la de Irak– como en la violencia intrafamiliar, que está en constante crecimiento. También se afirma que la reiterada información sobre la violencia, su exaltación en las fantasías narrativas, serían un causante de la banalización de la violencia y de su instalación moral; sin embargo, los estudios indicarían que eso sólo acontece con personas de poco desarrollo mental y deficiente constitución psicológica. Lo anterior podría ser coherente con los procesos de infantilización de la opinión pública a los cuales se ve sometida la población por los medios de comunicación, pero esto debería ser comprobado de manera científica20. Pero no se puede negar que la incapacidad para sancionar los graves delitos en contra de los derechos humanos por los agentes de la dictadura militar, conforme a la ley nacional e internacional, a la ley criminal y las normas de la guerra, son un aporte a la banalización y naturalización del empleo del dolor para doblegar la voluntad del otro.

87El segmento de población que más ejerce la violencia son los jóvenes, a la vez son las principales víctimas de la misma, pero sobre todo los jóvenes son los sujetos de la violencia institucional. Veamos algunosde los datos estadísticos sobre la violencia institucional en contra de los jóvenes. En Chile los menores de 20 años, y mayores de 10 años, son el 24% de la población. De los aprehendidos por Carabineros debido a supuestos delitos el 60% son menores de 20 años, grupo de edad que se reduce al 25% cuando son condenados por esos hechos, lo que es atribuible a la mala calidad de las pruebas para acusarlos y es la expresión en las fuerzas del orden de nuestros prejuicios en contra de los jóvenes.

88Se considera a los 200.000 jóvenes –menores de 20 años– que ni trabajan ni estudian como de alto riesgo a cometer delitos, sin embargo, aquellos que son aprehendidos por robo con violencia –5.001 en 2001–, el delito más temido, representarían el 2.5% de aquellos y los condenados por ese delito –883 en 2001– sólo serían el 0.4% de aquella población de alto riesgo.

  • 21  Estas estadísticas son de Paz Ciudadana 2003.

89Desde hace 20 años la participación de los menores de 20 años entre los aprehendidos por robos, el delito más frecuente en el país, se mantiene entre 50 a 90 casos por cada 100.000 habitantes - 49.9 en 1986, 87.0 en 2001. En el mismo período los menores de 20 años condenados por robo han estado entre 8 y 14 casos por cada 100.000 habitantes -7.9 año 1986, 14.4 en 2001. Lo anterior quiere decir que sólo el 0.4% de los menores de 20 años son aprehendidos por robo y que solamente el 0.06% de ese grupo de edades fue sancionado por esa conducta21. Sin embargo, en un estudio que abarcó 42 centros de enseñanza media del país el 17% de los estudiantes señalaron que alguna vez habían sido detenidos por Carabineros o Investigaciones. Hay un consenso parlamentario para que la responsabilidad penal de los jóvenes se inicie a los 14 años, pese a que el número de aprehendidos por robo y hurtos entre los 14 y 19 años, 27.000 en 2001, son sólo el 0.75% de ese grupo etario.

90La violencia juvenil no podrá ser controlada sólo por la violencia de la fuerza pública y el poder punitivo del derecho penal, por legítimos que estos sean. La penalización del porte de drogas o armas, la responsabilidad penal de los jóvenes, la penalización del uso de alcohol y drogas en los estadios, la vía pública o fuera de los horarios establecidos, la verificación de identidad, etc., son todas formas de empleo de la violencia para controlar a los jóvenes, forma legítima de empleo pero no por eso menos dolorosa para ellos.

91En estos momentos electorales cuando los medios de comunicación exaltan a la violencia como el más grave problema nacional, es absolutamente necesario despatologizar y desnaturalizar la violencia, para así hacernos cargo de su necesaria desinstalación moral y ética –costumbre y explicación– que haga posible una reflexión profunda y genere una práctica colectiva de real construcción de procedimientos no violentos de asunción, procesamiento y resolución de los conflictos intracomunitarios que se producen entre jóvenes y adultos, entre hombres y mujeres, entre locales y afuerinos, entre trabajadores estables y precarios, etc. en las actuales condiciones de un tejido social erosionado. El uso de drogas –“el flagelo de las drogas”– y el pandillismo son los grandes reveladoresdel conflicto generacional entre jóvenes y adultos, los graffitis son los “gritos del silencio” con los cuales los jóvenes desprecian el diálogo con nosotros, como nosotros hemos despreciado el diálogo con ellos infantilizándolos. El constante crecimiento de la violencia intrafamiliar y de los hogares monoparentales encabezados por mujeres son los reveladores del conflicto de género entre hombres y mujeres. Finalmente, el delito no es el producto de la pobreza, es el gran revelador de la exclusión social.

Jóvenes, drogas y violencia

92 Se ha instalado en la sociedad chilena una supuesta relación entre el uso de drogas y la violencia juvenil. Es más, se ha logrado que la población se sienta amenazada por la sola presencia de los jóvenes. Antes de entrar en un análisis de los significados y sentidos de esta construcción que pretende hacer una determinada representación de los jóvenes, veamos qué nos dicen las informaciones empíricas con que contamos.

93En el cuadro y gráfica # 1 se han transcrito diversos incidentes por conductas de riesgo entre las edades de 5 a 35 años medidos en casos por cada 100.000 habitantes, tales como la mortalidad por accidentes, los detenidos por robo con violencia, lesiones e infracciones a la ley de drogas y uso mensual de drogas; todo los datos son para Chile excepto los de mortalidad por accidentes, donde se usaron los casos de Francia y los Países Bajos sólo para varones.

Cuadro # 1
Diversos incidentes por conductas de riesgo según edades.

94Casos por cada 100.000 habitantes.

Edades

5-14

15-24

25-34

5-14

15-19

20-24

25-29

30-35

12-18

19-25

26-34

Mortalidad accidental, hombres, Francia, 1988, OMS.

10.0

66.0

55.0

Mortalidad accidental,hombres,Holanda, 1988, OMS.

8.0

29.0

15.0

Detenidos robo violencia, Chile, 2001, Paz Ciudadana.

4.2

32.5

15.9

7.9

5.1

Detenidos por lesiones, Chile, 2001, Paz Ciudadana.

3.4

33.0

38.1

32.8

25.9

Detenidos por drogas, Chile, 2001, Paz Ciudadana.

1.6

31.0

28.2

16.6

11.4

Uso drogas, mensual ,Chile, 2000, CONACE.

3750.0

7790.0

4050.0

Gráfica # 1
Diversos incidentes por conducas de riesgo según edeades
Casos por cada 100.000 habitantes, en drogas casos por cada 1.000 habitantes.

95En general, según avanza la edad, los casos por cada 100.000 habitantes llegan a su cúspide entre los 15 a 24 años, para manifestar una clara tendencia a disminuir entre 25 a 34 años. Lo anterior es una clara expresión que ese lapso cúspide expresa la búsqueda experimental de los jóvenes, la que supone asumir un conjunto de conductas con diversos riesgos. Es de destacarse que la diferencia que entre el numero de casos por 100.000 por uso mensual de drogas en comparación con los detenidos por robo con violencia, lesiones y drogas es tal, que el uso mensual de esas sustancias ha sido representado en la gráfica en casos por 1000 habitantes. Lo anterior muestra que tanto los accidentes como los hechos delictuales tienen muy poca relevancia en la vida social: su estadística se lleva en tantos por cien mil, en cambio el uso de drogas sí es un hecho relevante, se lleva en tantos por ciento.

  • 22  CONACE: Cuarto Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Chile,2000.

Si bien el 37.1% de los jóvenes entre los 19 a 25 años alguna vez en su vida han consumido drogas, el 92,2% no las ha usado en el último mes; asimismo, el 57.1% de quienes usaron drogas alguna vez han dejado de hacerlo22.

  • 23  Paz Ciudadana: Anuario de Estadisticas Criminales 1998 y 2002, Santiago de Chile.

96Siempre se supone una gran preocupación de la población por el consumo y trafico de drogas, sin embargo las denuncias por esos hechos prácticamente no existen. Las denuncias de la población por infracciones a la ley de drogas pasaron entre los años 1990 y 2000 de 0.2 a 0.8 por cada 100.000 habitantes, lo que indica que para aquélla el uso y el expendio de drogas no son hechos reprobables23.

97Se ha pretendido atribuir al uso de drogas el aumento de los delitos de mayor connotación social, sobre todo en el caso de los jóvenes; sin embargo las estadísticas de Carabineros de Chile sobre estado de temperancia entre los aprehendidos señala que el uso de esas sustancias se mantiene entre un 0,1% a 0,2% y como máximo llega al 0.4% de los mismos, pese a que en Chile el 1.1% de la población hace uso problemático de drogas y un 4% las ha usado el último mes. Para el caso del alcohol, hasta el 2% de los aprehendidos estaba bajo sus efectos, y solamente en lesiones llega al 8%, mientras que el 53% de la población ha consumido esa sustancia en el último mes. Sólo en el caso de los aprehendidos infractores a la ley de drogas el 25% estaba bajo los efectos de ellas.

98Hay un consenso parlamentario en rebajar la edad de responsabilidad penal a los 14 años, pese a que él número de aprehendidos por robo y hurtos entre los 14 y 19 años, 27.000 en 2001, son sólo el 0.75% de ese grupo etario. Los conflictos que esa medida penal causará están advertidos por el hecho de que en España recientemente se ha vuelto a elevar la edad de responsabilidad penal a los 18 años.

99Por otra parte, y en abierta antinomia con lo anterior, el Parlamento ha acordado prohibir el expendio de alcohol así como el ingreso a los lugares de su expendio a los menores de 18 años, y se castigará con multa y cárcel a los infractores de estas normas, con lo cual lo único que se logrará será clandestinizar su provisión y consumo entre los jóvenes con todos las consecuencias sanitarias, delictuales y sociales que aquello implica.

100Finalmente, la sobrereacción pedofilica que está dominando a la cultura y la política nacional ha hecho que se eleve a los 14 años la edad de consentimiento sexual, pese a que el código civil más que centenario fija en 12 años la edad mínima para el matrimonio. Lo anterior implica que pueden ser acusados de violación los menores de 14 años que tengan relaciones sexuales consentidas con sus pares o de abuso sexual y pedofilia si se acarician o besan. Estos delitos tienen penas privativas de libertad hasta de cinco años.

Los actuales paradigmas sobre la seguridad ciudadana

Antecedentes generales

101El problema del delito y de la seguridad ciudadana en el campo intelectual y de la asesoría experta ha sido interpretado conceptualmente y resuelto pragmáticamente desde diversas doctrinas sociales y paradigmas académicos entre los que se destacan los siguientes: la tolerancia cero, la participación ciudadana y la gestión del riesgo.

102La tolerancia cero como doctrina postula que son los delitos comunes y no el crimen organizado lo que más preocupa a la población, además, que los delitos menores no controlados son el punto de arranque para los delitos comunes más graves, de allí que la tolerancia cero con cualquier conducta sancionable sería una buena manera de prevenir y controlar el crimen. Este paradigma supone que si el riesgo –costo– de delinquir es mayor que su beneficio, la delincuencia disminuirá, sin considerar el costo de oportunidad entre carecer de trabajo e ingresos y delinquir.

103La participación ciudadana es una propuesta que incorpora a la comunidad afectada por la delincuencia convocándola a organizarse para aportar la información y establecer los sistemas de alerta sobre las conductas sospechosas y delictuales que conozca, en colaboración directa con las unidades de policía que atienden directamente y constantemente a las comunidades, conocidas como policías de proximidad. Esta propuesta se propone movilizar tanto los recursos comunitarios como los institucionales para mejorar la prevención situacional o circunstancial de los delitos, así como para mejorar la eficacia en el logro de metas y eficiencia en el uso de los recursos para el control delictual.

104La gestión del riesgo en tanto que concepción y práctica de la seguridad ciudadana, reconoce que la mayor parte de los delitos graves que directamente afectan a las comunidades –homicidios, lesiones, violaciones, violencia intrafamiliar, violencia callejera y juvenil, etc.– se originan en la mala resolución de los conflictos intracomunitarios – al interior de las familias, entre vecinos, amigos, parientes, socios, etc.–, así como, una parte importante de los pequeños delitos contra la propiedad y las personas –hurtos, robos, asaltos, etc.–. Lo anterior se ve corroborado por los siguientes datos: en Chile el 90% de los homicidios se debieron a conflictos intrafamiliares, entre vecinos y amigos, a la vez entre el 30% a 60% de las emergencias atendidas por Carabineros de Chile se originan en conflictos intrafamiliares, entre vecinos y amigos.

105En el campo de la políticas públicas, ante la preocupación de la población por el aumento y la gravedad de los hechos delictuales, las denuncias de los medios de comunicación y los debates políticos con relación a esos eventos, más allá del debate mediático y académico entre la tolerancia cero y sus críticos, tres son las principales propuestas que se han venido haciendo e implementando para prevenir y controlar la delincuencia: i) mejorar la eficacia y eficiencia de la acción policial y judicial
–reforma penal–, ii) controlar las circunstancias ambientales que hacen posible el delito y (iii) incorporar a las comunidades en la prevención del delito.

106El mejoramiento en la eficacia y eficiencia de la capacidad policial para intervención preventiva y de control del delito ha sido implementado con una fuerte elevación del gasto público y del aumento del contingente policial por parte de los sucesivos Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia, donde aquél fue más que duplicado. Asimismo, en lo cualitativo, el establecimiento del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, del Programa de Comuna Segura Compromiso Cien, así como el Plan Cuadrante de Carabineros de Chile con áreas específicas de patrullaje y vigilancia barrial para prevenir y controlar el delito que permite dimensionar metas a alcanzar, además de establecer y asignar responsabilidades específicas en sus logros, son en su conjunto importantes medidas para una mejor gestión de la prevención del delito y la seguridad pública.

107El rediseño urbano y arquitectónico de los espacios que ocupan las comunidades –asentamientos humanos– en sus aspectos habitacionales, áreas verdes y de recreación, comercio y servicios, etc., impidiendo que en estos ambientes se generen localizaciones o situaciones que hagan posible el actuar delictual inhiben la ejecución de actos delictuales; asimismo, los rediseños que promueven la ocupación y pleno empleo de esos espacios por parte de la población local en sus actividades comerciales, productivas, educativas, recreacionales, etc., dinamizan la ocupación territorial, la apropiación del espacio y la identidad local de sus habitantes y usuarios. Además, se afirma que el rediseño ambiental disminuye la sensación de temor y aumenta el vínculo de la policía con la población local.

108La política de participación ciudadana propone que la policía en su tarea de prevención del delito por medio de la búsqueda de información en las comunidades afectadas o insegurizadas –sometidas al temor– por la acción delictual vaya procurando mejorar las relaciones y estableciendo coordinaciones con esas comunidades de tal manera que éstas coparticipen en la prevención del delito. El mutuo conocimiento entre los responsables locales de la acción policial y los vecinos es considerado un capital social para prevenir el delito. Estas concepciones y acciones de convocatoria policial a las comunidades conocida como policía de proximidad, cuyas modalidades de seguridad compartida y seguridad vecinal se concreta con la vuelta al “carabinero de la cuadra” mejora la confianza mutua entre la institución policial y los pobladores, así como disminuye la sensación de temor entre ellos.

109La pertinencia de estas propuestas y acciones para prevenir y controlar el delito son evidentes; sin embargo, sin ponerlas en duda ni desecharlas, se hace necesario ampliar las posibilidades de intervención social y de las políticas públicas ante las acciones delictuales, que tengan por punto de partida una apertura en el análisis del fenómeno delictual como hecho social del mundo contemporáneo.

110Finalmente, se entiende por seguridad comunitaria a aquella que es gestionada por la propia comunidad, desarrollando sus habilidades y competencias para asumir, procesar y resolver sus conflictos intracomunitarios que pueden dar origen a conductas inaceptables para la comunidad, sean faltas, delitos o crímenes; así como establecer un sistema institucional eficaz para el control de los excesos y abusos por parte de los agentes públicos, sea por actos individuales o por políticas de control social.

Seguridad ciudadana y sus dos paradigmas

  • 24  Foucault, Michel: Genealogía del Racismo. Ed. La Piqueta, Madrid, 1992.

111El problema más grave de seguridad ciudadana que padece el país es el fundamentalismo sobre el tratamiento del tema, consistente en: (i) el congelamiento político del debate, (ii) la negación de los otros paradigmas que explican y hacen propuestas sobre este fenómeno social, (iii) las interpretaciones clasistas –que Foucault habría llamado racistas24– y las propuestas autoritarias para su tratamiento consistentes en: más tipos penales, más penas, más sancionados y más cárceles, en lo posible para presos de por vida.

112La seguridad ciudadana referida a la mayor o más grave prevalencia del delito en la sociedad actual aparece como el principal problema de la nueva cuestión social. La primera “cuestión social” tematizada en el siglo XIX estaba referida a la explotación de los trabajadores y su pobreza, la cual había sido resuelta por el estado asistencial –estado de bienestar– de la segunda post guerra, pero en la década de los 80 del pasado siglo la aparición y persistencia estructural del desempleo y la “pobreza dura” instaura a la exclusión como la nueva cuestión social (Rosanvallon 1995). Las maneras de interpretar a la delincuencia como hecho social varían según sean comprendida como transgresiones al consenso social –Durkheim, Parsons, Merton– o como expresiones del conflicto social –criminología crítica (Taylor, Walton y Young 1973).

De las ventanas rotas a la Tolerancia Cero

  • 25  Gilder, George: Welth and Poverty, N.Y. Basic Book, 1981.
  • 26  Kelling, George & Wilson, James: Broken Windows, The Police and Neighborhood Safety, Atlantic Mont (...)
  • 27  Murray, Charles: Losing Ground: American Social Policy, 1950-1980.
  • 28  Murray, Charles & Herrnstein, Richard: The Bell Curve, Intelligence and Class Structure in America (...)
  • 29  La Nación, 17 enero 2000, BB.AA.

113Los antecedentes del pensamiento neoconservador para tratar la correlación pobreza y delincuencia se remontan a George Gilder, quien en 1981 afirma en Wealth and Poverty 25 que la miseria se debía a los desórdenes familiares de los pobres que se alimentaban de la ayuda social. En 1982 George Kelling y James Wilson lanzan su difundida teoría de las “ventanas rotas”, la cual concluía que si no se perseguía firmemente los pequeños delitos proliferarían los grandes crímenes26. En 1983 el presidente Reagan declaraba que el problema de la criminalidad estaba causado por una filosofía (izquierdista) que declaraba al hombre producto del medioambiente material y vía a los criminales como productos de sus malas condiciones socioeconómicas, culpando a la sociedad, punto de vista equivocado que rechazaba el nuevo consenso (conservador). En 1984 al alero del Manhattan Institute, Charles Murray escribe y publica su Losing Ground: American Social Policy, 1950-1980 27donde la principal tesis afirma que la gran generosidad de la política de ayuda a los pobres sería la causa del aumento de la pobreza. Su pensamiento lo completa en 1994 con Richard Herrnstein en The Bell Curve, Intelligence and Class Structure in American Life 28 donde postulan que las diferencias cognitivas de los individuos son las causas de las desigualdades sociales y raciales. Finalmente, William Bratton, el ex jefe de la policía de Nueva York durante parte de la Alcaldía de Rudolph Giuliani, aparece como el exponente prágmatico de la doctrina de “tolerancia cero” con el delito, afirmando que: “la desocupación no está relacionada con el delito”; asimismo sostiene que “la causa del delito es el mal comportamiento de los individuos y no la consecuencia de condiciones sociales”29. Hoy Bratton y Giuliani compiten por las principales ciudades de América Latina en un feroz marketing para instalar allí, cada cual con su peculiar personalidad, este nuevo producto de seguridad ciudadana.

La crítica más contundente a la tolerancia cero, desde la perspectiva pragmática en la cual precisamente quiere sostenerse esa doctrina, es la Adam Crawford:

  • 30  Crawford, Adam: Crime Prevention and Community Safety: Politics, Policies and Prectices, Londres, (...)

114“El concepto de ‘tolerancia cero’, es una designación errónea, pues no implica la rigurosa aplicación de todas las leyes, que sería imposible –por no decir intolerable–, sino más bien una imposición extremadamente discriminatoria contra determinados grupos de personas en ciertas zonas simbólicas. ¿Dónde esta la “tolerancia cero” de los delitos administrativos, el fraude comercial, la contaminación ilegal y las infracciones contra la salud y la seguridad? En realidad, sería más exacto describir las formas de actividad policial realizadas a nombre de la «tolerancia cero» como estrategias de «intolerancia selectiva”30.

Las cárceles de la miseria y los condenados de la ciudad

115Los antecedentes de la crítica a la tolerancia cero como manera de comprender el delito y criticar sus formas de controlarlo están en la tradición de la criminología crítica de los años setenta, primero desarrollada por la Escuela de Chicago en la primera mitad del siglo pasado y luego en Inglaterra –Taylor,Walton y Young, 1973–. En el presente desde Francia ha surgido la crítica más radical al paradigma de la tolerancia cero ante el delito con la conformación en 1998 del grupo Raison d’Agir –que se puede traducir como razones para la acción o acción fundada–, este grupo de intelectuales, investigadores y académicos liderados por el fallecido sociólogo Pierre Bourdieu, se proponen con investigaciones rigurosas y discursos científicamente fundados controvertir los discursos neo-liberales dominantes en la economía y los medios de comunicación masivos, con autonomía frente al sistema institucional y político para restaurar el debate político sobre los asuntos públicos.

116Sobre la seguridad ciudadana en los tiempos actuales Pierre Bourdieu había manifestado que:

“No se puede jugar con la ley de la conservación de la violencia: toda violencia se paga y, por ejemplo, la violencia estructural ejercida por los mercados financieros, en la forma de despidos, pérdida de seguridad, etc., se ve equiparada, más tarde o más temprano, en forma de suicidios, crimen y delincuencia, adicción a drogas, alcoholismo, un sinnúmero de pequeños y grandes actos de violencia cotidiana”.

  • 31  Wacquant, L.: Las Cárceles de la Miseria, Manantial, Buenos Aires, 2000,p.21.

117Loïc Wacquant investigador del College de France y profesor de la Universidad de Berkeley-California afirma que en Europa las nuevas políticas estatales para “redibujar” a las sociedades tienen su objeto en: “la delincuencia de los ‘jóvenes’, las ‘violencias urbanas’, los múltiples desórdenes cuyo crisol serían los ‘barrios sensibles’, y las faltas de urbanidad de los que sus habitantes son presuntamente las mayores víctimas y, a la vez los primeros culpables”31.

  • 32  Wacquant, L.: op.cit.,p.22-23.

“Borramiento del Estado económico, debilitamiento del Estado social, fortalecimiento y glorificación del Estado penal… el nuevo sentido común penal que apunta a criminalizar la miseria –y por esa vía, a normalizar el trabajo asalariado precario–, concebido en los Estados Unidos se internacionaliza”…32.

  • 33  ibid. p.23-24

118Para Wacquant las nuevas “políticas públicas en que se inscribe la internacionalización de la penalización de la miseria”... corresponden a la “instauración de un nuevo régimen internacional de relaciones entre el campo político burocrático, el campo económico, el campo mediático y el campo intelectual...”33.

  • 34  ibid. p.24.

119Este régimen de penalización de la miseria y su “rigor penal” en los Estados Unidos de América ha tenido por “resultado la cuadruplicación de la población penitenciaria, inédito en los anales de las sociedades democráticas en un período en el que la criminalidad se estancaba y luego retrocedía”34.

  • 35  ibid. p.32

“Desde N.Y, la doctrina de la tolerancia cero, instrumento de legitimación de la gestión policial y judicial de la pobreza que molesta –la que se ve...–, se propagó a través del Planeta a una velocidad fulminante. Y con ella la retórica militar de la “guerra” al crimen y de la “reconquista” del espacio público, que asimila a los delincuentes (reales o imaginarios), los sin techo, los mendigos y los marginales a invasores extranjeros...: en otras palabras, a elementos alógenos que es imperativo evacuar del cuerpo social”35.

  • 36  ibid. p.37

120Según Wacquant los excesos de la tolerancia cero se miden en la inutilidad de sus resultados. Así en Nueva York durante dos años la “brigada de choque de 380 hombres (blancos)... que se moviliza en autos sin identificación y actúa de civil, detuvo y registró en la calle a 45.000 personas por mera sospecha basada en la ropa, el aspecto, el comportamiento y el color de la piel. Más de 37.000 de esos arrestos resultaron inmotivados y los cargos de la mitad de los 8.000 restantes fueron considerados nulos e inválidos por los tribunales”36.

121 Finalmente, desde América Latina la crítica a la instalación pragmática y comercial de la tolerancia cero fundada en la manipulación mediática del miedo ha sido sucintamente planteada así:

  • 37  Galeano,E.: La Industria del Miedo, 1999.

“El miedo es la materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y el control social. Una demanda firme sostiene el negocio. La demanda crece tanto más que los delitos que la generan, y los expertos aseguran que así seguirá siendo. Florece el mercado de las policías privadas y las cárceles privadas, mientras todos, quien más, quién menos, nos vamos volviendo vigilantes del prójimo y prisioneros del miedo”37.

La gestión del riesgo

  • 38  Beck, U. La sociedad del riesgo. Barcelona: Ediciones Paidós, 1998.
  • 39  Beck, U. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 2002.

122El investigador alemán Ulrich Beck fue quien le dio arranque al tema de la gestión del riesgo con sus indagaciones sistemáticas recogidas en su obra La Sociedad del Riesgo38. Recientemente nos ha aportado nuevos elementos para una teoría de la sociedad del riesgo global, donde parte desde el siguiente descubrimiento de Thomas Hobbes: “la sospecha de que quienes amenacen el bienestar público y los encargados de protegerlo quizás sean idénticos”39.

“En su fase incipiente (difícil de localizar), los riesgos y la percepción de los riesgos son “consecuencias no deseadas” de la lógica de control que domina la modernidad. (...) La construcción de la seguridad y el control que ha dominado el pensamiento (social) y la acción (política) en la primera etapa de la modernidad se está haciendo ficticia en la sociedad del riesgo global (...)”.

  • 40  Subrrayado nuestro.

123Según Beck, la instalación del riesgo impide la acción proactiva: “Los riesgos únicamente sugieren que no habría de hacerse, no qué se debería hacer40. En la medida en que los riesgos se convierten en el contexto omnicomprensivo desde el que se percibe el mundo, la alarma que provocan crea una atmósfera de impotencia y parálisis. (…). No existen prescripciones respecto a cómo actuar en la trampa del riesgo, pero existen reacciones culturales sumamente antitéticas (dentro y fuera de Europa)”.

124En la respuesta a estas y otras preguntas acuciantes Beck afirma que: “Exploro las formas en las que la virtualidad, el “devenir reales” de peligros, riesgos e incertidumbres fabricadas a gran escala desencadenan una dinámica de cambio cultural y político que socava las burocracias estatales, desafía el predominio de la ciencia y rectifica las fronteras y líneas de enfrentamiento de la política contemporánea”. De esta forma, los peligros, entendidos como socialmente construidos y “casi sujetos” producidos, son un “actor” poderoso e incontrolable que deslegitima y desestabiliza las instituciones estatales con responsabilidades en materia de control de la contaminación en particular y de seguridad pública en general.

125Los propios peligros desbaratan los intentos de control de las elites institucionales y de los expertos. Las “burocracias de evaluación de riesgos” disponen, está claro, de rutinas de negociación bastante gastadas. Utilizando la brecha entre el impacto y el conocimiento, los datos se pueden esconder, negar y distorsionarse. Se pueden movilizar contrargumentos. Se pueden elevar los niveles máximos permisibles de aceptación. Se puede presentar como villano al error humano en lugar del riesgo sistemático. Con todo, en estas batallas las victorias son transitorias y la derrota es probable, o al menos posible, porque se libran con protestas decimonónicas de seguridad en una sociedad del riesgo global en la que estas promesas están vacías y han perdido su capacidad de convicción. La naturaleza de los peligros, que ya no es un tema vedado de científicos y expertos, es demostrada en todas partes y para todos los que deseen y tengan interés en verlo.

126(...) La sociedad del riesgo global y sus contradicciones políticas y culturales no se pueden explicar ni entender en términos de la gestión premoderna de los peligros y amenazas. Ello no supone negar, naturalmente, que tanto políticos como expertos técnicos y legales puedan aprender de los sumos sacerdotes de épocas anteriores cómo gestionar los demonios de peligros socialmente explosivos.

A manera de epílogo

127 Para terminar, de la misma manera que el delito en tanto respuesta pragmática a la exclusión se puede describir como una deriva –drif– de historias de vida, donde el saldo efectivo se constata en el sufrimiento de las víctimas del delito, en el caso de las políticas de seguridad ciudadana, en lo concreto expresadas en las políticas criminales del Estado, también éstas aparecen como el resultado de una deriva de intereses y representaciones o imaginarios colectivos –constructos–, que en nuestra historia reciente se configuran en la nueva ley de drogas y en la incapacidad de la reforma procesal penal de hacerse cargo del pequeño delito o delito bagatela.

La ley 20.000 de drogas

128La nueva ley de drogas, promulgada por el Presidente de la República como ley 20.000, castiga el consumo de las mismas y a los funcionarios públicos por usarlas privadamente, así como instaura la inseguridad jurídica en los negocios al sancionar la conducta culposa como un delito doloso por la provisión de insumos y equipos químicos al igual que por recibir dineros ilícitos a quienes “no llevan la marca en la frente” de narcotraficantes.

129Los países de la Unión Europea han asumido como política pública la reducción del daño para gestionar sanitaria y humanitariamente el problema del consumo de drogas, lo que se complementa con una política criminal que emplea el principio de oportunidad de la acción penal para tratar el consumo y el pequeño tráfico. De esta manera se evita que el sistema penal –policía, tribunales y cárceles– se sature de procesos que vinculen a consumidores y pequeños proveedores –sobre todo de ellas– para llevarlos a la cárcel por cometer pequeños delitos que no tiene víctima alguna, distrayendo los esfuerzos y los recursos de las autoridades competentes para que puedan hacerse cargo plenamente de los delitos más graves para la sociedad, entre otros los de narcotráfico. Como sabemos, en las cárceles sólo hay microtraficantes.

130Mientras que los países “civilizados” han optado por la reducción del daño y la oportunidad de la acción penal para tratar el asunto de las drogas, y en nuestro vecindario regional Argentina, Brasil y Uruguay han optado por esas buenas prácticas como se ha hecho recientemente en Inglaterra y Canadá. En cambio nosotros en Chile nos proponemos castigar el porte de drogas, con penas entre año y medio y cinco años de prisión, sin que se tenga que probar que efectivamente se ha intentado o realizado el acto de transferir a un tercero la sustancia –artículo 4–; basta tener una pequeña cantidad en el bolsillo, el auto o el velador, para ser acusado y castigado como microtraficante. Esta norma ha sido elaborada con una jocosa técnica penal que hace del delito de porte de drogas una falta si la pequeña cantidad es consumida en público. Entonces sólo se castiga con sanciones no privativas de libertad –artículo 50–. El 6% de la población entre 12 y 64 años, el 16% de los menores de 24 años y el 40% de los estudiantes universitarios según el CONACE usan drogas en la actualidad. Todos ellos están en riesgo de tener que demostrar en un proceso penal que son usuarios eventuales y no microtraficantes.

131Los funcionarios públicos, desde los ministros, pasando por los altos funcionarios, los intendentes y gobernadores, los alcaldes y concejales, los jueces y fiscales, llegando a secretarias y porteros, deberán someterse a constantes exámenes de control de drogas. Los que hagan uso privado de drogas deberán someterse a tratamiento o serán sancionados con la pérdida de sus cargos –artículos 68 a 75–. El control de drogas al Presidente de la República y los parlamentarios no está incluido en esta ley. En todo caso la ley 20.000 no establece criterios para discernir entre quienes usan privadamente drogas y no tienen problemas a causa de ello, que son la amplia mayoría de quienes las usan, y quienes son dependientes de las mismas, que son un grupo muy pequeño: según el CONACE sólo el 1% de la población entre 12 y 64 años. Suponer que todos los usuarios de drogas son adictos equivale a aceptar que todos los que consumen alcohol son alcohólicos. Es decir, no se sabe si quienes usan drogas por el sólo hecho de hacerlo deberán someterse a tratamiento o serán cesados en sus funciones, o si sólo se aplica esta norma a quienes tienen una inequívoca dependencia de las mismas que esté clínicamente comprobada. Extraño es el criterio de la Corte Constitucional que se presta a defender la privacidad de los tenedores de cuentas bancarias, pero no la privacidad de los funcionarios públicos para usar drogas, pese a que el consumo privado de las mismas no está expresamente prohibido en el territorio nacional por la ley. La inseguridad jurídica para la industria y el comercio se instaura en las normas generales de esta ley de drogas –para la banca y el sector financiero los controles están establecidos en la ley sobre lavado de dinero–, ya que la posesión de insumos, implementos o equipos químicos que son de uso común en la industria química, pero que pudieran emplearse en la producción de drogas, es delito castigado con penas de 5 a 20 años de prisión –artículo 1 inciso 2–. Como en el caso de la posesión de pequeñas cantidades, no es necesario probar que se estaba produciendo drogas, basta con la posesión no justificada por una producción química lícita. Además, de uno y medio a 10 años de prisión arriesgan los vendedores de insumos, implementos y equipos químicos si no se verifica –¿y denuncia?– que el adquirente de los mismos no los utiliza exclusivamente con fines lícitos – artículo 2 inciso 1. Bien comenta esta ley el profesor de filosofía de derecho, Agustín Squella, al decir que: “Algunos legisladores se dedican a proponer lo único que suele ocurrírseles respecto de la delincuencia: más tipos penales, mayores penas y más personas tras las rejas”. En esta caso no fueron algunos sino que la gran mayoría de los legisladores.

La reforma procesal penal y el tratamiento del pequeño delito

  • 41  La información del INE y la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior señala que (...)
  • 42  Paz Ciudadana, 2002.

132Tradicionalmente el pequeño delito o delito bagatela ha sido la principal experiencia y causa de la inseguridad ciudadana. Del 45% de las familias que se vieron afectadas por algún hecho delictual en el último año, el 13% han sido víctimas de robo en sus automóviles41, el 8% de robo con fuerza, 7% de hurto y el 5% de robo con sorpresa. No obstante, la poca gravedad atribuida a esos delitos queda señalada por la frecuencia de penas menores de 3 años con que fueron sancionados los inculpados, así el 97% de los condenados por hurto y el 56% de los casos por robo lo fueron con penas menores a tres años42.

133Ahora, con la aplicación de la reforma procesal penal la percepción de impunidad y la sensación de inseguridad se está viendo acrecentada, ya que esta nueva modalidad para procesar a la delincuencia al poner en obra su garantismo no interviene ante el pequeño delito o delito bagatela, para así hacerse cargo de los hechos que lesionan los bienes jurídicos más importantes para la sociedad. La aplicación del principio de oportunidad de la acción penal le permite al ministerio público no llevar a proceso a quienes ameritan una pena temporal inferior a 3 años atendido al tipo y circunstancias de la infracción cometida. Si bien los pequeños delitos no son graves para el conjunto de la sociedad, estos tienen un fuerte impacto en las víctimas individuales y sus entornos inmediatos como la familia, el vecindario, los compañeros de trabajo o estudio, etc.

134La no-sanción para el pequeño delito termina por generalizar una sensación de impunidad entre la población, lo cual es empleado publicitariamente por los medios de comunicación [mayores ventas o audiencias] y usado políticamente por la oposición para deslegitimar la gestión del gobierno. Esta ha sido la sabiduría desarrollada por el ex jefe de la policía Bratton y el ex alcalde Guliani de la ciudad de Nueva York.

135La aplicación de la actual reforma procesal penal no ha previsto un sistema alternativo al penal que se haga cargo del pequeño delito, de sus actores: víctimas y autores. No se trata de retroceder a la intervención penal para todos y cada uno de los hechos delictivos menores, lo cual congestiona de tal manera al sistema penal que termina por generalizar la impunidad tanto para los delitos menores como para los crímenes graves.

136Tampoco se trata de establecer un sistema penal especial para el pequeño delito, lo cual implicaría repartir la congestión policial, judicial y penitenciaria entre dos sistemas paralelos. De lo que se trata es de instituir un sistema que se haga cargo de los actores del pequeño delito, tanto de los delincuentes como de las víctimas, no simplemente con medidas alternativas a las penas tradicionales para aquellos y con medidas de protección para éstos.

137El sistema a instituir para el tratamiento del pequeño delito debe ofrecer reparaciones efectivas para las víctimas, con cargo a los autores o en su defecto con cargo a la sociedad y sus instituciones públicas, es decir, mediante un sistema popular de seguro contra robo de bienes de consumo durables y herramientas. Asimismo este sistema debe ofrecer y proveer alternativas creíbles y viables para que los delincuentes puedan hacer un empleo lícito de sus habilidades y recursos, de tal manera que su existencia no dependa del empleo ilícito de sus potencialidades. Téngase presente que las conductas delictuales menores son indicadores tanto de un inicio en la deriva delictual como de un bajo compromiso con ese modo de vida delictuoso.

  • 43  Se trata tanto prevención social propiamente tal ,como de acciones de disuasión, contención y cont (...)
  • 44  No se trata de medidas penales alternativas a la privación de libertad como la libertad vigilada, (...)

138Lo anterior hace necesario implementar a la brevedad posible un sistema que tome a su cargo a los pequeños delincuentes para realizar con ellos acciones alternativas tanto a la sanción penal como a la continuidad de una deriva delictual por parte de esos infractores. Se trata de institucionalizar un sistema de prevención social del pequeño delito43 que sea distinto y alternativo al sistema penal44.

139Para establecer e instituir un sistema que se haga cargo de los pequeños infractores de la ley es necesario desarrollar tres campos de acción para la prevención social del delito: la prevención primaria con la población en riesgo de delinquir, la prevención secundaria con la población que delinque eventual o crónicamente y no está institucionalizada en el sistema penal y la prevención terciaria con la población que ha delinquido y está institucionalizada en el sistema penal. Los pequeños delincuentes que, habiendo sido llevados ante la justicia se han beneficiado de la oportunidad de la acción penal, deben ser sujetos preferentes de la prevención social del delito.

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Notas

1  De Rementería, I.: Delincuencia y Drogas en Chile, Revista Mensaje # 250, julio 2003, Santiago de Chile.

2  Peretti-Watel, P.: La Société du Risque. La decouverte, Paris, 2001.
Coubert, J.: La Era del Riesgo. Documentos de debate: Seguridad Sostenible # 1. Barcelona, 2002.

3  Villasante, T.R., Montañez, M. y Martí, J.:La Investigación Social Participativa. Construyendo Ciudadanía.El Viejo Topo, España, 2002, p. 19.

4  Op.cit. p. 20.

5  Op.cit. p. 20.

6  Op.cit. p.21.

7  López Regonesi, E.: Reflexiones acerca de la Seguridad Ciudadana en Chile. CEPAL, Serie Políticas Sociales # 44, noviembre 2000.
Oviedo, e y Rodríguez, A. Santiago, una ciudad con temor. Revista Panamericana de la Salud. Número especial sobre la violencia, vol. 5, # 4/5, Washington

8  Hemos utilizado la información de la Fundación Paz Ciudadana en razón de abarcar un período temporal relativamente extenso que permite observar y darle significado a los datos cuantitativos sobre el delito en Chile.

9  En otro trabajo ejecutado a esa fecha mostraba como la delincuencia en Chile estaba disminuyendo, excepto en el caso de drogas, ver Rementería, I. de: Las Estadísticas Criminales por los Delitos de Drogas en Chile”, en Gaceta Jurídica, # 212, Santiago de Chile, febrero 1998.

10  En realidad es sólo el 13% ya que sólo el 43% de los habitantes tiene automóvil.

11  Universidad de Academia de Humanismo Cristiano –Escuela de Sociología–: Encuesta Nacional de Opinión. Las chilenas y los chilenos frente a la modernización: seguridad ciudadana, relaciones de género y relaciones étnicas. Santiago de Chile, 2004.

12  Esta Fundación inicia sus actividades en 1993 publicando su primer Anuario de Estadísticas Criminales, las encuestas de victimización y temor de Paz Ciudadana y Adimark se iniciaron el año 1998.

13  Según Paz Ciudadana entre 1996 y 2002 la opinión sobre si la delincuencia es mayor que antes, más violenta y si aumentara en el futuro ha disminuidopese a todo, ver más arriba en cuadro # 3.

14  Mc Bride, D. & McCoy: “The Drugs-Crime Relationship: An Analytical Framework”, en Gaines, L. & Kraska, P.: Drug, Crime and Justice. Waveland Press, Inc., Illinois, 1997.

15  CONACE: Cuarto Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Chile, 2000.

16  Barros, L.: Planificacion de la Actividad Delictual en casos de Robo con Violencia o Intimidación. SECS, Universidad de Chile, Santiago, marzo 2003.
Barros, L.: Los Sentidos de la Violencia en casos de Robo con Violencia o Intimidación. SECS, Universidad de Chile, Santiago, octubre 2003.
Golberg, L. y Kessler, G.: El Crecimiento de la Violencia Urbana en la Argentina de los 90 (borrador) BB.AA. 2001.

17  Inciardi, J.: The War on Drugs. Mayfiel Publishing Co. Palo Alto, 1985.

18  Paz Ciudadana: Anuario de Estadisticas Criminales, 2000, Santiago de Chile.

19  En Chile tenemos la 7ª peor distribución del ingreso del planeta, el quintil más rico tiene ingresos 20 veces superiores al quintil más pobre.

20  Luego de la matanza de Columbine en USA, las autoridades culparon a Hollywood, pero algunos expertos dijeron que era los bombardeos en Yugoslavia contra los civiles lo que banalizaba el uso de la violencia.

21  Estas estadísticas son de Paz Ciudadana 2003.

22  CONACE: Cuarto Estudio Nacional de Consumo de Drogas en Chile,2000.

23  Paz Ciudadana: Anuario de Estadisticas Criminales 1998 y 2002, Santiago de Chile.

24  Foucault, Michel: Genealogía del Racismo. Ed. La Piqueta, Madrid, 1992.

25  Gilder, George: Welth and Poverty, N.Y. Basic Book, 1981.

26  Kelling, George & Wilson, James: Broken Windows, The Police and Neighborhood Safety, Atlantic Monthly, march 1982, pp.29-38.

27  Murray, Charles: Losing Ground: American Social Policy, 1950-1980.

28  Murray, Charles & Herrnstein, Richard: The Bell Curve, Intelligence and Class Structure in American Life. N.Y.,The Free Press, 1994.

29  La Nación, 17 enero 2000, BB.AA.

30  Crawford, Adam: Crime Prevention and Community Safety: Politics, Policies and Prectices, Londres, Longman, 1998, pag. 155. Citado por Wacquant, Loïc: Las Cárceles de la Miseria, Manantial, Buenos Aires, 2000.

31  Wacquant, L.: Las Cárceles de la Miseria, Manantial, Buenos Aires, 2000,p.21.

32  Wacquant, L.: op.cit.,p.22-23.

33  ibid. p.23-24

34  ibid. p.24.

35  ibid. p.32

36  ibid. p.37

37  Galeano,E.: La Industria del Miedo, 1999.

38  Beck, U. La sociedad del riesgo. Barcelona: Ediciones Paidós, 1998.

39  Beck, U. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 2002.

40  Subrrayado nuestro.

41  La información del INE y la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior señala que el 33,2% del 38,2% las familias que tienen automóviles han padecido un robo o hurto desde ellos, eso hace el 12,7% de todas las familias.

42  Paz Ciudadana, 2002.

43  Se trata tanto prevención social propiamente tal ,como de acciones de disuasión, contención y control del pequeño delito.

44  No se trata de medidas penales alternativas a la privación de libertad como la libertad vigilada, la reclusión nocturna, etc.

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Índice de ilustraciones

Título Cuadro # 1Denuncias, aprehensiones y condenados por roboCasos por 100.000 habitantes, años 1985-2001
Leyenda Fuentes: Fundación Paz Ciudadana: Anuario de Estadísticas Criminales, Santiago de Chile, 1996 - 2002.
URL http://polis.revues.org/docannexe/image/5759/img-1.jpg
Ficheros image/jpeg, 64k
Leyenda Fuente: Vargas, G.: Delincuencia en Chile: problemas y desafíos. Fundación Paz Ciudadana, junio 2003, Santiago de Chile.
URL http://polis.revues.org/docannexe/image/5759/img-2.jpg
Ficheros image/jpeg, 116k
Título Cuadro # 3. Percepción del delito. Resultados comparativos de encuestas: cantidad, tipo y futuro de la delincuencia Años 1996-2003, en tantos por ciento
Leyenda Fuente: Fundación Paz Ciudadana, Delincuencia y Opinión Pública, enero 2003 y agosto 2003, Santiago de Chile.
URL http://polis.revues.org/docannexe/image/5759/img-3.jpg
Ficheros image/jpeg, 36k
Título Cuadro # 4
Leyenda Denuncias por robo. Casos por 100.000, años 1993-2001. Fuente: Fundación Paz Ciudadana: Anuario de Estadísticas Criminales, Santiago de Chile, 2002.
URL http://polis.revues.org/docannexe/image/5759/img-4.jpg
Ficheros image/jpeg, 36k
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Para citar este artículo

Referencia electrónica

Ibán de Rementería, « El estado de la seguridad ciudadana en Chile », Polis [En línea], 11 | 2005, Publicado el 15 agosto 2005, consultado el 24 noviembre 2014. URL : http://polis.revues.org/5759

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Autor

Ibán de Rementería

Miembro de la Corporación Ciudadanía y Justicia y Vicepresidente de la Red Chilena de Reducción del Daño.

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Derechos de autor

© Polis

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