Casi nadie puede desconocer actualmente el fuerte impacto que tiene la pandemia sobre aquellos sectores más vulnerables de la población. Confinamiento de la población, disminución del consumo, cierre de miles de pequeñas empresas, locales de esparcimiento, restaurant, peluquerías y salones de belleza, gimnasios, comercio local y un largo etcétera. Ello ha tenido consecuencias directas sobre las actividades de servicios, emprendimiento familiar y el empleo.
En una influyente compilación de inicios del nuevo siglo, Dagnino, Olvera y Panfichi (2006), afirmaron que gran parte de la lucha política en curso en América Latina giraba en torno a modelos alternativos de democracia, en lo que llamaron “la disputa por la cuestión de- mocrática”. Veinte años después, es posible decir que el panorama es más complejo dada la intensificación del conflicto sociopolítico en la región y sus impactos en los patrones de relación entre el Estado y la sociedad civil (Tatagiba, 2018).
El aumento de los conflictos sociales en Latinoamérica y el Caribe en los últimos años, expresados en diversas movilizaciones y acciones colectivas, nos hablan de la persistencia de desigualdades socioeconómicas y de reconocimiento efectivo en diversos países de la región. Las revueltas se enmarcan en: la creciente mercantilización de las relaciones sociales (Garretón, 2012); la debilidad estatal e institucional en la provisión de seguridad social; así como la privatización de los derechos y la persistencia de la desigualdad en distintos ámbitos de la vida cotidiana de la población.
En marzo del 2020 hicimos un llamado para recibir contribuciones que documentasen y analizasen las estructuras de exclusión creadas, reproducidas y preservadas por la educación superior en América Latina. El objetivo era contribuir a una discusión sobre las posibilidades de re imaginar y diversificar la educación superior en cuanto a docencia, investigación, colegialidad, jerarquización y remuneración. Escribimos esto pensando en cómo los levantamientos feministas y sus revelaciones han desencadenado una serie de cuestionamientos y profundas críticas a los múltiples modos en que las universidades latinoamericanas no están cumpliendo con sus promesas, y con sospechas de que los efectos de la pandemia del COVID-19, que en ese momento recién comenzaban a verse en la región, podrían exacerbar las brechas de exclusión. Los manuscritos que recibimos, escritos en contextos de extrema adversidad, muchas desde la primera línea del desborde y sobrecarga académica, excedieron nuestras expectativas. Estos, contienen importantes y originales aportes teóricos, personales y metodológicos, que revelan los múltiples clivajes y proveen un conjunto de distintas narrativas y que revelan que lamentablemente la pandemia fue catalizador para el crecimiento de estas brechas.
Los últimos treinta años han sido pródigos en materia de nuevas constituciones en muchos países de América Latina: Brasil en 1988, Colombia en 1991, Argentina en 1994, Venezuela en 1999, Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009. Todas ellas se promulgaron con el fin de promover transformaciones importantes en sus países y sociedades. Mucho más recientemente en Chile se canalizó gran parte de la enorme, diversa e intensa movilización social de fines del 2019 hacia un plebiscito en el cual porcentajes cercanos al 80% de los votantes decidieron que se requiere una nueva constitución que reemplace a la dictatorial de 1980 y que esta debe ser. elaborada por una Convención Constituyente completamente electa a tal fin. En las constituciones políticas convergen las esperanzas de transformación. Y complementariamente, en el caso de Chile, se considera que el “cerrojo constitucional” es justamente lo que impide el cambio.
El presente número es una colección de escritos y casos sobre procesos de comunalización económica existentes en nuestros territorios. En su conjunto dan cuenta del reconocimiento empírico –y también del deseo- que no todas las esferas de la vida económica están completamente subsumidas a las relaciones y lógicas del capital. Esta reflexión se entronca en una amplia tradición heterodoxa en el pensamiento “sustantivista”, también llamado “anti-utilitarista” y más recientemente “performativa”, que han problematizado el objeto de “la economía” como ciencia y el “mercado autorregulado” como práctica, en tanto “inventan” un discurso naturalizado a la vez que un horizonte normativo por el cual se organiza la realidad.
Las pugnas de las comunidades locales por ampliar sus capacidades para definir con mayor autonomía la orientación de su desarrollo y las formas de gobierno de sus territorios tiene una larga historia en América Latina. Y ellas reciben de tiempo en tiempo un estímulo que proviene, ya sea de las crisis políticas del Estado centralista o del modelo excluyente de desarrollo o de los desequilibrios medioambientales. Hoy el desarrollo económico y social vuelve a estar en el centro del debate porque la pandemia del COVID-19 ha develado la fragilidad de los procesos que han caracterizado al crecimiento económico y su impacto en el bienestar de la población en la mayor parte de los países de América Latina.
En las sociedades capitalistas contemporáneas, el cuerpo/los cuerpos, son el eje de una contradicción inherente a su reproducción y a su destrucción. Por un lado, los procesos de estructuración social a escala planetaria involucran un esfuerzo permanente y sistemático por reafirmar las disposiciones de gobierno, control y disciplinamiento que exige la reproducción del capitalismo. Por otro lado, se libran cotidianamente miles de batallas, escaramuzas, luchas y disputas que rompen, resquebrajan y niegan al sistema aludido su valor de verdad. El cuerpo y los cuerpos son espacios de dominación y docilidad, pero también de conflicto y de resistencia.
La crisis ambiental y ecológica que amenaza la existencia de la vida en el planeta es un fenómeno indesmentible, tal como se puede constatar en diversos estudios y trabajos realizados por organismos internacionales, agencias multilaterales, universidades, centros de investigación, consultoras, etc. En efecto, la evidencia acumulada en las últimas décadas demuestra de forma fehaciente que existe un agotamiento del modelo productivista y predatorio que pone en riesgo, cada vez con mayor intensidad, las bases materiales de la vida sobre la Tierra. El siglo XXI continúa acumulando desastres y catástrofes ambientales generadas por la acción humana, específicamente de las grandes empresas emisoras de CO2.
En el último decenio, en Latinoamérica hemos asistido a importantes cambios en materia indígena. Algunos de ellos han sido promovidos por la legislación internacional y, otros, por las propias prácticas y movilizaciones de comunidades y organizaciones indígenas. Sobre todo a partir de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y la Declaración sobre pueblos indígenas de Naciones Unidas, han habido modificaciones en los marcos normativos, las instituciones y en las políticas públicas. Estas han incluido desde distintas formas de reconocimiento constitucional, la aplicación de la consulta previa y, la instalación de legislaciones y políticas sectoriales.